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Artículos
Aborto clandestino,
una forma de inequidad y exclusión.
Por Delicia Ferrando
El deseo de las mujeres y parejas de tener cada vez menos hijos se traduce
en una disminución paulatina y sostenida de la fecundidad en toda América
Latina como lo revela el hecho que en la segunda mitad del siglo XX el
promedio de hijos por mujer se redujo a menos de la mitad (de 6.0 en 1950
a 2.7 en el 2000 [1] ).
Esa es la tendencia general en todos los países de la región aun cuando
el ritmo y la velocidad del cambio son diferentes entre países.
En la materialización del deseo de una familia pequeña el uso de métodos
anticonceptivos juega un rol principal. Como se sabe, esta práctica comenzó
en las ciudades grandes y entre las parejas y mujeres más pudientes. Más
tarde y en forma progresiva se ha expandido a otros sectores de la población
aunque todavía se está muy lejos de llegar a satisfacer toda la demanda.
En efecto, hay diferencias notables en la práctica anticonceptiva por
sub grupos de la población debido a barreras individuales, familiares
y sociales, entre las cuales la principal y de mayor peso es el desigual
acceso a fuentes de información y suministro que es escaso en las zonas
periféricas y pobres de las áreas urbanas así como en las áreas rurales
Como resultado, miles de mujeres se embarazan sin desearlo y muchas de
ellas optan por interrumpir voluntariamente el embarazo.
También la forma en que las mujeres terminan un embarazo no deseado es
diferente, lo cual pone de manifiesto una forma de inequidad y exclusión
en el acceso a servicios para el cuidado de la salud. Dos variables clave
ilustran la situación: a) El nivel socioeconómico (clasificando gruesamente
a las mujeres en pobres y no pobres) que representa la capacidad de pagar
con dinero atención profesional especializada; y b) la residencia urbana
o rural de la mujer que implica la disponibilidad geográfica de establecimientos
de salud de diferente capacidad resolutiva; así como de profesionales
de salud.
En general, se puede afirmar que como en América Latina el aborto es ilegal,
excepto en Cuba y Puerto Rico, sólo las mujeres con mayores recursos económicos,
educativos y de información tienen un aborto practicado en condiciones
seguras, mientras que la inmensa mayoría va a personal menos calificado,
a personas empíricas o se manipulan ellas mismas poniendo en peligro su
salud y su vida.
Un estudio publicado por Alan Guttmacher Institute [2] (AGI) examina la experiencia del aborto provocado en seis países
de América Latina revelando que su magnitud, unos cuatro millones por
año en la región, es mucho mayor que el que reconocen las estadísticas
oficiales (que no llegan a 500 mil).
La mayoría de abortos inducidos tiene como protagonista a mujeres urbanas
de escasos recursos porque las mujeres rurales lo practican menos y las
mujeres urbanas con recursos tienen más fácil acceso a métodos anticonceptivos
temporales o definitivos que les permiten prevenir un embarazo no deseado
disminuyendo en ellas la necesidad de recurrir a interrumpirla voluntariamente.
En otras palabras, estos dos grupos de mujeres tienen menos probabilidad
de provocarse un aborto inducido. Las mujeres pudientes porque lo necesitan
menos y las mujeres rurales porque entre sus patrones reproductivos no
tienen mucho espacio para la práctica del aborto. Los proveedores de servicios
de salud e investigadores que conocen el tema opinan que ellas no se hacen
abortos: “Aceptan su realidad y aunque el hijo sea del hermano de su
marido, de su propio padre, de su propio hermano o de su padrastro, lo
tienen nomás”; “son muy estoicas (las mujeres rurales), están preparadas
para sufrir y se llenan de hijos”
[3].
La desigualdad en la disponibilidad de medios económicos y en el acceso
geográfico a proveedores de servicios y establecimientos de salud marca
la diferencia en la práctica del aborto inducido. De acuerdo a datos
recopilados por investigadores de América Latina y que fueron la base
para la publicación del Instituto AGI, entre las mujeres pobres en áreas
urbanas y rurales, personas no calificadas, incluyendo a las propias mujeres,
realizan más de la mitad del total de abortos inducidos (algo más de
la mitad en Brasil, Perú y Chile y un poco menos en Colombia, México y
República Dominicana). En contraste, más de tres cuartas partes de mujeres
con recursos económicos; es decir no pobres en las áreas urbanas (y más
de la mitad de las no pobres rurales en Brasil México, Chile y Colombia),
son atendidas por médicos. La excepción se da en el Perú donde las mujeres
rurales no pobres tienen más posibilidad de ir a un proveedor no capacitado
que a un médico, básicamente por la dificultad de acceso a información
y servicios de salud, así como a profesionales de la salud.
Debido a que los proveedores que atienden a los diferentes grupos de mujeres
tienen distintos niveles de calificación y algunos no tienen capacitación
ninguna, el costo del procedimiento difiere entre mujeres urbanas y rurales
y entre pobres y no pobres. Se afirma que lo que se paga está en directa
relación con la seguridad médica del procedimiento. Mientras menor el
costo tanto más la inseguridad a la cual las mujeres están expuestas.
Las mujeres pudientes pueden pagar cifras exorbitantes que puede superar
los mil dólares; mientras que las mujeres pobres invierten un máximo de
50 dólares (cuando van a un profesional), tres dólares si compran yerbas
y entre 20 y 30 dólares si acuden a un empírico.
En realidad, cuando se habla del aborto médico, entre las mujeres pudientes
hay básicamente dos procedimientos modernos básicos y seguros que se emplean
para interrumpir un embarazo: La aspiración manual endouterina (AMEU)
y la dilatación quirúrgica y curetaje (D&C). Ambas deben realizarse
en consultorios médicos o en clínicas convenientemente equipadas. En cambio,
las mujeres pobres utilizan una extensa variedad de métodos, formas y
procedimientos. Sólo una pequeña proporción tiene acceso a técnicas seguras
siendo más frecuente que usen métodos populares o que acudan a personal
empírico o se manipulen ellas mismas. Entre los métodos que usan las mujeres
pobres de la ciudad y el campo figuran la introducción vaginal de sondas
o catéteres con soluciones (caústicas, agua salada, con detergentes, lejía,
alcohol o cualquier infusión de hierbas) o sin soluciones y de objetos
sólidos diversos (como palitos de tejer, tallos, pequeñas ramas de plantas
que se piensa tienen propiedades abortivas).
Según los datos básicos del estudio de AGI, las obstetrices y enfermeras
cobran menos que los médicos, pero no hay forma de saber si esto significa
menor seguridad en el procedimiento en comparación con la que ofrecen
los médicos. Como quiera que ellas hacen menos abortos, se podría pensar
que tienen menos experiencia, pero también existe el prejuicio que las
obstetrices tienen un nivel profesional inferior al de los médicos por
lo que sus honorarios deben ser menores. Sin embargo, en el Perú se encontró
que las mujeres de escasos recursos, e inclusive las de clase media prefieren
atenderse con una obstetriz por el mayor tiempo que les ofrecen y por
la calidad y calidez de la atención que les brindan
[4] .
En años recientes, las técnicas para provocar un aborto inducido han variado
de menos seguras y peligrosas a más eficientes. Se practica más la aspiración
por vacío, pero también se ha expandido a todos los sectores de la población
la práctica del aborto no médico mediante el uso vaginal u oral, o combinado
de prostaglandinas (medicamento desarrollado para curar la úlcera gástrica
pero que tiene como efecto secundario el producir contracción uterina).
De acuerdo a los expertos, este producto utilizado bajo un protocolo adecuado
tiene una tasa de éxito relativamente alta. En Brasil y Colombia ya se
usaba en 1990, pero en el Perú se difundió en 1998 [5] y ahora es común en todo el país. Puede ser autoadministrado
o aplicado por profesionales de la salud y por personas empíricas. La
gran mayoría de proveedores y mujeres, sin embargo, no conoce la dosis
exacta que eliminaría la necesidad de recurrir a la utilización de un
procedimiento para completar la evacuación de restos ovulares.
Las complicaciones dependen de quién realiza el procedimiento. En ese
sentido, la probabilidad se consideró mucho más elevada si la mujer se
provoca el aborto ella misma o acude a una persona empírica sin capacitación,
que si es atendida por un médico por una obstetriz o una enfermera. El
estudio de AGI muestra que entre un 50% y un 60% de las mujeres que se
inducen el aborto ellas mismas o con personas no calificadas sufrirán
alguna complicación, versus un riesgo de complicación estimado entre 20%
y 30% para las mujeres atendidas por obstetriz y uno muchísimo menor (7%
a 14%) para quienes son atendidas por médico.
El mismo estudio señala que según estimaciones del riesgo general de complicaciones
para los tres grupos de población, las mujeres pobres tienen más problemas.
Se cree que más de cinco de cada 10 mujeres rurales pobres y cerca de
cuatro de cada 10 mujeres urbanas pobres, comparadas con poco más de una
de cada 10 mujeres urbanas de altos ingresos tiene complicaciones por
un aborto inducido. Este mayor riesgo se debe a que reciben atención de
personas no calificadas, a que son tratadas con métodos menos eficaces
o a que se manipulan ellas mismas. La alta tasa de complicación entre
las mujeres pobres urbanas o rurales se traduce también en una mayor tasa
de mortalidad materna por aborto en estos grupos de mujeres mientras que
dichas muertes por causas prevenibles no se dan entre mujeres con recursos
económicos.
Para el tratamiento de complicaciones, por lo general las mujeres pobres
casi exclusivamente van a hospitales públicos (entre 93% y 100%), aún
cuando antes de llegar al hospital intentan resolver (exitosamente o no)
la complicación por otros medios. Es improbable que las mujeres pudientes
vayan a hospital público. Ellas van a médicos privados o a clínicas privadas.
La situación en las áreas rurales es difícil por la ausencia de establecimientos
y de profesionales de salud capacitados.
Conclusión
A pesar de ser ilegal, la práctica del aborto inducido es común en la
región no así las condiciones en las que se produce que difieren según
el nivel socioeconómico de la mujer y su lugar de residencia urbana o
rural. Los hechos muestran formas abiertas de inequidad en el acceso a
servicios de salud de calidad y a personal calificado para la terminación
de un embarazo no deseado. Para las mujeres pudientes de la ciudad, el
aborto es un evento que ocurre en la mayor privacidad con atención calificada
y en ausencia de dolor físico; mientras que para las mujeres pobres la
terminación voluntaria del embarazo está cargada de sufrimiento físico
y psicológico dado que es un proceso largo que involucra a más de una
persona e implica, por lo general, varios intentos que van desde el uso
de yerbas hasta terminar con un empírico o técnico en salud. Se sabe que
las mujeres pobres son víctimas de abusos por parte de personas inescrupulosas
que exigen favores sexuales a cambio de atención. Y todo ello en su afán
desesperado por poner término a un embarazo no deseado.
Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos
y son para todas las personas. Y esta situación de inequidad revela que
en este aspecto los derechos mencionados y suscritos por todos los países
de la región son letra muerta. Información y servicios en planificación
familiar son imprescindibles para evitar embarazos no deseados. Información
y atención adecuadas atendiendo al marco legal vigente en cada país debe
ser provista cuando la mujer se enfrente a un embarazo no deseado, siempre
respetando sus derechos sexuales y reproductivos, sus derechos humanos.
[1] CEPAL, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía.
Naciones Unidas (2001) América Latina: Fecundidad 1950-2050, Julio 2001.
[2] The Alan Guttmacher Institute, (1994), Aborto
Clandestino: Una realidad latinoamericana (Nueva York: The Alan Guttmacher
Institute)
[3] Ferrando, D. (2002) El aborto Clandestino en el
Perú. Hechos y cifras. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan y Pathfinder
International,
[5] Ferrando, D. (2004) El aborto Clandestino en el
Perú. Nuevas evidencias. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan y Pathfinder
International, (en prensa).
Sobre la autora
Delicia Ferrando es Antropóloga y demógrafa. Investigadora de temas
de población y salud reproductiva. Trabaja para Pathfinder International
y es docente universitaria.
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La
opinión pública sobre el aborto en Argentina.
Por Mónica Petracci
El presente trabajo intenta ser un resumen y muestra extractos del libro
de la investigadora argentina Mónica Petracci, titulado “Salud,
derecho y opinión pública”, en especial del Capítulo “La opinión
pública sobre el aborto” el mismo que contiene capítulos sobre: 1. La
opinión pública, 2. La salud sexual y reproductiva en América Latina
y el Caribe, 3. La salud y los derechos sexuales y reproductivos: El caso
argentino, con temas referentes a su investigación y análisis sobre la
opinión pública y el aborto. Señala la autora que la salud y los derechos
sexuales y reproductivos ingresaron al debate en América Latina fundamentalmente
en los años noventa. Mónica Petracci, ilustra esta problemática con el
caso argentino.
