1. Aborto clandestino, una forma de inequidad y exclusión.
   Por Delicia Ferrando.

2. La opinión pública sobre el aborto en Argentina.
   Por Mónica Petracci.
3. Por la vida: aborto legal y seguro.
   Por Cecilia Olea
4. Uruguay: Logros y Desafíos de la
   Campaña a Favor de la Ley de Defensa de la Salud Reproductiva.
   Por Alejandra López.

5. El aborto: Un problema de salud pública, un asunto de justicia social y un derecho individual.
   Entrevistas a Ivone Gebara (Brasil), Juan Guillermo Figueroa (Mexico), Esperanza Cerón (Colombia) y Ximena Machicao Barbery (Bolivia).

Artículos 

Aborto clandestino, una forma de inequidad y exclusión.

Por Delicia Ferrando

El deseo de las mujeres y parejas de tener cada vez menos hijos se traduce en una disminución paulatina y sostenida de la fecundidad en toda América Latina como lo revela el hecho que en la segunda mitad del siglo XX el promedio de hijos por mujer se redujo a menos de la mitad (de 6.0 en 1950 a 2.7 en el 2000 [1] ). Esa es la tendencia general en todos los países de la región aun cuando el ritmo y la velocidad del cambio son diferentes entre países.

En la materialización del deseo de una familia pequeña el  uso de métodos anticonceptivos juega un rol principal. Como se sabe, esta práctica comenzó en las ciudades grandes y entre las parejas y mujeres más pudientes. Más tarde y en forma progresiva se ha expandido a otros sectores de la población aunque todavía se está muy lejos de llegar a satisfacer toda la demanda.

En efecto, hay diferencias notables en la práctica anticonceptiva por sub grupos de la población debido a barreras individuales, familiares y sociales, entre las cuales la principal y de mayor peso es el desigual acceso a fuentes de información y suministro que es escaso en las zonas periféricas y pobres de las áreas urbanas así como en las áreas rurales  Como resultado, miles de mujeres se embarazan sin desearlo y muchas de ellas optan por interrumpir voluntariamente el embarazo.

También la forma en que las mujeres terminan un embarazo no deseado es diferente, lo cual pone de manifiesto una forma de inequidad y exclusión en el acceso a servicios para el cuidado de la salud.  Dos variables clave ilustran la situación: a)  El nivel socioeconómico (clasificando gruesamente a las mujeres en pobres y no pobres) que representa la capacidad de pagar con dinero atención profesional especializada; y b) la residencia urbana o rural de la mujer que implica la disponibilidad geográfica de establecimientos de salud de diferente capacidad resolutiva;  así como de profesionales de salud.

En general, se puede afirmar que como en América Latina el aborto es ilegal, excepto en Cuba y Puerto Rico, sólo las mujeres con mayores recursos económicos, educativos y de información tienen un aborto practicado en condiciones seguras, mientras que la inmensa mayoría va a personal menos calificado, a personas empíricas o se manipulan ellas mismas poniendo en peligro su salud y su vida.

Un estudio publicado por Alan Guttmacher Institute [2] (AGI) examina la experiencia del aborto provocado en seis países de América Latina revelando que su magnitud, unos cuatro millones por año en la región, es mucho mayor que el que reconocen las estadísticas oficiales (que no llegan a 500 mil).

La mayoría de abortos inducidos tiene como protagonista a mujeres urbanas de escasos recursos porque las mujeres rurales lo practican menos y las mujeres urbanas con recursos tienen más fácil acceso a métodos anticonceptivos temporales o definitivos que les permiten prevenir un embarazo no deseado disminuyendo en ellas la necesidad de recurrir a interrumpirla voluntariamente. En otras palabras, estos dos grupos de mujeres tienen menos probabilidad de provocarse un aborto inducido. Las mujeres pudientes porque lo necesitan menos y las mujeres rurales porque entre sus patrones reproductivos no tienen mucho espacio para la práctica del aborto. Los proveedores de servicios de salud e investigadores que conocen el tema opinan que ellas no se hacen abortos: “Aceptan su realidad y aunque el hijo sea del hermano de su marido, de su propio padre, de su propio hermano o de su padrastro, lo tienen nomás”; “son muy estoicas (las mujeres rurales), están preparadas para sufrir y se llenan de hijos” [3].

La desigualdad en la disponibilidad de medios económicos y  en el acceso geográfico a  proveedores de servicios y establecimientos de salud marca la diferencia en  la práctica del aborto inducido. De acuerdo a datos recopilados por investigadores de América Latina y que fueron la base para la publicación del  Instituto AGI, entre las mujeres pobres en áreas urbanas y rurales, personas no calificadas, incluyendo a las propias mujeres, realizan más de  la mitad del total de abortos inducidos (algo más de la mitad en Brasil, Perú y Chile y un poco menos en Colombia, México y República Dominicana). En contraste,  más de tres cuartas partes de mujeres con recursos económicos; es decir no pobres en las áreas urbanas (y más de la mitad de las no pobres rurales en Brasil México, Chile y Colombia), son atendidas por médicos. La excepción se da en el Perú donde las mujeres rurales no pobres tienen más posibilidad de ir a un proveedor no capacitado que a un médico, básicamente por la dificultad de acceso a información y servicios de salud, así como a profesionales de la salud.

Debido a que los proveedores que atienden a los diferentes grupos de mujeres tienen distintos niveles de calificación y algunos no tienen capacitación ninguna, el costo del procedimiento difiere entre mujeres urbanas y rurales y entre pobres y no pobres. Se afirma que lo que se paga está en directa relación con la seguridad médica del procedimiento. Mientras menor el costo tanto más la inseguridad a la cual las  mujeres están expuestas. Las mujeres pudientes pueden pagar cifras exorbitantes que puede superar los mil dólares; mientras que las mujeres pobres invierten un máximo de 50 dólares (cuando van a un profesional),  tres dólares si  compran yerbas y entre 20 y 30 dólares si acuden a un empírico.

En realidad, cuando se habla del aborto médico,  entre las mujeres pudientes hay básicamente dos procedimientos modernos básicos y seguros que se emplean para interrumpir un embarazo: La aspiración manual endouterina (AMEU) y la dilatación quirúrgica y curetaje (D&C). Ambas deben realizarse en consultorios médicos o en clínicas convenientemente equipadas. En cambio, las mujeres pobres utilizan una extensa variedad de métodos, formas y procedimientos.  Sólo una pequeña proporción tiene acceso a técnicas seguras siendo más frecuente que usen métodos populares o que acudan a personal empírico o se manipulen ellas mismas. Entre los métodos que usan las mujeres pobres de la ciudad y el campo figuran la introducción vaginal de sondas o catéteres con soluciones (caústicas, agua salada, con detergentes, lejía, alcohol o cualquier infusión de hierbas) o sin soluciones y de objetos sólidos diversos (como palitos de tejer, tallos, pequeñas ramas de plantas que se piensa tienen propiedades abortivas).

Según los datos básicos del estudio de AGI, las obstetrices y enfermeras cobran menos que los médicos, pero no hay forma de saber si esto significa menor seguridad en el procedimiento en comparación con la que ofrecen los médicos. Como quiera que ellas hacen menos abortos, se podría pensar que tienen menos experiencia, pero también existe el prejuicio que las obstetrices tienen un nivel profesional inferior al de los médicos por lo que sus honorarios deben ser menores. Sin embargo, en el Perú se encontró que las mujeres de escasos recursos, e inclusive las de clase media prefieren atenderse con una obstetriz por el mayor tiempo que les ofrecen y por la calidad y calidez de la atención que les brindan [4] .

En años recientes, las técnicas para provocar un aborto inducido han variado de menos seguras y peligrosas a más eficientes. Se practica más la aspiración por vacío, pero también se ha expandido a todos los sectores de la población la práctica del aborto no médico mediante el uso vaginal u oral, o combinado de prostaglandinas (medicamento desarrollado para curar la úlcera gástrica pero que tiene como efecto secundario el producir contracción uterina). De acuerdo a los expertos, este producto utilizado bajo un protocolo adecuado tiene una tasa de éxito relativamente alta. En Brasil y Colombia ya se usaba en 1990, pero en el Perú se difundió en 1998 [5] y ahora es común en todo el país. Puede ser  autoadministrado o aplicado por profesionales de la salud y por personas empíricas. La gran mayoría de proveedores y mujeres, sin embargo, no conoce la dosis exacta que eliminaría la necesidad de recurrir a la utilización de un procedimiento para completar la evacuación de restos ovulares.

