Nº3 Año 1
 
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ARTICULOS & ENTREVISTAS

  1. Globalización, violencia estructural y salud: Algunos comentarios desde la inequidad, estigma social y discriminación
    Por Miguel Muñoz-Laboy, Ernesto Vasquez del Aguila y Richard Parker
  2. Deseo, TV, pánico y violencia en torno de las personas travestis en la Argentina de 1998: Unas metamorfosis que ciegan y embriagan.
    Por Alejandro Modarelli
  3. Violencia contra las mujeres en el Perú: ¿Es posible cambiar?
    Por Ana Güezmes, Nancy Palomino, Miguel Ramos
  4. Violencia y vulnerabilidad de derechos de los gays, lesbianas, bisexuales, travestís y transgéneros (GLBTT) en el Perú
    Por MHOL

Globalización, violencia estructural y salud: Algunos comentarios desde la inequidad, estigma social y discriminación.
Por Miguel Muñoz-Laboy, Ernesto Vasquez del Aguila y Richard Parker

Globalización y violencia estructural
Desde las últimas dos décadas de la pasada centuria, intensos procesos de globalización han ido produciendo profundos cambios a nivel internacional y local. La globalización antes de ser vista como un objeto en sí misma, puede ser analizada como un conjunto de procesos contiguos e históricamente producidos. Por tanto, podemos hablar de globalización política, globalización social, globalización cultural y globalización económica. Algunos de estos procesos globales se han desarrollado a una velocidad más rápida que otros. los diferentes tipos de globalización están arraigados a una serie de cambios sociales y tecnológicos,

Sin embargo, los diferentes tipos de globalización están arraigados a una serie de cambios sociales y tecnológicos, incluyendo: 1) la transformación del tiempo-espacio global, donde los avances en la comunicación y transporte nos han permitido reducir grandemente el tiempo que toma el viajar entre países y ciudades a través del mundo (Harvey 1990); 2) el intercambio global masivo, donde los avances tecnológicos en comunicaciones nos permiten un intercambio constante de: ideas, imágenes, capital financiero y recursos humanos (Appadurai 1996); 3) la urbanización masiva y la formación de mega ciudades, donde para el año 2010 se estima que más de 75% de la población mundial vivirá en sectores urbanos (Clark 1996), con una mayor concentración en mega ciudades tales como Ciudad de México, Bombay y la Ciudad de Nueva York (Clark 1996); 4) la expansión rápida de mercados globales hacia el capitalismo informático como el modo mayor de producción, donde la producción a través de industrias y factorías cobra un rol menor (Castells 1996) y como resultado a nivel global millones de personas que antes eran empleados por industrias, pierden sus trabajos o laboran en condiciones prácticamente inhumanas; y, 5) el incremento rápido de la dolarización económica (Castells 1998), donde los mercados globales y las comunicaciones entre los sectores que controlan mercados y obtienen la mayor ganancia de ellos (en otras palabras, los sectores de mayor poder económico) han permitido que las personas ricas se hagan más ricas, mientras que las personas de escasos recursos se hagan cada vez más pobres, disminuyendo rápidamente el sector de clase media en la mayoría de nuestras sociedades. Esta situación ha significado una acelerada aparición de sectores de pobreza extrema donde los recursos de sobrevivencia son mínimos y la calidad de vida de estas poblaciones se ha visto afectada drásticamente.

Estos procesos de globalización han tenido un impacto profundo en la salud pública a nivel global. Por ejemplo, la epidemia de nuevas enfermedades infecciosas (tales como: el VIH/SIDA, el virus ebola, la fiebre lassa, el virus “West Nile”, SARS, etc.), el re-surgimiento de enfermedades infecciosas (tales como: tuberculosis, cólera, dengue), la intensificación de enfermedades crónicas (tales como el cáncer), y aun más importante, la desintegración de las infraestructuras de salud pública y seguridad social necesarias para confrontar estos nuevos retos. El efecto mayor de la globalización, desde la perspectiva de salud, lo podemos conceptualizar como “violencia estructural” (Farmer 1999a). Violencia estructural se refiere a los efectos que se producen cuando se intersectan pobreza extrema, exclusión laboral y exclusión social, tales como discriminación racial, étnica, de género y orientación sexual. Para tener una mejor comprensión de lo que es la violencia estructural y cómo se relaciona con la salud de comunidades, exploremos el caso de la pandemia del VIH/SIDA.