Los hallazgos de sus estudios sobre la opinión pública evidenciaron un
fuerte consenso sobre el respeto a esos derechos y la necesidad de políticas
que aseguren la igualdad de oportunidades en el acceso a la información
y los servicios de salud. Petracci trabaja sobre la opinión pública en
dos áreas controvertidas, el aborto y el vih/sida, en el contexto mayor
de las relaciones entre comunicación y salud.
Sobre el aborto, mediante resultados, explica las formas de expresarse
a favor y en contra, expresiones casi siempre coincidentes desde diversos
actores, y que al detalle contienen diferencias que son muy ilustrativas
tanto para tomadores de decisiones como para activistas a favor del aborto.
Veamos varios aspectos conceptuales que desarrolla la autora como parte
del marco para las investigaciones, hallazgos, interpretaciones y conclusiones
del trabajo que da título a este artículo.
La opinión pública
En el concepto de opinión pública confluyen varias cuestiones: una sólida
discusión teórica sobre su posición en el modelo de interpretación de
la sociedad que se adopte; otra sólida discusión sobre sus propiedades
estables o volátiles, basadas (o no) en un sistema de valores y creencias
compartidas; un intento constante por su definición, dada la gran cantidad
de definiciones existentes; el contraste entre los problemas por los cuales
surgió y su uso actual; la importancia alcanzada dentro de las ciencias
sociales y de otras disciplinas , y el interés político y social provocado
por sus datos. Sobre cada cuestión existe profusa bibliografía.
El desafío permanente de un/a investigador/a de la opinión pública es
encarar dos análisis: el del nivel colectivo y el de nivel individual.
La comprensión de este fenómeno social es inseparable de los escenarios
macrosociales, de los procesos culturales, políticos y sociales en los
que se forman los públicos alrededor de temas de interés común, de las
negociaciones entre los actores sociales involucrados, de los hechos cuyo
desencadenamiento instala un tema en la agenda pública y quizás un debate
y también, de la formación de opiniones sobre cuestiones públicas. Los
estudios de opinión pública analizan opiniones, actitudes, comportamientos,
valores, y representaciones sociales. Habitualmente todas estas dimensiones
integran una sola investigación, pero también las hay específicas.
Un estudio sobre comportamientos actuales de la población como el de las
prácticas sexuales frente a la epidemia del vih/sida, o el aborto, puede
fundamentar el diseño de una estrategia comunicacional o bien convertirse
en un insumo para formular e implementar políticas públicas basadas en
el conocimiento de las necesidades y las demandas de la sociedad en general
o de un sector. Refiere Petracci que conocer el estado de opinión pública
sobre una política, medida o acción de gobierno aporta a su legitimación.
La opinión pública sobre el aborto
El aborto es una decisión costosa y un tema socialmente controvertido
que puede ser analizado desde distintas facetas. Desde la perspectiva
de la legislación, un análisis comparado de las legislaciones sobre aborto
y su relación con la situación epidemiológica muestra ”que no existe una
relación lineal entre las legislaciones y la incidencia del aborto. Las
legislaciones influyen más bien en las condiciones en que los abortos
son practicados, y en el grado de riesgo. Las legislaciones restrictivas
tienen menos que ver con el número de abortos que con el de las muertes
maternas” (Pecheny, 1998 y 2001).
El silencio y el estigma que lo acompañan impiden que sus cifras se conozcan
con exactitud. Aunque parece haber jugado un papel fundamental en el temprano
descenso de la fecundidad en la Argentina y contribuido a que ésta se
mantuviera en niveles moderados o bajo, y aun cuando se reconoce que resulta
una práctica muy extendida, es muy poco lo que se conoce sobre su incidencia,
las condiciones en que tiene lugar y las consecuencias médico-sociales
que acarrea (Hablan y Ramos, 1989; Torrado, 1993). No obstante la falta
de datos confiables respecto de la magnitud del aborto inducido, algunos
especialistas han estimado que se producirían entre 335 mil y 400 mil
abortos por año (Checa y Rosemberg, 1996). En cuanto a la morbilidad por
aborto, la única aproximación para su estimación puede realizarse a través
de la información sobre egresos por complicaciones de aborto en establecimientos
públicos. En 1990, los egresos por esta causa fueron 53.822 en todo el
país; en 1995 esta cifra fue similar (53.978). En el año 2000, se registraron
78.894 egresos, lo cual significa un aumento del 46%. En la actualidad,
el 33% de los egresos hospitalarios por causas obstétricas -excluyendo
el parto normal- se debe a complicaciones de abortos. El notable aumento
de las hospitalizaciones por aborto en los últimos años da cuenta de la
alta incidencia del aborto inseguro y permite hipotetizar que, entre otras
cosas, la crisis económica ha llevado a mayor número de mujeres a interrumpir
el embarazo en condiciones riesgosas, tratándose en algunos casos de mujeres
de sectores de clase media que antes accedían a abortos seguros (Cedes,
2003).
Los sondeos de opinión que se analizan tuvieron como objetivo conocer
la opinión sobre el aborto a partir de una pregunta sobre la legislación
–que fue enfocada de diferentes maneras- y de una batería de preguntas
sobre la interrupción voluntaria de la gestación en diferentes circunstancias
hipotéticas [1] .
Hallazgos
En primer lugar presenta los resultados obtenidos en un estudio realizado
por el Concejo Nacional de la Mujer en 1994, durante la crítica discusión
social sobre el aborto que se dio en el país. Es el único estudio en el
cual el objetivo es preguntar por el grado de acuerdo con la legislación
del aborto, a diferencia de los restantes que consultaron por la despenalización.
En segundo lugar se reflexiona sobre los resultados de un estudio de opinión
realizado dos años después, en el marco de una investigación que buscó
comprender la formación de las opiniones públicas en diferentes escenarios
sociales e indagó tanto la opinión personal cuanto la evaluación del clima
de opinión. En tercer término se presenta el estado de la opinión de un
sector específico de la opinión pública y, a su vez, actor social privilegiado
en las cuestiones reproductivas: los/as ginecólogos, obstetras y tocoginecólogos.
Finalmente presenta un sondeo de opinión realizado en la ciudad de Buenos
Aires y el Gran Buenos Aires en los meses de julio y agosto del 2003 (ver
“Los sondeos de opinión más recientes: una respuesta a la embestida contra
la salud reproductiva en la justicia”).
Varias son las diferencias metodológicas de estos cuatro estudios. Con
respecto a la técnica de relevamiento, todos emplearon una encuesta, si
bien en tres casos la situación de entrevista fue cara a cara (1994, 1998,
2003) y en uno fue telefónica (1996). Con relación a las muestras, sólo
son probabilísticas las realizadas en 1994, 1996 y 2003. En el caso de
los profesionales de la salud, el número promedio de médicos/as de los
veinticinco hospitales que aceptaron participar en el estudio es 806 (número
que resulta de las cifras, no siempre coincidentes, suministradas por
el jefe/a del servicio en el primer contacto y la planilla completada
por el recolector/a en el trabajo de campo). Se contactó a 561 (total
efectivo de profesionales que se les entregó la encuesta incluyendo las
encuestas perdidas (85) y los rechazos, y respondieron 467. La tasa de
respuesta fue 83,23%. En cuanto a los/as entrevistados, dos estudios trabajan
con la población general (1996, 2003), uno con mujeres y otro con médicos/as
(1998).
La opinión de las mujeres, 1994
En el contexto del debate sobre el aborto de 1994, el Consejo de la Mujer
realizó una encuesta para conocer, entre otros temas, la opinión de las
mujeres residentes en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires,
sobre anticoncepción e interrupción voluntaria de la gestación. Los resultados
muestran que algo más de la mitad de la muestra (57%) consideró que la
legalización del aborto es correcta. Esta postura registró un crecimiento
significativo entre las mujeres con hijos/as (70%), las mujeres de nivel
educativo secundario (67%) y terciario /universitario (62%), las mujeres
de mayor nivel económico social (69%) y las mujeres que trabajan fuera
del hogar (68%). Por otro lado, una amplia mayoría (76%) dijo estar en
desacuerdo con el hecho de que una mujer que haya abortado deba ir presa
por ello.
Existe un amplio consenso en la aceptación del aborto como consecuencia
de un embarazo producido por una relación sexual en la cual hay violencia,
ya sea una violación o un embarazo resultante de un familiar cercano,
consanguíneo. (Podemos pensar que esta última situación puede ser un caso
específico de violación). Por otro lado, también existe consenso con relación
a la aceptación del aborto en situaciones en las cuales la descendencia
presentaría problemas de atraso mental o problemas físicos incurables.
También hay consenso cuando está en peligro la vida física y/o psíquica
de la madre. Existe un fuerte consenso en el rechazo al aborto cuando
media la decisión autónoma de una mujer en la búsqueda de una vida que
le resulta más cómoda, más segura, o más placentera. Las posturas en contra
del aborto crecen significativamente entre las mujeres de 30 a 39 años,
de menor nivel económico-social y de educación primaria, tendencia también
constatada en otras temáticas en las cuales las personas de menor nivel
educativo expresan opiniones, por así decirlo, más cercanas a la moral
tradicional.
Al tomar en cuenta los casos que no contestan o no saben que contestar,
el grado de acuerdo con las doce situaciones planteadas dio lugar a la
presencia de cuatro grupos de respuestas. Se denominan “posturas fuertes”
a las opiniones sobre las situaciones planteadas en las cuales la tasa
de respuestas es alta y siete o más de cada diez entrevistadas optó por
el acuerdo o el desacuerdo. En cambio se denominan “posturas indefinidas”
a las opiniones sobre las situaciones planteadas en las cuales una proporción
del 20% o más no supo que contestar o no respondió. La opinión de las
mujeres que consideran correcta la legalización del aborto (57% de la
muestra) mantiene, dentro de la tendencia general planteada, una diferencia
significativa a favor de los acuerdos. Resultados similares se encontraron
en otros estudios.
Otros resultados: Opinión personal y clima de opinión
Al ser consultados sobre su opinión personal, el 56% de los entrevistados/as
estuvo de acuerdo con la despenalización del aborto .Esta postura mayoritaria
fue enfatizada por los entrevistados/as de 40 a 59 años (62%). Como contrapartida,
4 de cada 10 se manifestaron en contra. El 3% no supo que responder y
el 1% opto por no contestar.
Al consultar por el clima opinión – la opinión acerca de lo que piensa
la mayoría con independencia de la opinión propia – aumentó la no respuesta:
el 14% no supo que responder y el 1% no contestó. Algo más de la mitad
de la muestra (52%) contestó que la mayoría de la población estaba en
desacuerdo con la despenalización del aborto. El 33% , especialmente las
mujeres (38%), evaluó, en consonancia con la postura mayoritaria, que
la mayoría acuerda con la despenalización. Esta evaluación “correcta”
del clima de opinión no resulta llamativa dada la experiencia directa
de las mujeres con el aborto, ya que si hay algo que sigue ocurriendo
a través de la historia es que las mujeres –con independencia de las
diferencias culturales, socioeconómicas, religiosas– buscan terminar sus
embarazos no deseados y que muchas de ellas aun tienen que padecer abortos
inseguros.
El 79% de los entrevistados que desacuerda con la despenalización del
aborto considera que la opinión pública también opina de esa manera. El
grupo que está de acuerdo con la despenalización percibe correctamente
el clima de opinión pero su postura es menos consolidada: 5 de cada 10
perciben correctamente el clima de opinión mientras que 5 de cada 10
desvalorizan su posición. Así como el primer grupo sobrevalora su postura,
en la posición menos consolidada del último puede estar operando una evaluación
del clima de opinión basada en un criterio normativo que, al desafiar
una norma vigente, fuertemente instalada en la sociedad y que puede llevar
implícita una sanción, subestima su propia fortaleza (Petracci y Szulik
,1999).
Resultados con periodistas
El análisis de los datos de la encuesta mencionada en la sección anterior
se complementó, para este escenario, con un abordaje basado en la aplicación
de entrevistas semiestructuradas a periodistas de distintas secciones
de los principales medios gráficos del país, dado que las notas sobre
aborto atraviesan varias secciones de los diarios, desde las que cubren
noticias sobre el Episcopado hasta las de opinión, política o salud. Además
se analizo un corpus constituido por los artículos periodísticos sobre
aborto publicados en el diario Clarín durante 1999 y 2000. Obviamente,
el análisis de un corpus y su recepción, la comparación entre los distintos
medios y la inclusión de la televisión hubiera resultado importante pero
excedía los recursos y tiempos de esa investigación.