Las complicaciones dependen de quién realiza el procedimiento. En ese sentido, la probabilidad se consideró mucho más elevada si la mujer se provoca el aborto ella misma o acude a una persona empírica sin capacitación, que si es atendida por un médico por una obstetriz o una enfermera. El estudio de AGI muestra que entre un 50% y un 60% de las mujeres que se inducen el aborto ellas mismas o con personas no calificadas sufrirán alguna complicación, versus un riesgo de complicación estimado entre 20% y 30% para las mujeres atendidas por obstetriz y uno muchísimo menor (7% a 14%) para quienes son atendidas por médico.

El mismo estudio señala que según estimaciones del riesgo general de complicaciones para los tres grupos de población, las mujeres pobres tienen más problemas. Se cree que más de cinco de cada 10 mujeres rurales pobres  y cerca de cuatro de cada 10 mujeres urbanas pobres, comparadas con poco más de una de cada 10 mujeres urbanas de altos ingresos tiene complicaciones por un aborto inducido. Este mayor riesgo se debe a que reciben atención de personas no calificadas, a que son tratadas con métodos menos eficaces  o a que se manipulan ellas mismas. La alta tasa de complicación entre las mujeres pobres urbanas o rurales se traduce también en una mayor tasa de mortalidad materna por aborto en estos grupos de mujeres mientras que dichas  muertes por causas prevenibles no se dan entre mujeres con recursos económicos.

Para el tratamiento de complicaciones, por lo general las mujeres pobres casi exclusivamente van a hospitales públicos (entre 93% y 100%), aún cuando antes de llegar al hospital intentan resolver (exitosamente o no) la complicación por otros medios. Es improbable que las mujeres pudientes vayan a hospital público. Ellas van a médicos privados o a clínicas privadas. La situación en las áreas rurales es difícil por la ausencia de establecimientos y de profesionales de salud capacitados. 

Conclusión

A pesar de ser ilegal, la práctica del aborto inducido  es común en la región no así las condiciones en las que se produce que difieren según el nivel socioeconómico de la mujer y su lugar de residencia urbana o rural. Los hechos muestran formas abiertas de inequidad en el acceso a servicios de salud de calidad y a personal calificado para la terminación de un embarazo no deseado. Para las mujeres pudientes de la ciudad, el aborto es un evento que ocurre en la mayor privacidad con atención calificada y en ausencia de dolor físico; mientras que para las mujeres pobres la terminación voluntaria del embarazo está cargada de sufrimiento físico y psicológico dado que es  un proceso largo que involucra a más de una persona e implica, por lo general, varios intentos que van desde el uso de yerbas hasta terminar con un empírico o técnico en salud. Se sabe que las mujeres pobres son víctimas de abusos por parte de personas inescrupulosas que exigen favores sexuales a cambio de atención. Y todo ello en su afán desesperado por poner término a un embarazo no deseado.

Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos y son para todas las personas. Y esta situación de inequidad revela que en este aspecto los derechos mencionados y suscritos por todos los países de la región son letra muerta. Información y servicios en planificación familiar son imprescindibles para evitar embarazos no deseados. Información y atención adecuadas atendiendo al marco legal vigente en cada país debe ser provista cuando la mujer se enfrente a un embarazo no deseado, siempre respetando sus derechos sexuales y reproductivos, sus derechos humanos.

[5] Ferrando, D. (2004) El aborto Clandestino en el Perú. Nuevas evidencias. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan y Pathfinder International, (en prensa).

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Sobre la autora
Delicia Ferrando es Antropóloga y demógrafa. Investigadora de temas de población y salud reproductiva.  Trabaja para Pathfinder International y es docente universitaria.

La opinión pública sobre el aborto en Argentina. 

Por Mónica Petracci

El presente trabajo intenta ser un resumen y muestra extractos del libro de la investigadora argentina Mónica Petracci,  titulado “Salud, derecho y opinión pública”, en especial del Capítulo “La opinión pública sobre el aborto”  el mismo que contiene capítulos sobre: 1. La opinión pública, 2. La salud sexual y reproductiva en América Latina  y el Caribe, 3. La salud y los derechos sexuales y reproductivos: El caso argentino, con temas referentes a su investigación y análisis sobre la opinión pública y el aborto. Señala la autora que la salud y los derechos sexuales y reproductivos ingresaron al debate en América Latina fundamentalmente en los años noventa. Mónica Petracci, ilustra esta problemática con  el caso argentino.

Los hallazgos de sus estudios sobre la opinión pública evidenciaron un fuerte consenso sobre el respeto  a esos derechos y la necesidad de políticas que aseguren la igualdad de oportunidades en el acceso a la información y los servicios de salud. Petracci  trabaja sobre la opinión pública en dos áreas controvertidas, el aborto y el vih/sida, en el contexto mayor de las relaciones entre comunicación y salud.   

Sobre el aborto, mediante resultados, explica las formas de expresarse a favor y en contra, expresiones casi siempre coincidentes desde diversos actores, y que al detalle contienen diferencias que son muy ilustrativas tanto para tomadores de decisiones como para activistas a favor del aborto. 

Veamos varios aspectos conceptuales que desarrolla la autora como parte del marco  para las  investigaciones, hallazgos, interpretaciones y conclusiones del trabajo que da título a este artículo.

La opinión pública

En el concepto de opinión pública confluyen varias cuestiones: una sólida discusión teórica sobre su posición en el modelo de interpretación de la sociedad que se adopte; otra sólida discusión sobre sus propiedades estables o volátiles, basadas (o no) en un sistema de valores y creencias compartidas; un intento constante por su definición, dada la gran cantidad de definiciones existentes; el contraste entre los problemas por los cuales surgió y su uso actual; la importancia alcanzada dentro de las ciencias sociales y de otras disciplinas , y el interés político y social provocado por sus datos. Sobre cada cuestión existe profusa bibliografía.

El desafío permanente de un/a investigador/a de la opinión pública es encarar dos análisis: el del nivel colectivo y el de nivel individual. La comprensión de este fenómeno social es inseparable de los escenarios macrosociales, de los procesos culturales, políticos y sociales en los que se forman los públicos alrededor de temas de interés común, de las negociaciones entre los actores sociales involucrados, de los hechos cuyo desencadenamiento instala un tema en la agenda pública y quizás un debate y también, de la formación de opiniones sobre cuestiones públicas. Los estudios de opinión pública analizan opiniones, actitudes, comportamientos, valores, y representaciones sociales. Habitualmente todas estas dimensiones integran una sola investigación, pero también las hay específicas.  

Un estudio sobre comportamientos actuales de la población como el de las prácticas sexuales frente a la epidemia del vih/sida, o el aborto, puede fundamentar el diseño de una estrategia comunicacional o bien convertirse en un insumo para formular e implementar políticas públicas basadas en el conocimiento de las necesidades y las demandas de la sociedad en general o de un sector. Refiere Petracci que conocer el estado de opinión pública sobre una política, medida o acción de gobierno  aporta a su legitimación.             

La opinión pública sobre el aborto

El aborto es una decisión costosa y un tema socialmente controvertido que puede ser analizado desde distintas facetas. Desde la perspectiva de la legislación, un análisis comparado de las legislaciones sobre aborto y su relación con la situación epidemiológica muestra ”que no existe una relación lineal entre las legislaciones y la incidencia del aborto. Las legislaciones influyen más bien en las condiciones en que los abortos son practicados, y en el grado de riesgo. Las legislaciones restrictivas tienen menos que ver con el número de abortos que con el de las muertes maternas” (Pecheny, 1998 y 2001).