Violencia estructural y salud: el caso de VIH/SIDA

La incidencia del VIH está distribuida con mucha disparidad a través del mundo. Mientras que 920,000 personas han sido infectadas en Norte América; existen 25.3 millones de personas en centro y sur Africa y 1.4 millones en Latino America. Es decir, la concentración de la infección se da en los países pobres donde además se encuentran otros problemas serios de salud pública.

En Norte América se ha documentado la alta incidencia del VIH entre minorías raciales y sexuales, y entre mujeres heterosexuales de áreas pobres de sectores urbanos. El elemento común entre estas dos realidades es que la población mas afectada son los social y económicamente excluidos, es decir, las personas más marginalizadas de la sociedad que viven bajo diversas formas de violencia estructural.

En este contexto de pobreza, racismo, inequidad de género y opresión sexual es que el VIH continua creciendo en las poblaciones mas excluidas en todo el mundo. Del mismo modo, contribuyen a esta situación la creciente polarización entre los ricos y los pobres, la diferencia perversa entre el aislamiento de algunos segmentos de la población y la integración de otros a un sistema internacional del crimen que parece ser parte de una política económica neoliberal global. Toda esta situación nos alerta sobre algunas posturas optimistas que consideran que la epidemia del VIH está controlada y que ya no se justifica la emergencia.

El VIH quizás sea el problema de salud pública que mejor refleja esta arquitectura política, económica y social que ha sido descrita como el nuevo orden mundial (Beck 2000). En los últimos años se ha documentado el rol del Banco Mundial en la salud pública mundial. Los ajustes estructurales que los países más pobres han realizado en sus economías han acrecentado la brecha entre ricos y pobres con incidencias directas en la salud de la población marginalizada. Debido a esta situación, el Banco Mundial, desde inicios del los 90s, ha empezado a jugar un rol muy importante en la salud pública mundial al destinar fondos para la nutrición de la población y más recientemente para la lucha contra el VIH. Sin embargo, a pesar de los bajos intereses de los préstamos, los países más pobres siguen incrementando su endeudamiento y ajustes económicos a causa de los cuales los más pobres son siempre los más afectados.

En este escenario, se observa la emergencia de activistas tanto en el Norte como en el Sur que promueven la condonación de la deuda de los países pobres como la única solución viable para mejorar la calidad de vida de las poblaciones más pobres y la salud pública en particular.

Examinemos en más detalle como las fuerzas estructurales moldean la epidemia del SIDA.

En primer lugar, existe una relación perversa entre desarrollo económico y creciente vulnerabilidad al VIH/SIDA. Alrededor del mundo, las condiciones de pobreza y la industrialización han expulsado a mujeres y hombres de sus contextos locales hacia nuevos ambientes en donde los hombres de comunidades rurales se convierten en obreros de grandes fábricas, hidroeléctricas o megaproyectos, y las mujeres y niños muchas veces terminan en el comercio sexual (Decosas 1996, Farmer 1999b). De este modo, la pobreza se convierte en la clave para entender la emergencia del VIH en estas poblaciones excluidas y en nexo con otras formas de inequidad social, inestabilidad y discriminación.

En segundo lugar, paralela a estas condiciones de pobreza, la migración y movilidad de las poblaciones más pobres incremente la incidencia de VIH en contextos como migración laboral estacional, obreros contratados en fábricas lejos de sus hogares, mujeres y hombres trabajadores sexuales que emigran a otras regiones dentro o fuera de su país. Esta movilidad poblacional contribuye a una mayor diseminación de la epidemia hacia zonas que anteriormente no tenían contacto con las grandes ciudades.

Finalmente, la inequidad de género, la política de la economía y la movilidad poblacional se inserta en un contexto de jerarquías e inequidades de género que cuestionan aproximaciones e intervenciones tradicionales basadas en la tríada reducción de las parejas sexuales, promoción del preservativo y tratamiento de ETS; debido a que las mujeres pobres tienen dificultades para negociar los términos de sus relaciones sexuales.