Los profesionales de los medios gráficos entrevistados consideraron que
en la divergencia existente entre la opinión personal y la percepción
del clima de opinión respecto de la despenalización del aborto, la visión
sobrevalorada es identificada con la postura de los actores más conservadores-
autoridades y sectores eclesiásticos- quienes poseen mayor peso institucional
y monopolizan la atención de los medios. Ello produce un desplazamiento
de los grupos partidarios de la despenalización a los ámbitos mediáticos
en los que se privilegia a su compromiso ideológico. Según un entrevistado:
Hay una valoración negativa de la mujer que aborta. Esta instalado el
discurso de defensa de la vida, a diferencia de lo que ocurre en el debate
por la seguridad donde la vida no vale nada.
La opinión de los/as médicos, 1998
En 1998, se realizó un estudio destinado a conocer las opiniones sobre
anticoncepción, aborto y derechos de los médicos/as que se desempeñan
en los servicios de ginecología, obstetricia y tocoginecología de los
quince establecimientos asistenciales que administra y financia el Gobierno
de Ciudad de Buenos Aires y en catorce hospitales generales y materno
– infantiles de seis partidos seleccionados de la provincia de Buenos
Aires. Dados el carácter exploratorio – descriptivo del estudio y sus
objetivos específicos, se trabajó con un diseño basado en la complementación
de métodos. Se aplicaron tres técnicas de relevamiento: entrevista semiestructurada
a los jefes /as de los servicios (médicos/as de planta, médicos/as de
guardia y residentes) y grupos focales también con el personal permanente
de los establecimientos contactados (Ramos et al, 2001). El conocimiento
de las opiniones de los toco ginecólogos/as es relevante dado el papel
crucial que desempeñan en la atención y prevención de la salud reproductiva
y, por ende, por la posibilidad de promover los derechos sexuales y reproductivos.
Asimismo, la experiencia internacional muestra la importancia del rol
de los médicos/as en todo proceso de liberación de leyes y reglamentos
sobre el aborto (FIGO,OMS,1997).
El 65% de los/as profesionales opinó que el aborto era un problema muy
relevante para la salud pública y también una amplia mayoría priorizó
la puesta en marcha de acciones puntuales como, por ejemplo, la implementación
de programas de asesoramiento anticonceptivo postaborto (71%) o bien,
en otro orden, la promoción del debate público sobre este tema (48%).
Ocho de cada diez manifestó su acuerdo con la frase “la despenalización
del aborto contribuirá a reducir la mortalidad materna” (79%).
A través de la siguiente pregunta: para cada una de estas situaciones
¿se encuentra de acuerdo o en desacuerdo con la interrupción voluntaria
de la gestión? Se plantearon once situaciones. Los resultados fueron los
siguientes:
- Fuerte acuerdo con la interrupción del embarazo: si
una mujer idiota o demente quedó embarazada debido a una violación (82%);
si el feto tiene una malformación incompatible con la vida extrauterina
(81%); si la vida de una mujer corre peligro debido al embarazo o el
parto (80%); si una niña menor de 15 años; si una mujer quedó embarazada
debido a una violación (75%)
- Fuerte desacuerdo con la interrupción del embarazo:
si una mujer piensa que un hijo/a le ocasionará inconvenientes para
el desarrollo de su vida laboral/profesional(84%); si una mujer ha sido
abandonada por su pareja (80%); si una mujer carece de recursos económicos
(78%); si una mujer quedó embarazada porque falló el método anticonceptivo
(77%); si una mujer no desea ese hijo/a (66%); si la salud mental de
una mujer se ve afectada por el paro y/o la crianza del niño/a (58%).
Los resultados obtenidos mantienen una tendencia semejante
a la observada en las mujeres con respecto a los acuerdos y desacuerdos
sobre la práctica del aborto pero, en el caso de los médicos/as esas posturas
se polarizan debido a la menor ausencia de respuesta. Según Petracci,
incide en ello una cuestión metodológica. Mientras que las mujeres fueron
entrevistadas cara a cara, los médicos/as contestaron, con más tiempo,
un cuestionario autoadministrado.
La opinión pública en 2003
Tal como se señaló previamente, en el contexto de las presentaciones en
la justicia realizadas para impedir la implementación del Programa Nacional
de salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud, creado
a partir de la sanción de la Ley 673/02, y el intento de una jueza nacional
de la provincia de Córdova de prohibir la producción y venta de anticonceptivos
y dispositivos intrauterinos (DIU) en todo el país, tres organizaciones
de la sociedad civil consideraron la necesidad de realizar un estudio
de opinión pública sobre salud y derechos sexuales y reproductivos.
Los resultados fueron los siguientes:
- Fuerte acuerdo con la interrupción del embarazo: si
una mujer demente o discapacitada quedó embarazada debido a una violación
(88%); si el feto tiene una malformación incompatible con la vida extrauterina
(84%); si una menor de 15 años quedó embarazada debido a una
violación (82%); si una mujer quedó embarazada debido a una violación(81%)
si la vida de una mujer corre peligro debido al embarazo o al
parto (81%); si la salud de una mujer corre peligro debido al embarazo
o al parto (72%); si la salud mental de una mujer es afectada por el
parto y/o la crianza del niño/a (58%).
- Fuerte acuerdo con la interrupción del embarazo: si
la mujer quedó embarazada porque falló el método anticonceptivo (66%);
si la mujer no quiere tener ese hijo/a en ese momento de su vida (61%);
si la mujer y su familia carecen de recursos económicos para criar al
hijo/a (59%).
Entre los/as entrevistados/as que concurren al menos
una vez al mes a la iglesia – teniendo en cuenta que el 76% de la muestra
se manifestó católico- una gran mayoría estuvo de acuerdo con la interrupción
del embarazo en las siguientes situaciones: si una mujer demente o discapacitada
quedó embaraza debido a una violación (81%): si el feto tiene una malformación
incompatible con la vida intrauterina tiene una malformación incompatible
con la vida extrauterina (76%); si una menor de 15 años quedó embarazada
debido a una violación (75%); si una mujer quedó embarazada debido a una
violación (74%); si la vida de una mujer corre peligro debido al embarazo
o al parto (74%); si la salud de una mujer corre peligro debido al embarazo
o al parto(64%); si la salud mental de una mujer es afectada por el parto
y/o la crianza del niño/a (49%).
Sobre la discrepancia de las opiniones en cuanto a la práctica en sí y
a la normatividad legal que había sido señalada respecto de los/as profesionales
de la salud, un estudio realizado en Córdoba señala que: “Si bien la mayoría
de los individuos tiende a concebir la legislación en función de sus valores
morales, no siempre es así para todas las personas. Un sector numéricamente
significativo de la población adopta la posición aparentemente contradictoria
de rechazar al aborto moralmente y aceptar una despenalización amplia
de esta práctica por motivos – inferimos – diversos a la moralidad/inmoralidad
del acto” (Lista 1996:235)
Cierre
Dos de los estudios consultaron la opinión sobre la legislación. En un
caso la pregunta fue por la legalización (1994) mientras que en el segundo
fue por la despenalización (1996); Los hallazgos provenientes de los sondeos
evidencian que la opinión pública optó por las posiciones menos restrictivas
con relación al aborto y que esas opiniones se mantuvieron estables: También
se registró un disenso entre la opinión personal y la percepción del clima
de opinión: una mayoría simple de entrevistados/as opina a favor de la
despenalización pero percibe que la mayoría está en desacuerdo con esa
postura.
El acuerdo mayoritario con la despenalización no está acompañado por una
postura a favor de la interrupción del embarazo en cualquier tipo de situación.
Frente al planteo de un conjunto de circunstancias en las cuales una mujer
embarazada podría querer interrumpir el embarazo, el acuerdo es intenso
en las situaciones de violación y de riesgos par la salud física, y en
menor medida psíquica, de la mujer.
Por el contrario, el desacuerdo supera al acuerdo en todas aquellas situaciones
que podrían ser denominadas “motivos selectivos” ( si la mujer fue abandonada
por la pareja, si la mujer quedó embarazada por que falló el método anticonceptivo,
si la mujer carece de recursos económicos par la crianza del futuro hijo/a,
si la mujer no desea tener ese hijo/a. Resultados similares sobre la distinción
de motivos y circunstancias en los cuales se acuerda ( o no) con el aborto
fueron reportados por estudios realizados en otros países tanto entre
la población general como entre los profesionales de la salud .
Todo aquello indica la necesidad de realizar periódicamente mediciones
del estado de la opinión pública sobre este tema y, en ese sentido, es
el propósito de esta recopilación de datos convertirse en una fuente de
futuras comparaciones. Respecto de la investigación por encuestas, es
conveniente arribar a un acuerdo entre las/los investigadores acerca del
fraseo de las preguntas sobre despenalización del aborto e interrupción
voluntaria de la gestación, de manera que, al menos en ese aspecto, la
comparación de los resultados sea posible. También, para mejor preguntar
y, básicamente para mejor comprender la diferencia existente entre la
“opinión” y la “decisión individual” se torna imperioso realizar diseños
cualitativos (Petracci, 2002).
[1] La investigación hace
la siguiente pregunta: Para cada una de las siguientes circunstancias
quisiera que me diga si Ud. estaría de acuerdo o en desacuerdo con la
interrupción del embarazo, se plantearon las siguientes doce situaciones:
si la mujer quedó embarazada debido a una violación; si la mujer quedó
embarazada por un familiar cercano, consanguíneo; si el médico/a le informa
que el niño nacerá con un fuerte atraso mental o incapacidad física incurable;
si los médicos consideran que la salud mental de la mujer podría verse
afectada por el parto o el cuidado del niño/a; si el médico/a le informa
que el embarazo pone en peligro su vida; si a la mujer le parece que un
nuevo hijo/a le hará perder su empleo o arruinará su carrera profesional;
si la mujer quedó embarazada porque falló el método anticonceptivo usado
y no desea tener un hijo/a; si la mujer a sido embarazada por un hombre
que no quiere o con quien no desea casarse; si la mujer considera probable
que su pareja la abandone en un futuro próximo; si la mujer ya tiene hijos/as
pequeños y no quiere desatenderlos; si la mujer carece de recursos para
atender otros hijos/as que ya tiene; si la mujer es una menor de edad
que ha sido abandonado por su pareja.
Sobre la autora
Mónica Petracci; argentina, es socióloga, investigadora
de Instituto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales,
UBA) y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes). Profesora
de Ciencias de la Comunicación en la UBA y del post grado de
FLACSO
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Por
la vida: aborto legal y seguro.
Por Cecilia Olea
En 1990, durante el V Encuentro Feminista
de América Latina y el Caribe realizado en Argentina, se organizó un Taller
sobre aborto en el cual se acordó organizar la
Campaña 28 de Septiembre Día por la Despenalización del Aborto en América
Latina y el Caribe. Nos propusimos ser un espacio de alerta sobre las
consecuencias que el aborto clandestino e inseguro tiene en la vida de
las mujeres.
La campaña durante estos catorce años de existencia ha estado coordinada
por Católicas por el Derecho a Decidir, por el Grupo de Información en
Reproducción Elegida (GIRE – México), por el Centro de Información y
Desarrollo de la Mujer (CIDEM – Bolivia), por la Red Feminista de Salud
de Brasil y actualmente por el Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”
de Perú.
Lo que buscamos al organizarnos como campaña es crear espacios donde el
tema del aborto sea una prioridad de la reflexión y la acción organizada
a fin de colocar el tema del aborto clandestino e inseguro en el debate
público y político y formular propuestas para que el Estado atienda esta
situación. En ese camino documentamos la realidad del aborto en nuestros
países, dialogamos con otros actores sociales involucrados en la problemática
y establecemos alianzas estratégicas.
Hay puntos focales de la campaña en 19 países de la región: Paraguay,
Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador Colombia, Brasil, Panamá,
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, República
Dominicana, Haití y Puerto Rico. Integran la Campaña Redes de Defensa de los Derechos
Humanos de las Mujeres y los/las jóvenes: el Comité de América Latina
y del Caribe de Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Red
de Salud de la Mujer de América Latina y del Caribe (RSMLAC), Católicas
por el Derecho a Decidir (CDD), Red de Educación Popular Entre Mujeres
(REPEM – DAWN), y la Red Latinocaribeña de Jóvenes por
los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos (REDLAC).