El silencio y el estigma que lo acompañan impiden que sus cifras se conozcan con exactitud. Aunque parece haber jugado un papel fundamental en el temprano descenso de la fecundidad en la Argentina y contribuido a que ésta se mantuviera en niveles moderados o bajo, y aun cuando se reconoce que resulta una práctica muy extendida, es muy poco lo que se conoce sobre su incidencia, las condiciones en que tiene lugar y las consecuencias médico-sociales que acarrea (Hablan y Ramos, 1989; Torrado, 1993). No obstante la falta de datos confiables respecto de la magnitud del aborto inducido, algunos especialistas han estimado que se producirían entre 335 mil y 400 mil abortos por año (Checa y Rosemberg, 1996). En cuanto a la morbilidad por aborto, la única aproximación para su estimación puede realizarse a través de la información sobre egresos por complicaciones de aborto en establecimientos públicos. En 1990, los egresos por esta causa fueron 53.822 en todo el país; en 1995 esta cifra fue similar (53.978). En el año 2000, se registraron 78.894 egresos, lo cual significa un aumento del 46%. En la actualidad, el 33% de los egresos hospitalarios por causas obstétricas -excluyendo el parto normal- se debe a complicaciones de abortos. El notable aumento de las hospitalizaciones por aborto en los últimos años da cuenta de la alta incidencia del aborto inseguro y permite hipotetizar que, entre otras cosas, la crisis económica ha llevado a mayor número de mujeres a interrumpir el embarazo en condiciones riesgosas, tratándose en algunos casos de mujeres de sectores de clase media que antes accedían a abortos seguros (Cedes,  2003).

Los sondeos de opinión que se analizan tuvieron como objetivo conocer la opinión sobre el aborto a partir de una pregunta sobre la legislación –que fue enfocada de diferentes maneras- y de una batería de preguntas sobre la interrupción voluntaria de la gestación en diferentes circunstancias hipotéticas [1] .

Hallazgos

En primer lugar presenta los resultados obtenidos en un estudio realizado por el Concejo Nacional de la Mujer en 1994, durante la crítica discusión social sobre el aborto que se dio en el país. Es el único estudio en el cual el objetivo es preguntar por el grado de acuerdo con la legislación del aborto, a diferencia de los restantes que consultaron por la despenalización. En segundo lugar se reflexiona sobre los resultados de un estudio de opinión realizado dos años después, en el marco de una investigación que buscó comprender la formación de las opiniones públicas en diferentes escenarios sociales e indagó tanto la opinión personal cuanto la evaluación del clima de opinión. En tercer término se presenta el estado de la opinión de un sector específico de la opinión pública y, a su vez, actor social privilegiado en las cuestiones reproductivas: los/as ginecólogos, obstetras y tocoginecólogos. Finalmente presenta un sondeo de opinión realizado en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires en los meses de julio y agosto del 2003 (ver “Los sondeos de opinión más recientes: una respuesta a la embestida contra la salud reproductiva en la justicia”).

Varias son las diferencias metodológicas de estos cuatro estudios. Con respecto a la técnica de relevamiento, todos emplearon una encuesta, si bien en tres casos la situación de entrevista fue cara a cara (1994, 1998, 2003) y en uno fue telefónica (1996). Con relación a las muestras, sólo son probabilísticas las realizadas en 1994, 1996 y 2003. En el caso de los profesionales de la salud, el número promedio de médicos/as de los veinticinco hospitales que aceptaron participar en el estudio es 806 (número que resulta de las cifras, no siempre coincidentes, suministradas por el jefe/a del servicio en el primer contacto y la planilla completada por el recolector/a en el trabajo de campo). Se contactó a 561 (total efectivo de profesionales que se les entregó la encuesta incluyendo las encuestas perdidas (85) y los rechazos,  y respondieron 467. La tasa de respuesta fue 83,23%. En cuanto a los/as entrevistados, dos estudios trabajan con la población general (1996, 2003), uno con mujeres y otro con médicos/as (1998).

La opinión de las mujeres, 1994

En el contexto del debate sobre el aborto de 1994, el Consejo de la Mujer realizó una encuesta para conocer, entre otros temas, la opinión de las mujeres residentes en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, sobre anticoncepción e interrupción voluntaria de la gestación. Los resultados muestran que algo más de la mitad de la muestra (57%) consideró que la legalización del aborto es correcta. Esta postura registró un crecimiento significativo entre las mujeres con hijos/as (70%), las mujeres de nivel educativo secundario (67%) y terciario /universitario (62%), las mujeres de mayor nivel económico social (69%) y las mujeres que trabajan fuera del hogar (68%). Por otro lado, una amplia mayoría (76%) dijo estar en desacuerdo con el hecho de que una mujer que haya abortado deba ir presa por ello.

Existe un amplio consenso en la aceptación del aborto como consecuencia de un embarazo producido por una relación sexual en la cual hay violencia, ya sea una violación o un embarazo resultante de un familiar cercano, consanguíneo. (Podemos pensar que esta última situación puede ser un caso específico de violación). Por otro lado, también existe consenso con relación a la aceptación del aborto en situaciones en las cuales la descendencia presentaría problemas de atraso mental o problemas físicos incurables. También hay consenso cuando está en peligro la vida física y/o psíquica de la madre. Existe un fuerte consenso en el rechazo al aborto cuando media la decisión autónoma de una mujer en la búsqueda de una vida que le resulta más cómoda, más segura, o más placentera. Las posturas en contra del aborto crecen significativamente entre las mujeres de 30 a 39 años, de menor nivel económico-social y de educación primaria, tendencia también constatada en otras temáticas en las cuales las personas de menor nivel educativo expresan opiniones, por así decirlo, más cercanas a la moral tradicional.

Al tomar en cuenta los casos que no contestan o no saben que contestar, el grado de acuerdo con las doce situaciones planteadas dio lugar a la presencia de cuatro grupos de respuestas. Se denominan “posturas fuertes” a las opiniones sobre las situaciones planteadas en las cuales la tasa de respuestas es alta y siete o más de cada diez entrevistadas optó por el acuerdo o el desacuerdo. En cambio se denominan “posturas indefinidas” a las opiniones sobre las situaciones planteadas en las cuales una proporción del 20% o más no supo que contestar o no respondió. La opinión de las mujeres que consideran correcta la legalización del aborto (57% de la muestra) mantiene, dentro de la tendencia general planteada, una diferencia significativa a favor de los acuerdos. Resultados similares se encontraron en otros estudios.

Otros resultados: Opinión personal y clima de opinión  

Al ser consultados sobre su opinión personal, el 56% de los entrevistados/as estuvo de acuerdo con la despenalización del aborto .Esta postura mayoritaria fue enfatizada por los entrevistados/as de 40 a 59 años (62%). Como contrapartida, 4 de cada 10 se manifestaron en contra. El 3% no supo  que responder y el 1% opto por no contestar.

Al consultar por el clima opinión – la opinión acerca de lo que piensa la mayoría con independencia de la opinión propia – aumentó la no respuesta: el 14% no supo que responder y el 1% no contestó. Algo más de la mitad de la muestra (52%) contestó que la mayoría de la población estaba en desacuerdo con la despenalización del aborto. El 33% , especialmente las mujeres (38%), evaluó, en consonancia con la postura mayoritaria, que la mayoría acuerda con la despenalización. Esta evaluación “correcta” del clima de  opinión no resulta llamativa dada la experiencia directa de las mujeres con el aborto, ya que si hay algo que sigue ocurriendo a través de la historia es que las mujeres  –con independencia de las diferencias culturales, socioeconómicas, religiosas– buscan terminar sus embarazos no deseados y que muchas de ellas aun tienen que padecer abortos inseguros.

El 79% de los entrevistados que desacuerda con la despenalización del aborto considera que la opinión pública también opina de esa manera. El grupo que está de acuerdo con la despenalización percibe correctamente el clima de opinión pero su postura es menos consolidada: 5 de cada 10 perciben  correctamente el clima de opinión mientras que 5 de cada 10 desvalorizan su posición. Así como el primer grupo sobrevalora su postura, en la posición menos consolidada del último puede estar operando una evaluación del clima de opinión basada en un criterio normativo  que,  al desafiar una norma vigente, fuertemente instalada en la sociedad y que puede llevar implícita una sanción, subestima su propia fortaleza (Petracci y Szulik ,1999).

Resultados con periodistas

El análisis de los datos de la encuesta mencionada en  la sección anterior se complementó, para este escenario, con un abordaje basado en la aplicación  de entrevistas semiestructuradas a periodistas de distintas secciones de los principales medios gráficos del país, dado que las notas sobre aborto atraviesan varias secciones de los diarios, desde las que cubren noticias sobre el Episcopado hasta las de opinión, política o salud. Además se analizo un corpus constituido por los artículos periodísticos sobre aborto publicados en el diario Clarín durante 1999 y 2000. Obviamente, el análisis de un corpus y su recepción, la comparación entre los distintos medios y la inclusión de la televisión hubiera resultado importante pero excedía los recursos y tiempos de esa investigación. 

Los profesionales de los medios gráficos entrevistados consideraron que en la divergencia existente entre la opinión personal y la percepción del clima de opinión respecto de la despenalización del aborto, la visión sobrevalorada es identificada con la postura  de los actores más conservadores- autoridades y sectores eclesiásticos- quienes poseen mayor peso institucional y monopolizan la atención de los medios. Ello produce un desplazamiento de los grupos partidarios de la despenalización a los ámbitos mediáticos en los que se privilegia a su compromiso ideológico. Según un  entrevistado: Hay una valoración negativa de la mujer que aborta. Esta instalado el discurso de defensa de la vida, a diferencia de lo que ocurre en el debate por la seguridad donde la vida no vale nada.

La opinión de los/as médicos, 1998

En 1998, se realizó un estudio destinado a conocer las opiniones sobre anticoncepción, aborto y derechos de los médicos/as que se desempeñan en los servicios de ginecología, obstetricia y tocoginecología de los quince establecimientos asistenciales que administra y financia el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires y en catorce hospitales generales  y materno – infantiles de seis partidos seleccionados de la provincia de Buenos Aires.  Dados el carácter exploratorio – descriptivo del estudio y sus objetivos específicos, se trabajó con un diseño basado en la complementación  de métodos. Se aplicaron tres técnicas de relevamiento: entrevista semiestructurada a los jefes /as de los servicios (médicos/as de planta, médicos/as de guardia y residentes) y grupos focales también con el personal permanente de los establecimientos contactados (Ramos et al, 2001). El conocimiento de las opiniones de los toco ginecólogos/as es relevante dado el papel crucial que desempeñan en la atención y prevención de la salud reproductiva y, por ende, por la posibilidad de promover los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, la experiencia internacional muestra la importancia del rol de los médicos/as en todo proceso de liberación de leyes y reglamentos sobre el aborto (FIGO,OMS,1997).

El 65% de los/as profesionales opinó que el aborto era un problema muy relevante para la salud pública y también una amplia mayoría priorizó la puesta en marcha de acciones puntuales como, por ejemplo, la implementación de programas de asesoramiento anticonceptivo postaborto (71%) o bien, en otro orden, la promoción del debate público sobre este tema (48%). Ocho de cada diez manifestó su acuerdo con la frase “la despenalización del aborto contribuirá a reducir la mortalidad materna” (79%).

A través de la siguiente pregunta: para cada una de estas situaciones ¿se encuentra de acuerdo o en desacuerdo con la interrupción voluntaria de la gestión? Se plantearon once situaciones. Los resultados fueron los siguientes:

• Fuerte acuerdo con la interrupción del embarazo: si una mujer idiota o demente quedó embarazada debido a una violación (82%); si el feto tiene una malformación incompatible con la vida extrauterina (81%); si la vida de una mujer corre peligro debido al embarazo o el parto (80%); si una niña menor de 15 años; si una mujer quedó embarazada debido a una violación (75%)
  
• Fuerte desacuerdo con la interrupción del embarazo: si una mujer piensa que un hijo/a le ocasionará inconvenientes para el desarrollo de su vida laboral/profesional(84%); si una mujer ha sido abandonada por su pareja (80%); si una mujer carece de recursos económicos (78%); si una mujer quedó embarazada porque falló el método anticonceptivo (77%); si una mujer no desea ese hijo/a (66%); si la salud mental de una mujer se ve afectada por el paro y/o la crianza del niño/a (58%).

Los resultados obtenidos mantienen una tendencia semejante a la observada en las mujeres con respecto a los acuerdos y desacuerdos sobre la práctica del aborto pero, en el caso de los médicos/as esas posturas se polarizan debido a la menor ausencia de respuesta. Según Petracci, incide en ello una cuestión metodológica. Mientras que las mujeres fueron entrevistadas cara a cara, los médicos/as contestaron, con más tiempo, un cuestionario autoadministrado.

La opinión pública en 2003  

Tal como se señaló previamente, en el contexto de las presentaciones en la justicia realizadas para impedir la implementación del Programa Nacional de salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud, creado a partir de la sanción de la Ley 673/02, y el intento de una jueza nacional de la provincia de Córdova de prohibir la producción y venta de anticonceptivos y dispositivos intrauterinos (DIU) en todo el país, tres organizaciones de la sociedad civil consideraron la necesidad de realizar un estudio de opinión pública sobre salud y derechos sexuales y reproductivos.
Los resultados fueron los siguientes:

• Fuerte acuerdo con la interrupción del embarazo: si una mujer demente o discapacitada quedó embarazada debido a una violación (88%); si el feto tiene una malformación incompatible con la vida extrauterina (84%); si una menor de 15 años quedó embarazada debido a una violación (82%); si una mujer quedó embarazada debido a una violación(81%) si la vida de una mujer corre peligro debido al embarazo o al parto (81%); si la salud de una mujer corre peligro debido al embarazo o al parto (72%); si la salud mental de una mujer es afectada por el parto y/o la crianza del niño/a (58%).

• Fuerte acuerdo con la interrupción del embarazo: si la mujer quedó embarazada porque falló el método anticonceptivo (66%); si la mujer no quiere tener ese hijo/a en ese momento de su vida (61%); si la mujer y su familia carecen de recursos económicos para criar al hijo/a (59%).

Entre los/as entrevistados/as que concurren al menos una vez al mes a la iglesia – teniendo en cuenta que el 76% de la muestra se manifestó católico- una gran mayoría estuvo de acuerdo con la interrupción del embarazo en las siguientes situaciones: si una mujer demente o discapacitada quedó embaraza debido a una violación (81%): si el feto tiene una malformación incompatible con la vida intrauterina tiene una malformación incompatible con la vida extrauterina (76%); si una menor de 15 años quedó embarazada debido a una violación (75%); si una mujer quedó embarazada debido a una violación (74%); si la vida de una mujer corre peligro debido al embarazo o al parto (74%); si la salud de una mujer corre peligro debido al embarazo o al parto(64%); si la salud mental de una mujer es afectada por el parto y/o la crianza del niño/a (49%).

Sobre la discrepancia de las opiniones en cuanto a la práctica en sí y a la normatividad legal que había sido señalada respecto de los/as profesionales de la salud, un estudio realizado en Córdoba señala que: “Si bien la mayoría de los individuos tiende a concebir la legislación en función de sus valores morales, no siempre es así para todas las personas. Un sector numéricamente significativo de la población adopta la posición aparentemente contradictoria de rechazar al aborto moralmente y aceptar una despenalización amplia de esta práctica por motivos – inferimos – diversos a la moralidad/inmoralidad del acto” (Lista 1996:235)

Cierre

Dos de los estudios consultaron la opinión sobre la legislación. En un caso la pregunta fue por la legalización (1994) mientras que en el segundo fue por la despenalización (1996); Los hallazgos provenientes de los sondeos evidencian que la opinión pública optó por las posiciones menos restrictivas con relación al aborto y que esas opiniones se mantuvieron estables: También se registró un disenso entre la opinión personal y la percepción del clima de opinión: una mayoría simple de entrevistados/as opina a favor de la despenalización pero percibe que la mayoría está en desacuerdo con esa postura.

El acuerdo mayoritario con la despenalización no está acompañado por una postura a favor de la interrupción del embarazo en cualquier tipo de situación. Frente al planteo de un conjunto de circunstancias en las cuales una mujer embarazada podría querer interrumpir el embarazo, el acuerdo es intenso en las situaciones de violación y de riesgos par la salud física, y en menor medida psíquica, de la mujer.