Somos una confluencia de organizaciones locales y regionales que unimos
nuestros esfuerzos para colocar como prioridad de la agenda la defensa
de la vida de las mujeres.
Por qué el aborto es parte de la agenda del movimiento feminista.
Partimos de considerar a la reproducción, es decir al ejercicio de la
facultad de reproducirse como una elección y no como un hecho natural
o parte del destino de las personas. Decisión que desde la década de
los 60 puede ser regulada de forma segura por las personas. La cantidad
de hijos a tener y cuándo tenerlos es una decisión que debe ser tomada
por las personas. Esto implica una serie de derechos que se expresen
en políticas públicas: educación sexual, oferta de métodos anticonceptivos
seguros, consentimiento informado, promoción de la responsabilidad frente
a la maternidad y la paternidad.
El aborto constituye un recurso del cual las mujeres hacen uso por múltiples
causas, pero en todas ellas esta decisión rebela un embarazo no deseado.
Este embarazo no deseado puede ser el resultado de una violación, o referirse
a un feto con malformaciones que no lo hacen viable; puede también corresponder
a una mujer con riesgo reproductivo elevado (en la cual la gestación puede
poner en peligro la vida de la mujer), o deberse simplemente a que no
se utilizó métodos anticonceptivos o a que éstos fallaron, y a que la
mujer no está en condiciones de asumir un embarazo en ese momento.
Durante los últimos 100 años el aborto ha sido materia de penalización,
lo que ha llevado a que las mujeres excluidas por razones geográficas,
económicas, sociales, o culturales tengan que realizar una interrupción
del embarazo en condiciones clandestinas e inseguras. Quiero recalcar
que hay una diferencia entre la clandestinidad y la inseguridad: en los
países en los cuales no está autorizado el aborto las mujeres que tienen
acceso a recursos económicos, institucionales y / o culturales pueden
realizarse un aborto en condiciones clandestinas pero seguras, mientras
que la mayoría de mujeres que están excluidas de acceso a estos recursos
lo hacen en condiciones inseguras poniendo en riesgo su vida. Es así
que el aborto clandestino e inseguro se ha convertido en una de las causas
de la mortalidad materna. Como feministas que defendemos los derechos
humanos y la democracia, defendemos el derecho a la vida, a la salud y
a la libertad, entre otros. Es por ello que afirmamos que la penalización
del aborto se convierte en una práctica que atenta contra la vida, la
salud y la libertad de las personas.
Por qué el aborto es un tema controversial
El aborto mueve fibras desde lo superficial y lo profundo, remece uno
de los pilares básicos sobre el cual descansa el patriarcado y su sistema
de género: la represión de la sexualidad de las personas y, en el caso
de las mujeres, desafía el dogma que coloca al cuerpo como vehículo de
la decisión divina de la procreación.
El ejercicio de la sexualidad es uno de los campos de disciplinamiento
/ represión de los seres humanos. Una sexualidad libre, segura, espontánea,
supone / crea / incentiva seres humanos libres y responsables para con
sus decisiones, deseos y acciones. Las personas libres se constituyen
en una amenaza para sistemas políticos y sociales que necesitan del sometimiento.
La culpa frente al cuerpo y sus deseos aparece como una forma de disciplinamiento
desde el miedo, colocando el deseo en lo abyecto.
El aborto desafía / deconstruye / interpela uno de los pilares del control
de la sexualidad. Decidir interrumpir un embarazo es reconocer que procrearse
es una decisión humana y no un mandato / decisión divina. Es aceptar
que el concepto de ser humano, es un concepto cultural y que como concepto
cultural ha ido cambiando y seguirá cambiando.
Nuestra meta es lograr que el ejercicio de la sexualidad sea una dimensión
de realización y crecimiento como persona humana. Como lo señalan Amartya
Sen y Martha Nussbaum el bienestar de una nación se expresa en el derecho
al trabajo, a la educación a la salud y también en la posibilidad que
da una sociedad a las personas para soñar y amar.
Desde esta visión nuestra exigencia frente al Estado es que nos den garantías
para ejercer la sexualidad como dimensión constitutiva de nuestra identidad
como ser humano. Los obstáculos para el acceso a métodos anticonceptivos,
la desinformación sobre la sexualidad, la culpabilidad y sospecha sobre
nuestros cuerpos y deseos corporales, la escisión entre cuerpo, afectividad
y espiritualidad se convierten en aliados para la existencia de embarazos
no deseados. La penalización del aborto se convierte en el castigo respecto
del cual las personas y particularmente las mujeres con mayores obstáculos
para el acceso a recursos económicos, institucionales y afectivos debemos
responsabilizar a un Estado que se desentiende de su función de garante
de derechos y a una sociedad que se niega a aceptar las diversas dimensiones
que constituyen la identidad del ser humano.
Sobre
la autora
Cecilia Olea, peruana, integrante del Centro de la Mujer Peruana,
Flora Tristán, Coordinadora regional de la “Campaña 28 de Setiembre, por
la despenalización del aborto”.
e-mail: cecilia@flora.org.pe
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Uruguay:
Logros y Desafíos de la Campaña a Favor de la Ley de Defensa
de la Salud Reproductiva.
Por Alejandra López
Presentación
El 10 de diciembre del 2002, Día Internacional de los Derechos Humanos,
la Cámara de Diputados de Uruguay vota la media sanción
del proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva. Un proyecto que a nuestro
juicio y al de reconocidas especialistas en la materia otorga reconocimiento
y ubica al aborto en el contexto de los Derechos Sexuales y Reproductivos
como sustanciales para el ejercicio de la ciudadanía.
Finalmente, el pasado 4 de mayo de 2004, el senado de la
República, votó en contra del Proyecto de Ley por 17 votos contra 13 y
una abstención.
Quiero comenzar entonces por comentarles los principales aspectos que
aborda este proyecto de ley.
En primer lugar ubicaba al Estado como el principal responsable en garantizar
las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos
de toda la población, sin discriminaciones de ningún tipo. Recomendando
que:
· Se incorpore la educación sexual
a nivel de la enseñanza formal
· Se garantice el acceso a servicios
de planificación familiar
· Se disminuya la morbi-mortalidad
materna
· Se incentive la maternidad y paternidad
responsables
· Habilitaba la interrupción voluntaria
del embarazo hasta las 12 semanas de gestación si la mujer así lo decidiese.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
Son varias las razones y causales que intervinieron en este proceso, pero
voy a sintetizar las que consideramos más sustanciales.
- La acumulación de fundamentos, experiencias y experticias
de integrantes del movimiento feminista y de mujeres que hemos sostenido
esta reivindicación y batallado por ella por mas de 18 años.
- El haber tenido, desde la redemocratización del país
en 1985, en cada legislatura, distintos proyectos de ley que proponían
desde la despenalización total hasta distintas formas para garantizar
y regular la practica. De los 4 proyectos sólo uno, el formulado en
1993 denominado Regulación de la Interrupción Voluntaria de la
Gravidez, alcanzó en la Comisión de Bioética de la Cámara de Representantes la firma de legisladores
de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. No tuvo
tratamiento en Cámara porque en 1994 Uruguay entró en un nuevo proceso
pre-electoral y las fuerzas políticas involucradas valoraron que no
estaban garantizados los votos para su aprobación y por lo tanto era
mejor que quedara como antecedente de consenso político para próximas
iniciativas en futuras legislaciones.
- Durante el año 2001, y producto de la crisis socio
– económica que vivió el país, se produjo un aumento de muerte de mujeres
por abortos practicados en condiciones de riesgo. Esto generó una reacción
por primera vez del sector médico desde la principal maternidad publica
(Centro Hospitalario Pereira Rosell) donde las cifras de mujeres muertas
por aborto alcanzó el 50% de las muertes maternas de ese año. Con un
promedio nacional de 27% convirtió al aborto inseguro en la principal
causa independiente de muerte materna en el país. Cifra que superó el
promedio regional del 23% y el internacional del 13%.
Se constituye ese año el Grupo Iniciativas Sanitarias contra el Aborto
provocado en Condiciones de Riesgo cuyo propósito fue elaborar una
propuesta de normas sanitarias de atención pre y post aborto con el
objetivo de disminuir los factores de riesgo de la practica clandestina
del aborto. Esas normas obtienen el aval de la Facultad de Medicina,
del Sindicato Medico del Uruguay y de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia
y se presentan al Ministerio de Salud Publica para su consideración.
En el debate sobre las normas, MYSU participa activamente incidiendo
en la modificación de aquellos contenidos que implicaban situaciones
de discriminación hacia las mujeres consultantes.
Por primera vez en todos los años de debate público sobre aborto en
el país, el sector médico se expide sobre el tema generando una reacción
en cadena en el sistema político. Demostrando así que en Uruguay el
poder medico tiene igual o mayor repercusión que el poder de la
Iglesia Católica.
- La promoción del debate legislativo la generó la Bancada
Femenina constituida por legisladoras de los distintos partidos políticos
integrantes de la Comisión de Genero y Equidad de Diputados, quienes
resuelven desempolvar los cuatro proyectos de ley elaborados en legislaturas
anteriores y los presenta a la Comisión de Salud de la misma cámara para su
tratamiento. Comisión constituida, en su mayoría, por médicos legisladores.
Esta comisión elabora el Proyecto de Ley de Defensa de la
Salud Reproductiva, se aprueba en mayoría y pasa al Plenario donde
se aprueba en una votación por 47 votos a favor, 41 en contra y 11 ausencias.
Durante todo ese proceso, las organizaciones feministas
más involucradas en el debate de aborto, comenzamos a movilizarnos y desarrollar
acciones para mantener el tema en el debate público e incidir en el tratamiento
de la Comisión de Salud
de la Cámara de Diputados, desarrollando una acción
de lobby sostenida.
Estrategias que desarrollamos para la intervención
- Constituir un grupo con las principales articulaciones
de mujeres del país y con mayor experticia en el tema. Se constituye
así un Consejo Organizador constituido por MYSU, CNS y CLADEM Uruguay.
- Ampliar el compromiso de organizaciones de mujeres
y feministas que no tenían especial involucramiento con el tema.
- Ampliar la articulación con otras organizaciones y
actores sociales. Se logró constituir una COORDINACIÓN NACIONAL DE
ORGANIZACIONES POR LA DEFENSA DE LA SALUD REPRODUCTIVA
INTEGRADA POR:
- Grupos y organizaciones de jóvenes
- Grupos y organizaciones de mujeres y feministas.
- Central Única de Trabajadores (PIT-CNT).
- Ámbito Universitario con la adhesión pública del
Consejo Directivo Central y el Rector de la Universidad de la República.
- Personalidades del ámbito deportivo, artístico, periodístico,
profesional.
- Iglesia Valdense, Iglesia Metodista, Grupos religiosos
afro-umbandistas, y Católicas por el Derecho a Decidir.
- Grupos de Diversidad Sexual
- Grupos ambientalistas y de desarrollo sustentable.
- Mundo Afro, que nuclea grupos afro-descendientes
- Grupos de Derechos Humanos
El mecanismo para la construcción de estas alianzas fue sostenido en la
construcción de consensos basado en las siguientes FUNDAMENTACIONES:
a) El aborto como un problema grave de salud pública
b) De injusticia social
c) De respeto a la diversidad de creencias
y religiones y por lo tanto de profundización de la Democracia.
d) De respeto a los derechos sexuales y reproductivos
en tanto Derechos Humanos universales, integrales e indivisibles.
e) Como un ejercicio de ciudadanía
- Especial énfasis en las estrategias de advocacy y lobby
parlamentario.
- Calificación del debate público, con la participación
de expertos internacionales, en tal sentido contamos con la presencia
de: Rebecca Cook, Frances Kissling, Angeles Cabria, Aníbal Faúndes,
Sonia Correa.
- Estrategias de comunicación:
· difusión de información
de forma sostenida
· vinculación con tratamiento
personalizado a periodistas y productores de programas
· campañas públicas en medios
masivos de comunicación (radio, TV)
· Vinculo con el ámbito internacional
· Elaboración de materiales
(folletos- volantes, afiches)
Las principales fuerzas opositoras han sido:
- La jerarquía de la Iglesia Católica, violentando el
carácter de Estado laico uruguayo. Su estrategia de intervención en
Cámara de Diputados resultó contraproducente en tanto generó una presión
sin precedentes.
- Grupos neo-pentecostales que actuaron como aliados
de la Jerarquía Eclesiástica destinando gran cantidad de recursos económicos
para trasladar personas, imprimir material a todo color, juntar firmas,
etc.