Por el contrario, el desacuerdo supera al acuerdo en todas aquellas situaciones que podrían ser denominadas “motivos selectivos” ( si la mujer fue abandonada por la pareja, si la mujer quedó embarazada por que falló el método anticonceptivo, si la mujer carece de recursos económicos par la crianza del futuro hijo/a, si la mujer no desea tener ese hijo/a. Resultados similares sobre la distinción de motivos y circunstancias en los cuales se acuerda ( o no) con el aborto fueron reportados por estudios realizados en otros países tanto entre la población general como entre los profesionales de la salud .

Todo aquello indica la necesidad de realizar periódicamente mediciones del estado de la opinión pública sobre este tema y, en ese sentido, es el propósito de esta recopilación de datos convertirse en una fuente de futuras comparaciones. Respecto de la investigación por encuestas, es conveniente arribar a un acuerdo entre las/los investigadores acerca del fraseo de las preguntas sobre despenalización del aborto e interrupción voluntaria de la gestación, de manera que, al menos en ese aspecto, la comparación de los resultados sea posible. También, para mejor preguntar y, básicamente para mejor comprender la diferencia existente entre la “opinión” y la “decisión individual” se torna imperioso realizar diseños cualitativos (Petracci, 2002).

Por la vida: aborto legal y seguro.

Por Cecilia Olea

En 1990, durante el V Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe realizado en Argentina, se organizó un Taller sobre aborto en el cual se acordó organizar la Campaña 28 de Septiembre Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Nos propusimos ser un espacio de alerta sobre las consecuencias que el aborto clandestino e inseguro tiene en la vida de las mujeres.

La campaña durante estos catorce años de existencia ha estado coordinada por Católicas por el Derecho a Decidir, por el Grupo de Información en Reproducción  Elegida (GIRE – México), por el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM – Bolivia), por la Red Feminista de Salud de Brasil y actualmente por el Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán” de Perú.

Lo que buscamos al organizarnos como campaña es crear espacios donde el tema del aborto sea una prioridad de la reflexión y la acción organizada a fin de colocar el tema del aborto clandestino e inseguro en el debate público y político y formular propuestas para que el Estado atienda esta situación.  En ese camino documentamos la realidad del aborto en nuestros países, dialogamos con otros actores sociales involucrados en la problemática y establecemos alianzas estratégicas.

Hay puntos focales de la campaña en 19 países de la región: Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, República Dominicana, Haití y Puerto Rico.  Integran la Campaña  Redes de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y los/las jóvenes: el Comité de América Latina y del Caribe de Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM),  la Red de Salud de la Mujer de América Latina y del Caribe (RSMLAC), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Red de Educación Popular Entre Mujeres (REPEM – DAWN), y la Red Latinocaribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos (REDLAC).

Somos una confluencia de organizaciones locales y regionales que unimos nuestros esfuerzos para colocar como prioridad de la agenda la defensa de la vida de las mujeres.

Por qué el aborto es parte de la agenda del movimiento feminista.

Partimos de considerar a la reproducción, es decir al ejercicio de la facultad de reproducirse como una elección y no como un hecho natural o parte del destino de las personas.  Decisión que desde la década de los 60 puede ser regulada de forma segura por las personas.  La cantidad de hijos a tener y cuándo tenerlos es una decisión que debe ser tomada por las personas.  Esto implica una serie de derechos que se expresen en políticas públicas: educación sexual, oferta de métodos anticonceptivos seguros, consentimiento informado, promoción de la responsabilidad frente a la maternidad y la paternidad.

El aborto constituye un recurso del cual las mujeres hacen uso por múltiples causas, pero en todas ellas esta decisión rebela un embarazo no deseado.  Este embarazo no deseado puede ser el resultado de una violación, o referirse a un feto con malformaciones que no lo hacen viable; puede también corresponder a una mujer con riesgo reproductivo elevado (en la cual la gestación puede poner en peligro la vida de la mujer), o deberse simplemente a que no se utilizó métodos anticonceptivos o a que éstos fallaron, y a que la mujer no está en condiciones de asumir un embarazo en ese momento.

Durante los últimos 100 años el aborto ha sido materia de penalización, lo que ha llevado a que las mujeres excluidas por razones geográficas, económicas, sociales, o culturales tengan que realizar una interrupción del embarazo en condiciones clandestinas e inseguras.  Quiero recalcar que hay una diferencia entre la clandestinidad y la inseguridad: en los países en los cuales no está autorizado el aborto las mujeres que tienen acceso a recursos económicos, institucionales y / o culturales pueden realizarse un aborto en condiciones clandestinas pero seguras, mientras que la mayoría de mujeres que están excluidas de acceso a estos recursos lo hacen en condiciones inseguras poniendo en riesgo su vida.   Es así que el aborto clandestino e inseguro se ha convertido en una de las causas de la mortalidad materna.  Como feministas que defendemos los derechos humanos y la democracia, defendemos el derecho a la vida, a la salud y a la libertad, entre otros. Es por ello que afirmamos que la penalización del aborto se convierte en una práctica que atenta contra la vida, la salud y la libertad de las personas.

Por qué el aborto es un tema controversial

El aborto mueve fibras desde lo superficial y lo profundo, remece uno de los pilares básicos sobre el cual descansa el patriarcado y su sistema de género: la represión de la sexualidad de las personas y, en el caso de las mujeres, desafía el dogma que coloca al cuerpo como vehículo de la decisión divina de la procreación.

El ejercicio de la sexualidad es uno de los campos de disciplinamiento / represión de los seres humanos.  Una sexualidad libre, segura,  espontánea, supone / crea / incentiva seres humanos libres y responsables para con sus decisiones, deseos y acciones.  Las personas libres se constituyen en una amenaza para sistemas políticos y sociales que necesitan del sometimiento.  La culpa frente al cuerpo y sus deseos aparece como una forma de disciplinamiento desde el miedo, colocando el deseo en lo abyecto.

El aborto desafía / deconstruye / interpela uno de los pilares del control de la sexualidad.  Decidir interrumpir un embarazo es reconocer que procrearse es una decisión humana y no un mandato / decisión divina.  Es aceptar que el concepto de ser humano, es un concepto cultural y que como concepto cultural ha ido cambiando y seguirá cambiando.

Nuestra meta es lograr que el ejercicio de la sexualidad sea una dimensión de realización y crecimiento como persona humana.  Como lo señalan Amartya Sen y Martha Nussbaum el bienestar de una nación se expresa en el derecho al trabajo, a la educación a la salud y también en la posibilidad que da una sociedad a las personas para soñar y amar.

Desde esta visión nuestra exigencia frente al Estado es que nos den garantías para ejercer la sexualidad como dimensión constitutiva de nuestra identidad como ser humano.  Los obstáculos para el acceso a métodos anticonceptivos, la desinformación sobre la sexualidad, la culpabilidad y sospecha sobre nuestros cuerpos y deseos corporales, la escisión entre cuerpo, afectividad y espiritualidad se convierten en aliados para la existencia de embarazos no deseados.  La penalización del aborto se convierte en el castigo respecto del cual las personas y particularmente las mujeres con mayores obstáculos para el acceso a recursos económicos, institucionales y afectivos debemos responsabilizar a un Estado que se desentiende de su función de garante de derechos y a una sociedad que se niega a aceptar las diversas dimensiones que constituyen la identidad del ser humano.

Sobre la autora
Cecilia Olea, peruana, integrante del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, Coordinadora regional de la “Campaña 28 de Setiembre, por la despenalización del aborto”.
e-mail: cecilia@flora.org.pe

El aborto: Un problema de salud pública, un asunto de justicia social y un derecho individual.

Entrevistas a Ivone Gebara (Brasil), Juan Guillermo Figueroa (Mexico), Esperanza Cerón (Colombia) y Ximena Machicao Barbery (Bolivia) .

Los movimientos de mujeres, en especial el feminista,  llevan ya treinta años de esfuerzos para despenalizar / legalizar el aborto. Nuevos/as actores/as sociales han surgido en el ámbito político, social.  Sabemos que se ha ganado en la visibilización y sensibilización del aborto como problema de salud pública y de derechos humanos. Sin embargo,  al parecer desde el movimiento de mujeres se han usado los mismos argumentos o como algunos señalan,  en este proceso los argumentos y estrategias se han empobrecido, frente a argumentos más contundentes usados en el pasado y  al fortalecimiento de los discursos y estrategias de los conservadores y de la iglesia, en especial la católica.  