- Grupos anti-choice (“Pro vidas” que cambiaron su nombre
por SALVEMOS A LOS DOS.
Los recursos económicos destinados por las fuerzas opositoras al proyecto,
durante los 3 años que duró el debate parlamentario, fueron muy significativos.
El acceso a los medios masivos de comunicación que desplegaron, implicó
un refuerzo especial de nuestra estrategia comunicacional a los efectos
de cubrir la mayor cantidad de espacios en radio y televisión.
Lecciones aprendidas del proceso y los próximos pasos
El resultado negativo de la votación del proyecto de ley de Defensa de
la Salud Reproductiva el pasado 4 de mayo en el Senado uruguayo, causó
indignación tanto dentro como fuera del país.
Ø Porque fue un resultado injusto.
Ø Porque fue una decisión que no representó
a la mayoría de la opinión pública.
Ø Porque no fue responsable.
Ø Porque pretendió eludir y eliminar temas
que “complicarían” la contienda electoral.
Ø Porque se perdió una gran oportunidad
de concretar una normativa de vanguardia para garantizar el ejercicio
de los derechos sexuales y reproductivos, en tanto derechos humanos.
Esto nos permite afirmar que se trata de un proceso que, a nivel de la
sociedad civil, continúa su curso y el cual debe ser sostenido, dado que
hay un reclamo de la ciudadanía por respuestas legislativas a esta problemática.
La estrategia desarrollada a favor del Proyecto de Ley de Defensa de la
Salud Reproductiva se sostuvo:
- En primer lugar, la campaña apuntó a brindar la más
amplia información a la ciudadanía sobre los componentes del proyecto
de ley y su integralidad, en la certeza que a más información disponible,
mayor adhesión de la población al mismo.
- En segundo lugar, esta acción sostenida alcanzó y superó
su objetivo, al colocar el debate en el ámbito público y generar una
repercusión social como nunca antes se había logrado.
- En tercer lugar, se apuntó a la construcción de una
alianza amplia de actores en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos,
como un asunto de profundización de la democracia y construcción de
ciudadanía. En tal sentido, instituciones sociales, académicas, sindicales,
profesionales y religiosas se unieron en la defensa del proyecto de
ley, con el desarrollo de acciones conjuntas de incidencia política
y con declaraciones públicas de adhesión al mismo. Esta experiencia
es reconocida hoy como un ejemplo de construcción de consensos desde
la diversidad de actores y posicionamientos. El consenso obtenido estuvo
en base a la integralidad de la propuesta legislativa, la que ubicaba
al Estado como garante del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos,
siendo éstos considerados como un asunto de construcción de ciudadanías
y profundización de la democracia. El respeto a la diversidad de creencias,
valores e ideologías, se ha vuelto un nuevo paradigma para el desafío
de la acción legislativa. El aborto inseguro como un problema de salud
pública y de justicia social fueron los otros dos puntos de consenso
alcanzados.
Es cuestion de tiempo
Esa fue la frase más significativa que trasmitió Agustín Canzani, responsable
de la Consultora “Equipos MORI”, frente a los resultados del Estudio de
Opinión Pública sobre el proyecto de ley encargado por la Coordinación de Organizaciones Sociales
que impulsó su aprobación. En los días 28 y 29 de abril, previos a la
votación en el Senado, se aplicó una encuesta telefónica a 601 mayores
de 18 años residentes en hogares con teléfono de todo el país.
“Cuánto más informada está la gente sobre el contenido del proyecto de
ley, más lo apoya”-nos dijo la empresa consultora. Y la mayor adhesión
parece estar en la integralidad del mismo. Prácticamente hay unanimidad
de opiniones sobre la inclusión de la educación sexual en la enseñanza
pública y la facilitación del acceso a los métodos anticonceptivos (93%
y 97% de la población encuestada, respectivamente). Cuando se trata de
que una mujer se realice un aborto en los tres primeros meses del embarazo,
el 45 % está a favor de que exista la posibilidad y 47% en contra. Pero,
entre quienes sintieron hablar del proyecto, el 56% está de acuerdo en
que la mujer tenga la posibilidad de interrumpir el embarazo, antes de
las 12 semanas.
En encuestas realizadas anteriormente, donde se preguntaba por aborto
por causales, los porcentajes de la población a favor de la posibilidad
de interrumpir un embarazo por voluntad de la mujer, eran del 25% con
una marcada mayoría en aquellos sectores de la población con mayor nivel
socio-económico y con estudios terciarios.
El estudio específico sobre posicionamiento de la opinión pública en relación
al contenido del proyecto de ley, constató algo que intuíamos: el debate
público había logrado una masividad como nunca antes había tenido y, las
personas informadas, apoyaban la integralidad de la propuesta.
Sin duda, cuando la gente es informada se siente respetada e involucrada
en su derecho ciudadano de opinar y decidir. Este fue el gran éxito del
proceso llevado adelante por la
Coordinación de Organizaciones sociales para la defensa de la salud reproductiva.
Durante dos años uno de los cometidos de la campaña fue informar ampliamente
sobre el contenido del proyecto de ley y el estado de situación de los
derechos sexuales y reproductivos a distintas ciudades del país, a las
zonas rurales, a los barrios, a los sindicatos, a los grupos de jóvenes,
a los centros comunales, y a las organizaciones de mujeres. Se hizo la
capacitación de voceros y voceras para que amplificaran el intercambio
de opiniones en sus espacios de influencia. Se trabajó, específicamente,
con periodistas y productores de programas de radio y televisión, incluidas
las radios comunitarias.
Importantes personalidades internacionales fueron invitadas para calificar
el debate público a través de conferencias sobre “El rol de las religiones
en la elaboración de políticas públicas” por Frances Kissling; “Los Derechos
Sexuales y los Derechos Reproductivos en la arena política”- Sonia Correa;
“El falso dilema de estar a favor o en contra del aborto”, Aníbal Faúndes
(1) “La anticoncepción de emergencia en la prevención
de embarazos no planificados”, Angeles Cabria y “Repensando el Derecho
a través de los Derechos Sexuales y Reproductivos”, Silvia Pimentel y
Rebecca Cook.
Se elaboraron campañas publicitarias para informar a la ciudadanía. El
poster “Cumpleaños infeliz” revistió a la ciudad de Montevideo y a varias
del interior del país, el 10 de diciembre del 2003, a un año de la votación favorable al proyecto en Cámara
de Diputados. Dejando en evidencia que éste seguía varado en la Comisión de Salud del Senado. Las organizaciones
sociales denunciamos que se estaba perdiendo la oportunidad para definir
el tema antes de llegar al año electoral. Muchos legisladores demoraron
su tratamiento influenciados por las fuerzas contrarias al proyecto y
después argumentaron, durante el debate, que el año electoral no era propicio
para abordar estos temas. Quizás pensaron que podrían archivar el asunto
pero... se equivocaron.
El 13 de abril -luego de una “semana santa” utilizada por la jerarquía
eclesiástica para arengar contra el aborto y contra todos aquellos que
impulsaran la aprobación de la ley- desarrollamos la primera campaña
publicitaria televisión y la segunda en radio, que informó sobre el
estado de situación del aborto inseguro en el país y sus estragos en la
salud de las mujeres.
Estas acciones generaron que los y las senadoras no tomaran decisión
sobre el proyecto ni el día martes 13, ni tampoco el miércoles 14 cuando
la sesión continuó. Mientras los medios masivos de comunicación anunciaban
que el proyecto naufragaría en esas sesiones porque no se contaba con
los votos para aprobarlo, la Cámara de Senadores definía postergar el tratamiento
del proyecto hasta el MARTES 4 DE MAYO DE 2004.
¿Por qué postergar el debate si se contaban con los votos negativos para
no aprobar el proyecto? Simple y complejo: los votos a favor no estaban,
pero los votos en contra tampoco. Se abrió así un período de “negociaciones”
entre sectores de los partidos políticos para intentar una “salida elegante”
que no tuviera mayores costos políticos.
Los senadores del Partido Colorado no sabían cómo pagar el precio de los
compromisos asumidos por el Presidente de la República con el Papa Juan Pablo II y con la
Unión Cívica (partido que responde a la jerarquía católica), para evitar
que se cumpliera su veto si la ley era aprobada en el Senado. Ante esta
situación algunos proponen una salida negociada de reforma constitucional
a ser consultada a la ciudadanía en el año 2005. Tras el discurso “queremos
que este asunto lo dirima la ciudadanía, y que no sea en un año electoral”
se pretendió montar una cortina de humo para evitar manifestar opinión
y evitar el costo electoral. Frustrada esa posibilidad quedó al desnudo
que las deudas asumidas para obtener la presidencia del país, se pagaban
con el derecho, con los cuerpos y con la salud de las mujeres.
El 3 de mayo se lanzó la segunda campaña publicitaria en televisión
y tercera en radio, de las organizaciones sociales en la que se difundían
los resultados de la encuesta de opinión mostrando que la mayoría (el
63%) de las personas -con intención de votar a los distintos partidos
políticos-, estaban a favor del proyecto de ley.
Por lo tanto, cuando la mayoría de los Senadores negaron la aprobación
de un proyecto de ley apoyado mayoritariamente por la población de este
país, no sólo no la representaron sino que se metieron en un nuevo problema.
El 57 % de la población quiere que se discuta sobre estos temas en la
campaña electoral y el 61% considera que los partidos políticos deben
definir su posición al respecto. Nuevamente muchos se equivocaron, estos
temas son temas de debate electoral.
La presión política versus la participación ciudadana
Ante una opinión pública movilizada y activa, frente a una ampliación
de la base social lograda con acuerdos consensuados entre diversas expresiones,
el sistema político y los medios de comunicación no supieron cómo interpretar
políticamente lo que sucedía, ni por tanto analizar la complejidad de
ese debate público promovido por un actor político no tradicional en Uruguay
como lo es la sociedad civil organizada..
Los niveles de consenso alcanzados en la democracia participativa no se
vieron reflejados en el resultado de la votación de la democracia representativa.
Coincidimos totalmente con la diputada Percovich, que en el debate político
parlamentario no se reflejó ni la riqueza de la diversidad de razones
alcanzadas en lo social ni se logró responder a la altura de las exigencias
que hoy la democracia necesita.
A las producciones de los programas en los medios de comunicación se
les dificultó entender que ya no se trataba de poner a debatir a voceros
de la jerarquía católica, por un lado y a las feministas, por otro. El
mundo de los protagonistas, desde la sociedad civil organizada, era mucho
más ancho y con fuertes consensos acordados. Y desde este lugar, los interpelados
eran los decisores políticos, y no los opositores al proyecto de ley.
Recién a último momento, cuando las cuentas no cerraban y muchos no podían
explicar lo que sucedía con sus patrones tradicionales de analizar la
realidad, se dieron cuenta que había una diversidad organizada que reclamaba
ser representada en esta decisión política. Y, que este “nuevo” actor
político había tenido gran cuota parte de responsabilidad en generar el
posicionamiento de la opinión pública a favor del proyecto de ley.
Esto fue lo que perdió la mayoría del senado, se perdió la oportunidad
de representar y de estar en sintonía con la mayor parte de la población.
Una población que ejerció el derecho ciudadano de participar, de gestar
sus formas de participación, de informarse, de opinar y de alcanzar acuerdos
que no fueron reflejados por los decisores. Una vez más.
Desde la sociedad civil organizada se llevó adelante un proceso de consulta
y de información que no realizaron la mayoría de los sectores políticos
con representación en el legislativo, siendo que ellos tenían el compromiso
y el poder de la decisión. Varios senadores lo manifestaron claramente
en sus intervenciones enla Cámara: no sabían que opinaban sus electores.
Quedan pendientes muchas preguntas ¿por qué votaron como votaron? ¿Cuáles
fueron las razones que los llevaron a desconocer a la mayoría? ¿Por qué
no generaron mecanismos de consulta a sus seguidores/as? ¿Las presiones
a las que hicieron referencia también fueron económicas? ¿Qué estaban
representando con su voto, a su conciencia, a su convicción religiosa?
Realmente creyeron que esta opción de no cambiar nada, ¿evadía el problema?
El resultado de la votación del 4 de mayo, entre otras cosas, ha puesto
a aquellos que ocupan sus bancas en el Parlamento, ante el compromiso
de dar respuestas. Porque este proceso de participación ciudadana ha
marcado un punto de inflexión en la política y en las formas de hacer
política de este país.