De estos temas y de experiencias de los movimientos de mujeres nos habla un grupo de especialistas de distintas disciplinas: Ivone Gebara, filósofa y  teóloga feminista de Brasil, nos da su visión acerca de las posturas de las religiones, expresa las contradicciones de las mismas, enfatiza que “ninguna religión en nombre de su  credo religioso o de sus creencia puede obligar al Estado a tomas posiciones en esta o aquella dirección”. El demógrafo mexicano,  Juan Guillermo Figueroa, describe sus experiencias acerca de las respuestas de la ciudadanía frente al tema del aborto, habla de la ciudadanía religiosa y de la disidencia silenciosa de muchas católicas, que se han replanteado la interpretación de las enseñanzas católicas pero sin confrontar directamente a los sacerdotes pues temen ser expulsadas por estas autoridades masculinas. El énfasis lo coloca en el papel de los  varones frente a la reproducción y el aborto.

Esperanza Cerón, colombiana, Coordinadora General de la Red de Salud de la mujer Latinoamericana  y Caribeña, RSMLAC, (con sede en Chile, que cumple veinte años a favor de la salud integral de la mujer), manifiesta que la postura de la organización que lidera ve el aborto como asunto de derechos humanos, refiere además su visión y estrategias de presente y futuro frente al tema. De otro lado,  Ximena Machicao Barbery, Directora Ejecutiva de CIDEM de Bolivia, da cuenta de la reciente experiencia de su país en los esfuerzos por una Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, que contenía el aborto. La ley fue aprobada en el Congreso de su país, pero detenida en el Ejecutivo,  que atendió  más  bien las presiones de la jerarquía católica y otras expresiones religiosas, que los reclamos de las organizaciones de mujeres. Aunque ella señala que igual la lograrán.

Entrevista a Ivone Gebara, de Brasil

“Falar em legalização e descriminalização não é convidar as mulheres a abortar. E convidar a sociedade a ser mais responsável”

Gostaria de tornar claro que sou filósofa e teóloga feminista. E é a partir desse lugar que assumo minhas posições. Não sou especialista em saúde reprodutiva ou em políticas reprodutivas.

CS:  Sabemos que en  Brasil se han logrado  avances respecto al aborto utilizando el derecho a la salud tanto  a nivel estatal como  local.   Por favor cuéntanos acerca de  este proceso y descríbenos los aspectos más  importantes del mismo.  ¿Cuáles  han sido en tu opinión los principales logros y cuales son los retos pendientes?

Penso que no Brasil estamos trabalhando a questão dos direitos reprodutivos como direitos de cidadania. Isto significa que as pessoas interessadas neste ou naquele problema devem assumir sua responsabilidade pessoal diante de suas decisões. Para decidir é preciso formar-se para aprender a tomar decisões. Por isso muito movimento de mulheres tem desenvolvido uma dimensão educativa na linha da formação pessoal e política das mulheres. Por exemplo, aqui em Recife o grupo feminista SOS corpo - feminismo e democracia têm trabalhado muito na formação de mulheres líderes e de jovens mulheres através de cursos e publicações. Há também um movimento de homens que se chama PAPAI que trabalha na educação de homens em relação a sexualidade. E isto é muito importante.

¿Cuál es tu opinión respecto a la lucha católica-evangélica y como ella influye o no en temas de salud sexual y reproductiva y particularmente  en el aborto.

Cada vez mais estou convencida da importância de considerarmos o Estado como leigo. Nenhuma religião em nome de seu credo religioso ou de suas crenças pode obrigar um Estado a tomar posições nesta ou naquela direção. Nesse sentido creio que o Brasil precisa ter maior clareza sobre isso.

Impressiona-me ver a pressão das instituições religiosas para que se aprove ou se rejeite uma lei em favor de suas convicções. No caso do aborto ou da interrupção da gravidez por motivo de saúde ninguém está obrigado a  fazê-lo se suas convicções religiosas não permitem. Mas, cabe ao Estado garantir a possibilidade legal de decisão para seus cidadãos e cidadãs diante de um ou outro tipo de problema. As leis devem estar acima dos credos religiosos, pautar-se no bom senso político e no bem comum.

¿Cuáles son  los  principales argumentos  usados en contra del aborto desde los movimientos conservadores al interior de la Iglesia ? y ¿desde tu postura ¿cuáles son sus principales debilidades y fortalezas?  

Os movimentos conservadores falam sempre

em princípios. Insistem no princípio de respeito a vida. Creio que neste nível não é possível dialogarmos.

Isto porque todos os grupos falam de respeito a vida. Mas é preciso saber que vive é respeitada. Por exemplo, no caso dos fetos anencefálicos os movimentos conservadores não permitem a interrupção da gravidez (embaraço). E dizem que é por respeito a vida. Mas que vida? E a vida da mãe parece não valer nada porque deve levar adiante um embaraço durante 9 meses sabendo que não há possibilidade de vida para o feto. As posições de princípio são muito contraditórias e nos levam a um circulo vicioso.

¿Qué postura asumes  frente al aborto? ¿Ha entrado en contradicción con tu fe religiosa, en este caso como has resuelto esta contradicción?

Em todas as situações devemos ver a realidade de cada pessoa e de seu contexto. É ela que tem que decidir na medida de suas possibilidades. Creio também que pessoas de sua confiança podem ajudar também neste processo.

A legalização e a descriminalização do aborto são um apelo à responsabilidade e não uma atitude leviana. Falar em legalização e descriminalização não é convidar as mulheres a abortar. Ao contrário, é convidar a sociedade a ser mais responsável pelos filhos e filhas que está gerando e que tem responsabilidade de cuidar. No nível da responsabilidade não vejo nenhuma contradição com minha fé religiosa. Minha fé me convida ao amor ao próximo e a mim mesma como expresões de um Amor maior. E isto é tudo. Pode haver contradição com a política das instituições religiosas, mas isto é parte de nossa condição histórica. Não vivemos sem conflitos.

Entrevista a Juan Guillermo Figueroa, México. 

El asunto del aborto y los varones muestra escenarios algo contradictorios

CS: ¿Por qué deberían apoyar los hombres el aborto? ¿Quieren (algunos) los hombres el aborto? ¿Qué experiencias conoces al respecto?

De entrada pienso que los lenguajes (supuestamente) científicos de la demografía y de la medicina, así como las palabras que utilizamos en lo cotidiano, han legitimado de múltiples formas el pensar la reproducción básicamente en la experiencia de las mujeres.

Con ello dificultan visibilizar las experiencias reproductivas de la población masculina, sin que esta lectura signifique victimizar a los hombres (a quienes prefiero llamarles varones para distinguirlos de hombres como humanidad), ya que tampoco conozco muchos casos en que la población masculina se haya revelado contra dicha exclusión lingüística y disciplinaria por parte de dos de los campos de conocimiento que mas han influido en las políticas publicas que han intervenido sobre los comportamientos reproductivos de las personas que se asume que se reproducen, o sea, las mujeres (al margen de lo contradictorio de este supuesto).

Ahora bien, las múltiples exclusiones que las mujeres han vivido en el ámbito de la reproducción llevaron a que una de las principales demandas del movimiento feminista desde fines del siglo XIX se centrara en la reivindicación de las mujeres a decidir sobre su capacidad reproductiva; es decir, a apropiarse de su propio cuerpo ("mi cuerpo es mío", se ha dicho desde hace tiempo).

Si bien es entendible la importancia que las reivindicaciones reproductivas han tenido en los movimientos de mujeres, también puede afirmarse que ello reforzó que se viera la reproducción como un ámbito básicamente de dicha población. Por ello no es extraño que muchas mujeres demandaran medios anticonceptivos para que ellas mismas controlaran su potencialidad reproductiva, lo que perversamente pudo vincularse con visiones científicas reduccionistas que seguían y siguen viendo la reproducción de forma feminizada.

Por ello se han desarrollado mas métodos anticonceptivos para intervenir sobre los cuerpos de las mujeres, los cuales si bien son un recurso para que muchas de ellas tengan ahora mas control de su capacidad reproductiva (incluso a pesar de un rechazo evidente de sus parejas, por haber perdido el control de este espacio), a la vez las han expuesto en mayor medida a los efectos colaterales de los anticonceptivos.

Adicionalmente se ha dificultado el cuestionar de raíz la necesidad de hacer mas evidente la “presencia masculina” en la reproducción, ya que los varones siguen siendo vistos como actores secundarios que apoyan o deberían "apoyar a las mujeres", lo cual es muy diferente a verlos como parte intrínseca del proceso reproductivo y por ende, como personajes a quienes de manera obvia les compete definirse explícitamente sobre el aborto.

En concreto creo que hay dos formas posibles de ver la relación entre hombres-varones y el aborto: (a) la primera supone que los hombres son actores secundarios de la reproducción y por ende  que pueden ayudar a que las mujeres la vivan en mejores condiciones o bien que no las estorben pero en especial que no la violenten. (b) una segunda lectura posible es pensarlos como parte central de la reproducción (a la par que las mujeres con quienes generan un embarazo) y por ende a quienes les compete de manera directa hacer algo, tanto ante un embarazo no deseado (y que ya inició) como para prevenirlos de manera especifica.

Lo que conozco sobre el aborto y los varones muestra escenarios algo contradictorios: En la década de los ochenta en México hicimos un estudio con varones y mujeres adolescentes preguntándoles por sus historias reproductivas; nos llamó la atención que encontramos varones que reconocían no saber cuantos embarazos habían tenido (o que no estaban seguros) y que además otro porcentaje de los que si sabían tampoco estaban seguros de en que habían terminado dichos embarazos pues habían dejado de ver a su pareja sexual precisamente por el inicio del embarazo (preguntábamos por nacidos vivos, muertos o abortos). Además era significativo que a pesar de ello en total los varones declaraban mas abortos que las mujeres. Una interpretación que le daban las personas que escribieron mas a fondo sobre estos datos es que a los primeros les resultaba mas sencillo hablar del aborto ya que es una conducta por la que no son sancionados socialmente, algo diferente a lo que ocurre con las mujeres.

A principios de los noventa en Brasil se hizo un estudio preguntándole a varones y a mujeres por sus practicas sexuales y los primeros se reconocieron mas liberales que las segundas, sin embargo cuando se les pregunto por el aborto como un recurso de autodeterminación reproductiva la liberalidad de los varones disminuyo y en cambio se incremento notablemente la de las mujeres. La interpretación de las autoras es que los varones nuevamente ven la experiencia del aborto como algo distante y mas propio de las vivencias reproductivas de las mujeres e incluso en este caso dicha autodeterminación la ven como una amenaza para ellos.

A finales de los noventa en Cuba y en Colombia también se hicieron hecho estudios sobre el tema y en ambos casos los varones hablan de esta experiencia como algo mediado por la experiencia de sus parejas y por lo mismo suelen tomar distancia, reconociendo cierta dificultad para hablar de la misma.

El problema es que a pesar de ello otra compañera escribió un libro con el sugerente título (retomado de demandas feministas) de ¿si los hombres se embarazaran el aborto sería legal? Y en el que trata de mostrar como en la historia de México (de 1880 al 2000) han sido hombres los que han normado sobre este tema (básicamente las instituciones de gobierno en “acuerdos de caballeros –como ella los describe- con los jerarcas de la iglesia católica), sin tomar en cuenta de manera clara la postura de las mujeres.
En los últimos cinco años conozco trabajos más recientes de compañeras del grupo de información en reproducción elegida, de investigadoras del Population Council en México y de una investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (FES Zaragoza). En los tres casos los varones hablan de vivir una preocupación real ante el hecho de la interrupción del embarazo, pero no es claro cómo se imaginan evitar la ocurrencia del mismo. Es decir, no es tan directa su posición en términos de que ellos harán algo para evitar embarazos no deseados.

Resumiendo, ustedes preguntan ¿por qué deberían apoyar los hombres el aborto? Creo que más que apoyo, los varones son coautores de la reproducción y por ende corresponsables de darle seguimiento a sus diferentes momentos y opciones.

Uno de los vacíos existentes que se ha ido superando  en los últimos años es la falta de producción de  investigaciones y la obtención de datos respecto a la cantidad de abortos en América Latina y por edades, países etc. ¿Cuál es tu evaluación acerca del uso de las investigaciones?

Mi percepción es que es mínimo el trabajo general de producción de información sobre las experiencias reproductivas de los varones. La demografía y la medicina han desarrollado múltiples indicadores para reconstruir la fecundidad de las mujeres y para medir estadísticamente algunas de las variables que se asumen asociadas con dicha fecundidad, dentro de las cuales esta la anticoncepción y el aborto.

No obstante, casi no conozco (y los he buscado intencionalmente) esfuerzos por generar datos que den cuenta de las vivencias reproductivas de la población masculina, pero centradas en ellos mismos. En la mayoría de los casos se les pregunta por sus parejas y así acaba legitimándose el supuesto de que ellos son personajes secundarios.

En cuanto a la estimación de la incidencia del aborto, me resulta un tema mas distante para lo que investigo, pero creo que la opinión que plasmo en el párrafo anterior condiciona que se siga indagando sobre la población que ancestralmente ha sido sancionada por dicha práctica, con las limitantes de las estimaciones que ya se han documentado.

Si la sociedad viera de manera más obvia que “los varones también se reproducen”, creo que la documentación de los abortos incluso tendría otro significado.

Cómo analizas el proceso de lucha por la despenalización del aborto en tu país (o en otros) ¿Tienes opinión sobre los argumentos usados hasta el momento, cuáles faltan? ¿Qué actores/as sociales deberían participar  más activamente en este proceso y qué tareas deberían asumir?

Tengo la impresión que una nueva veta de investigación y debate político, podría ser el trabajo sobre los derechos de las personas creyentes de diferentes tradiciones religiosas, si bien yo lo trabajo específicamente para los católicos, algo por demás importante en América Latina.

Cuando se analizan a fondo los componentes de la enseñanza de la religión católica se puede comprobar que la jerarquía asumió hace 4 décadas (durante el congreso vaticano segundo) el compromiso de actualizar sus enseñanzas, considerando los avances del conocimiento científico. Este no fue un acuerdo o demanda de alguna comunidad académica ni de las mismas Naciones Unidas, sino que fue un consenso entre los jerarcas de esta institución en un evento que tiene mayor autoridad moral (y por ende normativa) que las opiniones sueltas del mismo papa o de los sacerdotes de cualquier nivel.

Al tomar esto como referencia, vale la pena cuestionarse de qué manera la iglesia ha tomado en cuenta lo que se sabe sobre la perspectiva de género, como uno de los avances de la ciencia mas importantes y paradigmáticos de los últimos años, así como sus implicaciones en la necesidad de reivindicar los derechos de las mujeres. Otro elemento interesante es que dentro de la teología católica, con sus mismos recursos científicos como la hermenéutica, hay autores que han llegado a la conclusión de que no hay certeza teológica sobre la necesidad de sancionar moralmente el aborto. Si dicha certeza no existe en un ámbito donde además no hay dogmas (como si los hay en cuestiones de fe), hablar de certezas (por ejemplo la amenaza de excomunión a quien aborte o a quien ayude a alguien a abortar) es una intimidación o terrorismo moral que no se sustenta ni científicamente ni moralmente desde esta tradición religiosa, y menos cuando un valor relevante de dicha tradición religiosa es la "obligación moral" de actuar de acuerdo a la conciencia. Es mas, teológicamente se argumenta que es inmoral contradecir a la propia conciencia.

Hace tiempo se me ocurrió usar la categoría negligencia pastoral (por analogía con la negligencia medica) para hacer referencia a los casos en que una persona abusando de su papel de interprete de una tradición religiosa usa su poder e influencia generando daños a terceros, en especial a quienes reconocen dicha autoridad, pero también lo extiendo a quienes sin ser parte de la misma tradición religiosa viven en una sociedad que define sus normas tomando en cuenta los puntos de vista de dichas autoridades religiosas. El problema es que si llevamos la analogía a sus ultimas consecuencias, necesitaríamos una instancia ante la cual demandar a quienes comenten negligencia. Sin embargo, en una institución jerárquica como la iglesia, pareciera que los enjuiciados serian jueces al mismo tiempo, lo que complica tremendamente la situación.