La historia continúa
Desde el 4 de mayo, muy contrariamente a lo que esperaban los senadores
que votaron en contra del proyecto de ley, la problemática del aborto
y la falta de soluciones a una realidad cotidiana en el país, continúa
en el debate público y social. En un año electoral donde se decide el
nuevo gobierno nacional y el nuevo parlamento (31 de octubre de 2004),
la gente, en los distintos actos políticos expresa su adhesión al proyecto
y exige a sus candidatos respuestas a esta problemática. Las manos naranjas
de Voto a Favor, los stickers pueden verse hoy en agendas, cuadernos,
ventanas y actos callejeros. Es que el pueblo uruguayo tiene memoria,
y no se olvida de los pendientes, en especial cuando son demandas sociales
y realidades cotidianas tan acuciantes para las mujeres y sus familias.
La campaña continúa hoy en el marco de una Campaña Electoral donde se
pretende ubicar los “grandes temas de la política nacional”. Para la gente,
la salud reproductiva y la problemática del aborto inseguro es hoy una
realidad sin respuesta. Y lo manifiesta de distintas maneras. Se continúa
el debate en distintos programas de los medios de comunicación, y en actividades
organizadas por diferentes instancias.
El 28 de mayo pasado, en el marco del Día Internacional de Acción por
la Salud de las Mujeres, lanzamos el afiche “Vamos, Vamos y VAMOS.
En un año la ley de salud reproductiva será realidad”. Y, en acto
público, reconocimos el trabajo realizado por diputados/as y senadores/as
que votaron y abogaron a favor del proyecto, reforzando públicamente,
ellos/as y nosotros/as el compromiso de continuar trabajando para que
la nueva legislatura a partir del marzo de 2005 apruebe el proyecto de
ley.
Los pasos a seguir se basan en:
- Colocar y sostener el tema en la campaña electoral,
de modo que todos los sectores políticos definan públicamente su posicionamiento
frente a la problemática del aborto en Uruguay.
- Profundizar en el debate social, ampliando la participación
de grupos, organizaciones y personas en todo el país.
- Continuar el trabajo articulado con distintos sectores,
en especial con el sector médico, otros profesionales de la salud, organizaciones
sociales y de derechos humanos.
- Sostener el debate en el ámbito académico, impulsando
la necesidad de una agenda de investigación en la temática.
- En conjunto con la
Comisión Nacional de Seguimiento: Mujeres por Democracia, Equidad y
Ciudadanía, hemos elaborado la Agenda de las Mujeres, una propuesta
política a partir de la cual se generarán instancias de diálogo con
los distintos candidatos a la Presidencia de la República y los distintos sectores político
– partidarios a los efectos de conocer sus líneas programáticas y hacerles
conocer nuestras propuestas como movimiento de mujeres.
- A partir de octubre de 2004, una vez definido el nuevo
gobierno nacional y el nuevo parlamento, iniciaremos una ronda de entrevistas
con los distintos actores de gobierno y parlamentarios (en especial
con aquellos que comprometieron impulsar la aprobación del proyecto
de ley) a los efectos de acordar plazos y mecanismos para la aprobación
del mismo proyecto de ley u otro que lo supere, en el primer año de
la nueva legislatura.
La acumulación lograda en el reconocimiento de los derechos
sexuales y reproductivos por parte de la ciudadanía no se perdió el 4
de mayo. Ese proceso continúa, y para avanzar y ampliar aún más su visibilización,
es necesario desarrollar una estrategia en el corto, mediano y largo plazo.
En lo inmediato, incidir en los actores políticos en contienda electoral.
De manera sostenida trabajar hacia la ciudadanía, informando, debatiendo
y ampliando las adhesiones al consenso logrado. Con las organizaciones
que se posicionaron a favor del proyecto, fortalecer las alianzas logradas
en un nuevo escenario político de cambio de gobierno, y definir nuevas
estrategias de intervención.
El desafío es claro y el camino también: lograr que el consenso social
construido se traduzca en políticas públicas concretas en el corto plazo.
Luego, tendremos el desafío de la implementación de las mismas, pero para
ello ya habrá tiempo. Primero es lo primero.
(1)
Estas tres conferencias han sido publicadas en la serie “Aportes al Debate”
y se pueden consultar en www.mysu.org.uy
Para más información de la Campaña a favor del Proyecto de Ley de defensa
de la Salud Reproductiva en Uruguay, consultar:
www.mysu.org.uy
www.chasque.net/abortoenuruguay
Sobre
la autora
Alejandra López. Uruguaya, participa en la Coordinación
de Mujer y Salud en Uruguay
MYSU.
mysu@adinet.com.uy
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El
aborto: Un problema de salud pública, un asunto de justicia social y
un derecho individual.
Entrevistas a Ivone Gebara (Brasil), Juan Guillermo Figueroa
(Mexico), Esperanza Cerón (Colombia) y Ximena Machicao Barbery
(Bolivia) .
Los movimientos de mujeres, en especial el feminista,
llevan ya treinta años de esfuerzos para despenalizar / legalizar el aborto.
Nuevos/as actores/as sociales han surgido en el ámbito político, social.
Sabemos que se ha ganado en la visibilización y sensibilización del aborto
como problema de salud pública y de derechos humanos. Sin embargo, al
parecer desde el movimiento de mujeres se han usado los mismos argumentos
o como algunos señalan, en este proceso los argumentos y estrategias
se han empobrecido, frente a argumentos más contundentes usados en el
pasado y al fortalecimiento de los discursos y estrategias de los conservadores
y de la iglesia, en especial la católica.
De estos temas y de experiencias de los movimientos de mujeres nos habla
un grupo de especialistas de distintas disciplinas: Ivone Gebara,
filósofa y teóloga feminista de Brasil, nos da su visión acerca de las
posturas de las religiones, expresa las contradicciones de las mismas,
enfatiza que “ninguna religión en nombre de su credo religioso o de sus
creencia puede obligar al Estado a tomas posiciones en esta o aquella
dirección”. El demógrafo mexicano, Juan Guillermo Figueroa, describe
sus experiencias acerca de las respuestas de la ciudadanía frente al tema
del aborto, habla de la ciudadanía religiosa y de la disidencia silenciosa
de muchas católicas, que se han replanteado la interpretación de las enseñanzas
católicas pero sin confrontar directamente a los sacerdotes pues temen
ser expulsadas por estas autoridades masculinas. El énfasis lo coloca
en el papel de los varones frente a la reproducción y el aborto.
Esperanza Cerón, colombiana, Coordinadora General de la Red de
Salud de la mujer Latinoamericana y Caribeña, RSMLAC, (con sede en Chile,
que cumple veinte años a favor de la salud integral de la mujer), manifiesta
que la postura de la organización que lidera ve el aborto como asunto
de derechos humanos, refiere además su visión y estrategias de presente
y futuro frente al tema. De otro lado, Ximena Machicao Barbery,
Directora Ejecutiva de CIDEM de Bolivia, da cuenta de la reciente experiencia
de su país en los esfuerzos por una Ley Marco sobre Derechos Sexuales
y Reproductivos, que contenía el aborto. La ley fue aprobada en el Congreso
de su país, pero detenida en el Ejecutivo, que atendió más bien las
presiones de la jerarquía católica y otras expresiones religiosas, que
los reclamos de las organizaciones de mujeres. Aunque ella señala que
igual la lograrán.
Entrevista a Ivone Gebara, de Brasil
“Falar em legalização e descriminalização
não é convidar as mulheres a abortar. E convidar a sociedade a ser mais
responsável”
Gostaria de tornar claro que sou filósofa
e teóloga feminista. E é a partir desse lugar que assumo minhas posições.
Não sou especialista em saúde reprodutiva ou em políticas reprodutivas.
CS: Sabemos que en Brasil se han logrado avances respecto al
aborto utilizando el derecho a la salud tanto a nivel estatal como local.
Por favor cuéntanos acerca de este proceso y descríbenos los aspectos
más importantes del mismo. ¿Cuáles han sido en tu opinión los principales
logros y cuales son los retos pendientes?
Penso que no Brasil estamos trabalhando a questão dos direitos
reprodutivos como direitos de cidadania. Isto significa que as pessoas
interessadas neste ou naquele problema devem assumir sua responsabilidade
pessoal diante de suas decisões. Para decidir é preciso formar-se para
aprender a tomar decisões. Por isso muito movimento de mulheres tem desenvolvido
uma dimensão educativa na linha da formação pessoal e política das mulheres.
Por exemplo, aqui em Recife o grupo feminista SOS corpo - feminismo e
democracia têm trabalhado muito na formação de mulheres líderes e de jovens
mulheres através de cursos e publicações. Há também um movimento de homens
que se chama PAPAI que trabalha na educação de homens em relação a sexualidade.
E isto é muito importante.
¿Cuál es tu opinión respecto a la lucha católica-evangélica y como ella
influye o no en temas de salud sexual y reproductiva y particularmente
en el aborto.
Cada vez mais estou convencida da importância de considerarmos
o Estado como leigo. Nenhuma religião em nome de seu credo religioso
ou de suas crenças pode obrigar um Estado a tomar posições nesta ou naquela
direção. Nesse sentido creio que o Brasil precisa ter maior clareza sobre
isso.
Impressiona-me ver a pressão das instituições religiosas para que se aprove
ou se rejeite uma lei em favor de suas convicções. No caso do aborto ou
da interrupção da gravidez por motivo de saúde ninguém está obrigado a
fazê-lo se suas convicções religiosas não permitem. Mas, cabe ao Estado
garantir a possibilidade legal de decisão para seus cidadãos e cidadãs
diante de um ou outro tipo de problema. As leis devem estar acima dos
credos religiosos, pautar-se no bom senso político e no bem comum.
¿Cuáles son los principales argumentos usados en contra del aborto
desde los movimientos conservadores al interior de la
Iglesia ? y ¿desde tu postura ¿cuáles son sus principales
debilidades y fortalezas?
Os movimentos conservadores falam sempre
em
princípios. Insistem no princípio de respeito a vida. Creio que neste
nível não é possível dialogarmos.
Isto porque todos os grupos falam de respeito a vida. Mas é preciso saber
que vive é respeitada. Por exemplo, no caso dos fetos anencefálicos os
movimentos conservadores não permitem a interrupção da gravidez (embaraço).
E dizem que é por respeito a vida. Mas que vida? E a vida da mãe parece
não valer nada porque deve levar adiante um embaraço durante 9 meses sabendo
que não há possibilidade de vida para o feto. As posições de princípio
são muito contraditórias e nos levam a um circulo vicioso.
¿Qué postura asumes frente al aborto? ¿Ha entrado en contradicción con
tu fe religiosa, en este caso como has resuelto esta contradicción?
Em todas as situações devemos ver a realidade de cada pessoa e de seu
contexto. É ela que tem que decidir na medida de suas possibilidades.
Creio também que pessoas de sua confiança podem ajudar também neste processo.
A legalização e a descriminalização do aborto são um apelo à responsabilidade
e não uma atitude leviana. Falar em legalização e descriminalização não
é convidar as mulheres a abortar. Ao contrário, é convidar a sociedade
a ser mais responsável pelos filhos e filhas que está gerando e que tem
responsabilidade de cuidar. No nível da responsabilidade não vejo nenhuma
contradição com minha fé religiosa. Minha fé me convida ao amor ao próximo
e a mim mesma como expresões de um Amor maior. E isto é tudo. Pode haver
contradição com a política das instituições religiosas, mas isto é parte
de nossa condição histórica. Não vivemos sem conflitos.
Entrevista a Juan Guillermo Figueroa, México.
El asunto del aborto y los varones muestra
escenarios algo contradictorios
CS: ¿Por qué deberían apoyar los hombres el aborto?
¿Quieren (algunos) los hombres el aborto? ¿Qué experiencias conoces al
respecto?
De entrada pienso que los lenguajes (supuestamente) científicos de la
demografía y de la medicina, así como las palabras que utilizamos en lo
cotidiano, han legitimado de múltiples formas el pensar la reproducción
básicamente en la experiencia de las mujeres.
Con ello dificultan visibilizar las experiencias reproductivas de la población
masculina, sin que esta lectura signifique victimizar a los hombres (a
quienes prefiero llamarles varones para distinguirlos de hombres como
humanidad), ya que tampoco conozco muchos casos en que la población masculina
se haya revelado contra dicha exclusión lingüística y disciplinaria por
parte de dos de los campos de conocimiento que mas han influido en las
políticas publicas que han intervenido sobre los comportamientos reproductivos
de las personas que se asume que se reproducen, o sea, las mujeres (al
margen de lo contradictorio de este supuesto).
Ahora bien, las múltiples exclusiones que las mujeres han vivido en el
ámbito de la reproducción llevaron a que una de las principales demandas
del movimiento feminista desde fines del siglo XIX se centrara en la reivindicación
de las mujeres a decidir sobre su capacidad reproductiva; es decir, a
apropiarse de su propio cuerpo ("mi cuerpo es mío", se ha dicho
desde hace tiempo).
Si bien es entendible la importancia que las reivindicaciones reproductivas
han tenido en los movimientos de mujeres, también puede afirmarse que
ello reforzó que se viera la reproducción como un ámbito básicamente de
dicha población. Por ello no es extraño que muchas mujeres demandaran
medios anticonceptivos para que ellas mismas controlaran su potencialidad
reproductiva, lo que perversamente pudo vincularse con visiones científicas
reduccionistas que seguían y siguen viendo la reproducción de forma feminizada.
Por ello se han desarrollado mas métodos anticonceptivos para intervenir
sobre los cuerpos de las mujeres, los cuales si bien son un recurso para
que muchas de ellas tengan ahora mas control de su capacidad reproductiva
(incluso a pesar de un rechazo evidente de sus parejas, por haber perdido
el control de este espacio), a la vez las han expuesto en mayor medida
a los efectos colaterales de los anticonceptivos.
Adicionalmente se ha dificultado el cuestionar de raíz la necesidad de
hacer mas evidente la “presencia masculina” en la reproducción, ya que
los varones siguen siendo vistos como actores secundarios que apoyan o
deberían "apoyar a las mujeres", lo cual es muy diferente a
verlos como parte intrínseca del proceso reproductivo y por ende, como
personajes a quienes de manera obvia les compete definirse explícitamente
sobre el aborto.
En concreto creo que hay dos formas posibles de ver la relación entre
hombres-varones y el aborto: (a) la primera supone que los hombres son
actores secundarios de la reproducción y por ende que pueden ayudar a
que las mujeres la vivan en mejores condiciones o bien que no las estorben
pero en especial que no la violenten. (b) una segunda lectura posible
es pensarlos como parte central de la reproducción (a la par que las mujeres
con quienes generan un embarazo) y por ende a quienes les compete de manera
directa hacer algo, tanto ante un embarazo no deseado (y que ya inició)
como para prevenirlos de manera especifica.
Lo que conozco sobre el aborto y los varones muestra escenarios algo contradictorios:
En la década de los ochenta en México hicimos un estudio con varones
y mujeres adolescentes preguntándoles por sus historias reproductivas;
nos llamó la atención que encontramos varones que reconocían no saber
cuantos embarazos habían tenido (o que no estaban seguros) y que además
otro porcentaje de los que si sabían tampoco estaban seguros de en que
habían terminado dichos embarazos pues habían dejado de ver a su pareja
sexual precisamente por el inicio del embarazo (preguntábamos por nacidos
vivos, muertos o abortos). Además era significativo que a pesar de ello
en total los varones declaraban mas abortos que las mujeres. Una interpretación
que le daban las personas que escribieron mas a fondo sobre estos datos
es que a los primeros les resultaba mas sencillo hablar del aborto ya
que es una conducta por la que no son sancionados socialmente, algo diferente
a lo que ocurre con las mujeres.
A principios de los noventa en Brasil se hizo un estudio preguntándole
a varones y a mujeres por sus practicas sexuales y los primeros se
reconocieron mas liberales que las segundas, sin embargo cuando se les
pregunto por el aborto como un recurso de autodeterminación reproductiva
la liberalidad de los varones disminuyo y en cambio se incremento notablemente
la de las mujeres. La interpretación de las autoras es que los varones
nuevamente ven la experiencia del aborto como algo distante y mas
propio de las vivencias reproductivas de las mujeres e incluso en este
caso dicha autodeterminación la ven como una amenaza para ellos.
A finales de los noventa en Cuba y en Colombia también se hicieron hecho
estudios sobre el tema y en ambos casos los varones hablan de esta experiencia
como algo mediado por la experiencia de sus parejas y por lo mismo suelen
tomar distancia, reconociendo cierta dificultad para hablar de la misma.
El problema es que a pesar de ello otra compañera escribió un libro con
el sugerente título (retomado de demandas feministas) de ¿si los hombres
se embarazaran el aborto sería legal? Y en el que trata de mostrar como
en la historia de México (de 1880 al 2000) han sido hombres los que han
normado sobre este tema (básicamente las instituciones de gobierno en
“acuerdos de caballeros –como ella los describe- con los jerarcas de la
iglesia católica), sin tomar en cuenta de manera clara la postura de las
mujeres.
En los últimos cinco años conozco trabajos más recientes de compañeras
del grupo de información en reproducción elegida, de investigadoras
del Population Council en México y de una investigadora de la
Universidad Nacional Autónoma de México (FES Zaragoza). En los tres casos
los varones hablan de vivir una preocupación real ante el hecho de la
interrupción del embarazo, pero no es claro cómo se imaginan evitar la
ocurrencia del mismo. Es decir, no es tan directa su posición en términos
de que ellos harán algo para evitar embarazos no deseados.
Resumiendo, ustedes preguntan ¿por qué deberían apoyar los hombres el
aborto? Creo que más que apoyo, los varones son coautores de la reproducción
y por ende corresponsables de darle seguimiento a sus diferentes momentos
y opciones.
Uno de los vacíos existentes que se ha ido superando en los últimos
años es la falta de producción de investigaciones y la obtención
de datos respecto a la cantidad de abortos en América Latina y por edades,
países etc. ¿Cuál es tu evaluación acerca del uso de las investigaciones?
Mi percepción es que es mínimo el trabajo general de producción de información
sobre las experiencias reproductivas de los varones. La demografía y la
medicina han desarrollado múltiples indicadores para reconstruir la fecundidad
de las mujeres y para medir estadísticamente algunas de las variables
que se asumen asociadas con dicha fecundidad, dentro de las cuales esta
la anticoncepción y el aborto.
No obstante, casi no conozco (y los he buscado intencionalmente)
esfuerzos por generar datos que den cuenta de las vivencias reproductivas
de la población masculina, pero centradas en ellos mismos. En la mayoría
de los casos se les pregunta por sus parejas y así acaba legitimándose
el supuesto de que ellos son personajes secundarios.
En cuanto a la estimación de la incidencia del aborto, me resulta un tema
mas distante para lo que investigo, pero creo que la opinión que plasmo
en el párrafo anterior condiciona que se siga indagando sobre la población
que ancestralmente ha sido sancionada por dicha práctica, con las limitantes
de las estimaciones que ya se han documentado.
Si la sociedad viera de manera más obvia que “los varones también se reproducen”,
creo que la documentación de los abortos incluso tendría otro significado.
Cómo analizas el proceso de lucha por la despenalización del aborto en
tu país (o en otros) ¿Tienes opinión sobre los argumentos usados hasta
el momento, cuáles faltan? ¿Qué actores/as sociales deberían participar
más activamente en este proceso y qué tareas deberían asumir?
Tengo la impresión que una nueva veta de investigación y debate político,
podría ser el trabajo sobre los derechos de las personas creyentes de
diferentes tradiciones religiosas, si bien yo lo trabajo específicamente
para los católicos, algo por demás importante en América Latina.
Cuando se analizan a fondo los componentes de la enseñanza de la religión
católica se puede comprobar que la jerarquía asumió hace 4 décadas (durante
el congreso vaticano segundo) el compromiso de actualizar sus enseñanzas,
considerando los avances del conocimiento científico. Este no fue un acuerdo
o demanda de alguna comunidad académica ni de las mismas Naciones Unidas,
sino que fue un consenso entre los jerarcas de esta institución en un
evento que tiene mayor autoridad moral (y por ende normativa) que las
opiniones sueltas del mismo papa o de los sacerdotes de cualquier nivel.
Al tomar esto como referencia, vale la pena cuestionarse de qué manera
la iglesia ha tomado en cuenta lo que se sabe sobre la perspectiva de
género, como uno de los avances de la ciencia mas importantes y paradigmáticos
de los últimos años, así como sus implicaciones en la necesidad de reivindicar
los derechos de las mujeres. Otro elemento interesante es que dentro de
la teología católica, con sus mismos recursos científicos como la hermenéutica,
hay autores que han llegado a la conclusión de que no hay certeza teológica
sobre la necesidad de sancionar moralmente el aborto. Si dicha certeza
no existe en un ámbito donde además no hay dogmas (como si los hay en
cuestiones de fe), hablar de certezas (por ejemplo la amenaza de excomunión
a quien aborte o a quien ayude a alguien a abortar) es una intimidación
o terrorismo moral que no se sustenta ni científicamente ni moralmente
desde esta tradición religiosa, y menos cuando un valor relevante de dicha
tradición religiosa es la "obligación moral" de actuar de acuerdo
a la conciencia. Es mas, teológicamente se argumenta que es inmoral contradecir
a la propia conciencia.
Hace tiempo se me ocurrió usar la categoría negligencia pastoral (por
analogía con la negligencia medica) para hacer referencia a los casos
en que una persona abusando de su papel de interprete de una tradición
religiosa usa su poder e influencia generando daños a terceros, en especial
a quienes reconocen dicha autoridad, pero también lo extiendo a quienes
sin ser parte de la misma tradición religiosa viven en una sociedad que
define sus normas tomando en cuenta los puntos de vista de dichas autoridades
religiosas. El problema es que si llevamos la analogía a sus ultimas consecuencias,
necesitaríamos una instancia ante la cual demandar a quienes comenten
negligencia. Sin embargo, en una institución jerárquica como la iglesia,
pareciera que los enjuiciados serian jueces al mismo tiempo, lo que complica
tremendamente la situación.
Sin embargo, si l@s creyentes se empoderaran y creyeran realmente que
tienen derechos, podrían pedirles cuentas a sus "lideres espirituales"
del uso y abuso del poder y entonces confrontar estos procesos de manipulación
y los múltiples daños asociados a los mismos, como lo es la violación
de sus derechos humanos tanto como ciudadanos como en su carácter de creyentes.
Ejemplos de esto (a lo que le he llamado ciudadanía religiosa), los he
visto en varios países sudamericanos (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil)
y en México, ya que mujeres católicas reconocen que a pesar de la rigidez
de la institución a la que pertenecen (y a la quisieran seguir perteneciendo)
han encontrado un espacio de solidaridad en el feminismo, incluso para
reconciliarse con su propia religión. Sin embargo también plantean que
ojala la institución fuera más flexible y las entendiera un poco más,
pues vivirían menos solas sus dilemas morales. Por mientras, ellas han
replanteado la interpretación de las enseñanzas católicas pero sin confrontar
directamente a los sacerdotes pues temen ser expulsadas por estas autoridades
masculinas. Es decir, viven una disidencia silenciosa.
Lo irónico es que al entrevistar a sacerdotes y preguntarles si realmente
creen que las personas siguen al pie de la letra lo que ellos dicen en
el pulpito, la mayoría dice que por supuesto que no, pero que no hay tanto
problema mientras no los confronten y puedan dialogar mas íntimamente
en el confesionario. Creo que es un ejemplo de manipulación pero a la
vez que mucho ayudaría que las y los creyentes ejercieran de una manera
más activa su ciudadanía en estos temas.
En el contexto nacional, diferentes encuestas han mostrado la opinión
favorable de múltiples católic@s sobre las decisiones individuales (y
en particular de las mujeres) alrededor del aborto, pero a la vez la realidad
refleja una pasividad ante las gestiones necesarias para modificar las
normas legales existentes.
Entrevista a Esperanza Cerón, Coordinadora General
de la RSMLAC
“Este tema le compete a toda la sociedad,
y aun estamos muy solas en su lucha”.
CS. ¿Desde que posturas trabaja la
RSMLAC el asunto del aborto? sabiendo que es una de las
redes de salud de la mujer más importantes de la región, que además cumple
20 años de presencia activa en el continente?
La RSMLAC defiende el tema del aborto como un asunto de derechos humanos
de las mujeres, y por lo tanto compartimos y promovemos la despenalización
del mismo en toda la región.
Nuestra postura se basa en la injusticia que representa la mortalidad
por esta causa evitable (principalísimo problema de salud pública) ; porque
se trata de una opción personal que por lo tanto se refiere a la libertad
personal, al libre desarrollo de la personalidad; al derecho inalienable
a la intimidad; y por sobre todo, al derecho a ejercer plena autonomía
sobre el propio cuerpo, derechos todos ellos en el marco de las libertades
individuales, en las que por lo tanto no puede intervenir el Estado ni
ningún credo en particular. El reconocimiento de este derecho y su despenalización,
aluden a todos aquellos que creen en la democracia, en el Estado laico
y en el derechos a la salud integral de las mujeres.