Sin embargo, si l@s creyentes se empoderaran y creyeran realmente que tienen derechos, podrían pedirles cuentas a sus "lideres espirituales" del uso y abuso del poder y entonces confrontar estos procesos de manipulación y los múltiples daños asociados a los mismos, como lo es la violación de sus derechos humanos tanto como ciudadanos como en su carácter de creyentes. Ejemplos de esto (a lo que le he llamado ciudadanía religiosa), los he visto en varios países sudamericanos (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) y en México, ya que mujeres católicas reconocen que a pesar de la rigidez de la institución a la que pertenecen (y a la quisieran seguir perteneciendo) han encontrado un espacio de solidaridad en el feminismo, incluso para reconciliarse con su propia religión. Sin embargo también plantean que ojala la institución fuera más flexible y las entendiera un poco más, pues vivirían menos solas sus dilemas morales. Por mientras, ellas han replanteado la interpretación de las enseñanzas católicas pero sin confrontar directamente a los sacerdotes pues temen ser expulsadas por estas autoridades masculinas. Es decir, viven una disidencia silenciosa.

Lo irónico es que al entrevistar a sacerdotes y preguntarles si realmente creen que las personas siguen al pie de la letra lo que ellos dicen en el pulpito, la mayoría dice que por supuesto que no, pero que no hay tanto problema mientras no los confronten y puedan dialogar mas íntimamente en el confesionario. Creo que es un ejemplo de manipulación pero a la vez que mucho ayudaría que las y los creyentes ejercieran de una manera más activa su ciudadanía en estos temas.

En el contexto nacional, diferentes encuestas han mostrado la opinión favorable de múltiples católic@s sobre las decisiones individuales (y en particular de las mujeres) alrededor del aborto, pero a la vez la realidad refleja una pasividad ante las gestiones necesarias para modificar las normas legales existentes.

Entrevista a Esperanza Cerón, Coordinadora General de la RSMLAC

“Este tema le compete a toda la sociedad, y aun estamos muy solas en su lucha”.

CS. ¿Desde que posturas trabaja la RSMLAC el asunto del aborto?  sabiendo que es una de las redes de salud de la mujer más importantes de la región, que además cumple  20 años de presencia activa en el continente?

La RSMLAC defiende el tema del aborto como un asunto de derechos humanos de las mujeres, y por lo tanto compartimos y promovemos la despenalización del mismo en toda la región.

Nuestra postura se basa en la injusticia que representa la mortalidad por esta causa evitable (principalísimo problema de salud pública) ; porque se trata de una opción personal que por lo tanto se refiere a la libertad personal, al libre desarrollo de la personalidad; al derecho inalienable a la intimidad; y por sobre todo, al derecho a ejercer plena autonomía sobre el propio cuerpo, derechos todos ellos en el marco de las libertades individuales,  en las que por lo tanto no puede intervenir el Estado ni ningún credo en particular.  El reconocimiento de este derecho y su despenalización, aluden a todos aquellos que creen en la democracia,  en el Estado laico y en el derechos a la salud integral de las mujeres.

Deseamos conocer desde la práctica  de la RSMLAC algunas lecciones aprendidas de estos procesos..

Por 20 años hemos difundido temas referentes al aborto como problema de salud pública, como un asunto de justicia social y como un derecho individual para ejercer la soberanía sobre el propio cuerpo.  Nuestras publicaciones, boletinas y campañas, han contribuido a difundir, posicionar y ampliar el conocimiento y manejo de estaos temas entre nuestra membresía y otros sectores sociales. De manera particular en cada país de la región donde se han hecho estas actividades, hemos respaldado las acciones de los grupos de mujeres por la defensa, tanto de casos emblemáticos, como de proyectos de ley por la despenalización total o parcial, en todos los países donde se han presentado. Esta Red ha sido parte de la campaña 28 de Septiembre desde sus inicios y hemos participado en todas sus reuniones regionales. 

¿Cuáles serían los argumentos y estrategias que propone la RSMLAC  para las nuevas etapas que nos corresponde asumir en este tiempo respecto a la despenalización/ legalización del aborto?

Consideramos que estamos frente a una situación en donde en un plato de la balanza se encuentran las fuerzas mas conservadoras y fundamentalistas ejerciendo cada vez mayor presión sobre nuestros gobiernos para que se generen retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos. Los principales actores aquí  son las Iglesias, los partidos políticos de derecha y los Pro Vida.

En el otro plato, tenemos la reciente ratificación que han hecho nuestros países de los acuerdos de Cairo y Beijing; están las fuerzas democráticas, no siempre comprometidas con  la importancia de ratificar la totalidad de libertades individuales (opciones sexuales, minorías, de las mujeres, etc.); están los movimientos por la salud publica, quienes defienden la laicicidad de los estados, y nosotras las feministas.
Pese a los denodados y reconocidos esfuerzos que venimos realizando las feministas, el trecho que debemos recurrir IMPLICA CONSTRUIR ALIANZAS con estos otros actores con los que compartimos el plato, ya que este tema le compete a toda la sociedad, y aun estamos muy solas en su lucha.

Cuéntanos un poco los planes y perspectivas de la RSMLAC  respecto al tema del aborto.
Nuestros planes hacia el futuro se relacionan claramente con el punto anterior. Precisamos hacia futuro ampliar nuestra base de conversación con otros actores sociales y políticos; convencer a los no convencidos; tocar los sectores profesionales de la salud de manera mas directa; aliarnos con otros movimientos por la salud en la región y en el mundo. Para ello sería preciso:

• Orientar parte de nuestra acción a grupos como FIGO, matronas, asociaciones y colegios médicos y paramédicos; etc.
• Precisar nuestras actuales alianzas para ver como vamos a asumir la ratificación de  Cairo y Beijing, frente a las políticas públicas específicas: una de ellas es la referida a las Reformas del Sector Salud que es hoy por hoy la principal política en materia de salud en nuestros países, la cual no solo no incluye los compromisos adquiridos en esta materia en dichas Cumbres, sino que además,  atenta contra el derecho mismo a la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas, razón de peso para convertirla en escenario fácil de mas y mejores alianzas.
• Continuar poniendo al servicio de lo anterior nuestras propuestas para facilitar la abogacía en materia de políticas públicas en salud (estamos difundiendo al momento un Manual que está disponible para quienes quieran hacer uso del mismo).  En este sentido estamos dispuestas a brindar apoyo técnico, político y a canalizar el apoyo regional de otras fuerzas, frente a cada proceso que al respecto se proponga en cada país en donde nos sea solicitado.
• Continuar poniendo al servicio de la causa, nuestras publicaciones, boletinas, página Web, etc.
• Continuar apoyando la Campaña 28 de septiembre, así como la Campaña por la Convención por los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Pueden acceder a más información en www.reddesalud.org

Entrevista a Ximena Machicao, de Bolivia

Bolivia: Avances importantes para proteger los Derechos sexuales y reproductivos

CS: ¿Qué experiencias valiosas puedes contarnos de tu país donde sabemos han avanzado en la obtención de una Ley sobre la salud reproductiva, ¿Contemplaba la ley propuesta la despenalización del aborto?

En Bolivia el artículo 266 del actual Código Penal señala: “Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna siempre que la acción penal hubiere sido iniciada.

Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podría ser evitado por otros medios.

En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso...”

Esta normativa prevista en el Código Penal desde 1971 no puede convertirse en un ejercicio efectivo por falta de una reglamentación pertinente que garantice su aplicación. Por este motivo es que la Campaña 28 de Septiembre  en Bolivia: “Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe”, desde 1996,  ha venido trabajando para que el aborto permitido por el Código Penal Boliviano sea reglamentado en base a un enfoque integral de lo que significan los derechos humanos.

En este marco se ha presentado al Parlamento Nacional Boliviano un Anteproyecto