Deseamos conocer desde la práctica de la RSMLAC
algunas lecciones aprendidas de estos procesos..
Por 20 años hemos difundido temas referentes al aborto como problema de
salud pública, como un asunto de justicia social y como un derecho individual
para ejercer la soberanía sobre el propio cuerpo. Nuestras publicaciones,
boletinas y campañas, han contribuido a difundir, posicionar y ampliar
el conocimiento y manejo de estaos temas entre nuestra membresía y otros
sectores sociales. De manera particular en cada país de la región donde
se han hecho estas actividades, hemos respaldado las acciones de los grupos
de mujeres por la defensa, tanto de casos emblemáticos, como de proyectos
de ley por la despenalización total o parcial, en todos los países donde
se han presentado. Esta Red ha sido parte de la campaña 28 de Septiembre
desde sus inicios y hemos participado en todas sus reuniones regionales.
¿Cuáles serían los argumentos y estrategias que propone la
RSMLAC para las nuevas etapas que nos corresponde asumir
en este tiempo respecto a la despenalización/ legalización del aborto?
Consideramos que estamos frente a una situación en donde en un plato de
la balanza se encuentran las fuerzas mas conservadoras y fundamentalistas
ejerciendo cada vez mayor presión sobre nuestros gobiernos para que se
generen retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos. Los
principales actores aquí son las Iglesias, los partidos políticos de
derecha y los Pro Vida.
En el otro plato, tenemos la reciente ratificación que han hecho nuestros
países de los acuerdos de Cairo y Beijing; están las fuerzas democráticas,
no siempre comprometidas con la importancia de ratificar la totalidad
de libertades individuales (opciones sexuales, minorías, de las mujeres,
etc.); están los movimientos por la salud publica, quienes defienden la
laicicidad de los estados, y nosotras las feministas.
Pese a los denodados y reconocidos esfuerzos que venimos realizando las
feministas, el trecho que debemos recurrir IMPLICA CONSTRUIR ALIANZAS
con estos otros actores con los que compartimos el plato, ya que este
tema le compete a toda la sociedad, y aun estamos muy solas en su lucha.
Cuéntanos un poco los planes y perspectivas de la RSMLAC
respecto al tema del aborto.
Nuestros planes hacia el futuro se relacionan claramente con el punto
anterior. Precisamos hacia futuro ampliar nuestra base de conversación
con otros actores sociales y políticos; convencer a los no convencidos;
tocar los sectores profesionales de la salud de manera mas directa; aliarnos
con otros movimientos por la salud en la región y en el mundo. Para ello
sería preciso:
- Orientar parte de nuestra acción a grupos como FIGO,
matronas, asociaciones y colegios médicos y paramédicos; etc.
- Precisar nuestras actuales alianzas para ver como vamos
a asumir la ratificación de Cairo y Beijing, frente a las políticas
públicas específicas: una de ellas es la referida a las Reformas del
Sector Salud que es hoy por hoy la principal política en materia de
salud en nuestros países, la cual no solo no incluye los compromisos
adquiridos en esta materia en dichas Cumbres, sino que además, atenta
contra el derecho mismo a la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas,
razón de peso para convertirla en escenario fácil de mas y mejores alianzas.
- Continuar poniendo al servicio de lo anterior nuestras
propuestas para facilitar la abogacía en materia de políticas públicas
en salud (estamos difundiendo al momento un Manual que está disponible
para quienes quieran hacer uso del mismo). En este sentido estamos
dispuestas a brindar apoyo técnico, político y a canalizar el apoyo
regional de otras fuerzas, frente a cada proceso que al respecto se
proponga en cada país en donde nos sea solicitado.
- Continuar poniendo al servicio de la causa, nuestras
publicaciones, boletinas, página Web, etc.
- Continuar apoyando la
Campaña 28 de septiembre, así como la Campaña por la
Convención por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Pueden acceder a más información en www.reddesalud.org
Entrevista a Ximena Machicao, de Bolivia
Bolivia: Avances importantes para proteger
los Derechos sexuales y reproductivos
CS: ¿Qué experiencias valiosas puedes contarnos
de tu país donde sabemos han avanzado en la obtención de una Ley sobre
la salud reproductiva, ¿Contemplaba la ley propuesta la despenalización
del aborto?
En Bolivia el artículo 266 del actual Código Penal señala: “Cuando el
aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido
de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna siempre
que la acción penal hubiere sido iniciada.
Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de
evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro
no podría ser evitado por otros medios.
En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el
consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso...”
Esta normativa prevista en el Código Penal desde 1971 no puede convertirse
en un ejercicio efectivo por falta de una reglamentación pertinente que
garantice su aplicación. Por este motivo es que la
Campaña 28 de Septiembre en Bolivia: “Día por la Despenalización del Aborto en América
Latina y el Caribe”, desde 1996, ha venido trabajando para que el aborto
permitido por el Código Penal Boliviano sea reglamentado en base a un
enfoque integral de lo que significan los derechos humanos.
En este marco se ha presentado al Parlamento Nacional Boliviano un Anteproyecto
de Ley de Interrupción Legal del Embarazo, que hasta la fecha no ha entrado
en discusión en la agenda parlamentaria.
Los acontecimientos sociales y políticos vividos en los últimos años en
Bolivia han cambiado de manera radical la agenda de los debates sociales
y políticos. Los temas relacionados a los derechos sexuales y reproductivos,
incluido el aborto, en los dos últimos años, no han formado parte de una
agenda política pública a nivel nacional.
Sin embargo y a raíz de la promulgación de la Ley Marco sobre Derechos
Sexuales y Reproductivos, aprobada por el Parlamento Nacional en Mayo
pasado, el debate sobre el aborto y otros temas se están posicionando
nuevamente en la sociedad a partir de una oposición agresiva e irracional
de las Jerarquías Eclesiales a dicha Ley. Posición sustentada con una
mayor fuerza a partir de la condena que hace el Vaticano contra el “Feminismo
Radical y la llamada ideología de género”, que no hace otra cosa que manifestar
la profunda crisis interna que tienen las Jerarquías Católicas, al no
poder detener el avance que las sociedades democráticas, modernas y civilizadas
están realizando, para construir su propio destino, sin aceptar condiciones
o mandatos morales-religiosos, que ponga en cuestión la capacidad que
mujeres y hombres tienen para tomar decisiones libres, responsables y
concientes para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
La Ley Marco sobre los derechos sexuales y reproductivos señala en su
artículo primero que el “Estado boliviano reconoce a todas las mujeres
y los hombres sin distinción de clase, edad religión, sexo, género, origen
étnico, opción sexual u otra el derecho al goce y ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos; protegerlos de intromisiones arbitrarias es
obligación de todas las autoridades.
Se definen como derechos sexuales:
- el derecho a vivir una sexualidad placentera, responsable
y libremente decidida, sin más límites que los expresamente señalados
por ley y los derechos de otras personas.
- el derecho a la integridad corporal y la autonomía
en el control del cuerpo.
- el derecho de alcanzar el más alto nivel de salud sexual
- el derecho a la confidencialidad en el tratamiento
de la sexualidad, particularmente de las / los adolescentes y jóvenes
- el derecho a acceder a una educación integral para
la vida efectiva y sexual desde temprana edad posibilitando, el bienestar,
el desarrollo de la persona y el ejercicio de la sexualidad en forma
plena, libre e informada.
- El derecho de acceder a la orientación y consejería,
prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual-incluyendo
el VIH-SIDA, hepatitis B y C, cáncer, cérvico - uterino, mamario y prostático.
Como Derechos reproductivos:
- El derecho a decidir libre y responsablemente el número
de hijos, espaciamiento de los nacimientos y el intervalo de estos
- El derecho a la elección libre e informada de los métodos
anticonceptivos modernos, seguros y efectivos de calidad y costo accesible.
- El derecho a recibir orientación. Atención integral
y tratamiento técnico profesional durante el embarazo, parto, puerperio
y lactancia
- El derecho de las mujeres a no ser discriminadas en
el trabajo o el estudio por razón de embarazo o maternidad (1)
Así mismo prohíbe toda forma de discriminación en el ejercicio
de estos derechos, ya sea por el Estado, sus agentes o por particulares
y señala que el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos
deben garantizar la atención integral a la salud sexual y reproductiva
con una orientación que insta al Estado a promover e impulsar una cultura
y educación orientada a la superación de los prejuicios estereotipados
de valoración de mujeres y hombres y a desarrollar acciones educativas
destinadas a reconstruir los roles que mantienen la desigualdad de género.
Sin lugar a dudas un avance legislativo histórico y un desafío fundamental
para el gobierno presidido por Carlos Mesa, que ante la
Reunión de la Mesa Directiva Ampliada del Comité sobre Población y Desarrollo,
llevada a cabo en Santiago de Chile, en marzo del presente año y ratificada
posteriormente en San Juan Puerto Rico, señalo:
“Como presidente de la República de Bolivia, a tiempo de celebrar
con plena convicción los avances logrados en los últimos diez años de
los acuerdos internacionales firmados por más de 180 países, manifiesto
mi compromiso inquebrantable de ratificar los principios y resoluciones
del Programa de Acción de Cairo.
Tenemos en desafío de construir un ciudadanía responsable. Si no nos convertimos
en ciudadanos y ciudadanas responsables individualmente, no entenderemos
lo que es funcionar en democracia. Y ser ciudadano responsable quiere
decir aceptar que tenemos derechos, demandarlos y aplicarlos.” (2)
En este marco se inscribe la promulgación de la Ley, que posteriormente
fue observada (3) por el Poder Ejecutivo a partir de
la presión y el chantaje ejercido por la
Iglesia Católica, en un contexto de polarizaciones sociales, políticas
y económicas muy criticas, por la cual atraviesa Bolivia y donde estuvo
en muchos momentos en juego el sistema democrático en su conjunto.
La Iglesia Católica y otras expresiones religiosas (evangélicas y cristianas)
están movilizadas, observan, juzgan y prejuzgan el espíritu de la Ley
como egoísta y hedonista, desinformando a la opinión pública en general
y observando conceptos largamente construidos y consensuados en nuestro
país en estos diez últimos años, como son: género, derechos sexuales,
derechos reproductivos, derecho de alcanzar él más alto nivel de salud
sexual, el derecho a la confidencialidad, el derecho a la autonomía en
el control del cuerpo, a la educación integral, métodos anticonceptivos
y orientación sexual argumentando que los mismos vulneran la Constitución Política del
Estado.
Lo que queda claro es que tenemos una Ley Marco sobre los Derechos Sexuales
y Reproductivos y un Estado signatario de las principales Convenciones
y Acuerdos Internacionales que protegen y promueven estos derechos. Es
muy difícil retroceder la historia con argumentos que caen por su propio
peso ante una realidad donde las mujeres se mueren por causas prevenibles,
donde las tasas de embarazo adolescente son preocupantes, donde el VIH-Sida
ya tiene característica de epidemia y donde el aborto es la tercera causa
de mortalidad materna en un país que tiene la más alta tasa del mundo.
Es muy difícil retroceder cuando las y los jóvenes tienen voz y pelean
por sus derechos, donde los movimientos de mujeres y feministas son las
interlocutoras principales, para promover políticas publicas en salud
sexual y reproductiva con un enfoque de derechos, donde la representación
y el poder de la Iglesia Católica y otras expresiones
religiosas han dejado de tener poder para normar la vida de las personas.
Aplicar la Ley con todo lo que ello con lleva en forma y en contenido,
es sólo cuestión de tiempo; y, el tiempo históricamente ha dado la razón
a quienes de manera inequívoca han luchado por todos los derechos de las
mujeres.
Notas
1. República de Bolivia. H. Cámara De Diputados. Proyecto
Ley Marco sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos, La Paz, Abril,
2004.
2. Ministerio de Desarrollo Sostenible, Viceministerio
de Planificación: Declaración de Principios sobre Población y Desarrollo.
CODEPO, La Paz, Bolivia, Marzo, 2004.
3.El presidente de la República observó la Ley y no la veto, como
solicito el Arzobispo de La Paz, Edmundo Abastoflor y Vicepresidente de
la Conferencia Episcopal Boliviana en carta enviada, al presidente de
la República en fecha
11 de mayo señalando: “ que interponga el veto a dicha Ley Marco, conforme
se lo faculta la Constitución Política del
Estado. Con el veto se podrá elaborar, con un correcto proceso democrático,
un nuevo proyecto de Ley, más respetuoso de los auténticos valores del
pueblo boliviano, de la iglesia y de otras denominaciones religiosas”.
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