En este contexto, ahora más que nunca es crucial trabajar tomando en cuenta los procesos económicos y sociales que no sólo producen formas extremas de violencia física, sino que también han exacerbado las amenazas a la salud de la población. En este sentido, la investigación en salud pública juega un rol clave para el análisis de la salud pública mundial en diálogo con los procesos económicos sociales de las últimas décadas.

Cabe destacar, que la violencia estructural no es simplemente el efecto de inequidades económicas sino también de estructuras socio-culturales. El concepto de “violencia simbólica” nos facilita el entendimiento de la violencia producida por estructuras socio-culturales.

De la inequidad económica a la violencia simbólica

Entendemos violencia simbólica como el proceso a través del cual sistemas simbólicos (tales como palabras, imágenes y prácticas) promueven los intereses de grupos dominantes al mismo tiempo que profundizan diferencias jerárquicas y legitiman el dominio de los grupos de mayor poder “convenciendo” a los dominados a través de procesos de hegemonía. Mientras que las reglas están basadas en coerción directa, la hegemonía se logra a través de un complejo sistema de interacciones de fuerzas políticas sociales y culturales que organizan los significados dominantes y los valores a través del campo social con la intención de legitimar las estructuras de inequidad social (Gramsci 1970, Williams 1977, 1982).

Estigma y discriminación están más en función a inequidades sociales y estructurales que funcionando en el contexto de la diferencia (como Goffman y Foucault tienden a enfatizar). Y más importante aún, la estigmatización no actúa simplemente de una manera abstracta sino que es parte de complejas luchas y tensiones de poder en la vida cotidiana. En forma mas concreta, estigma es expresado por actores concretos que buscan legitimar su propio estatus de dominio entre las estructuras sociales existentes.

Hay nuevas formas de exclusión asociadas con una reestructuración económica y transformaciones globales que casi siempre refuerzan inequidades y exclusiones pre existentes tales como racismo, discriminación étnica y conflictos religiosos. Esta intensificación de las interacciones entre las múltiples formas de inequidad y exclusión ofrece un modelo general para el análisis de las múltiples formas de estigma que ha sido parte de la historia de discriminación contra la mujer y minorías sexuales, y de epidemias como la del VIH/SIDA. Al examinar la sinergia entre las diversas formas de inequidad y estigma, podremos entender las complejas relaciones de significados y poder que están presentes en la estigmatización y discriminación asociadas a la diversidad sexual e inequidad de género, entre otros dominios de exclusión social.

Finalmente, es importante resaltar que la violencia simbólica opera en contextos culturales específicos de poder. Es usada tanto por individuos como por comunidades, y el Estado, los cuales producen y reproducen inequidades sociales al diferenciar a las personas y grupos en categorías e insertarlas en sistemas de estructuras de poder. Estigma y estigmatización operan en la intersección entre cultura, poder y diferencia.

Sólo explorando la relación entre estos factores es posible entenderlos como elementos centrales en la constitución del orden social.

Movilización en la era de globalización

Dado este panorama de violencia estructural, ¿cómo podemos desarrollar programas para reducir los efectos de violencia estructural? Si bien es una ardua tarea el transformar el orden social, sí podemos identificar factores dentro del ámbito social que nos permitan en primer lugar reconocer las estructuras sociales, cómo éstas operan y sus efectos en la salud de las comunidades. Este proceso de concientización, es crítico para la movilización y desarrollo de políticas públicas que protejan y promuevan la salud de las comunidades, especialmente las más excluidas.

Recientes estudios sobre la transformación del sistema global y la economía política de la informática, han llamado la atención sobre la creciente importancia de las identidades como central para las experiencias contemporáneas y por tanto, posibles ejes para la formación de programas para la promoción de salud.

Trabajos recientes sobre la naturaleza de la identidad han enfatizado en su construcción y su constante mutación (Hall 1990). Esto permite visualizar tanto la experiencia de opresión y estigmatización como los movimientos de resistencia a éstos (Castells 1997). Según Castells (1997), quien ha diferenciado entre identidades legitimadas, las cuales son introducidas por las instituciones dominantes de la sociedad para extender y racionalizar su dominación vis a vis actores sociales; identidades de resistencia, que son generadas por aquellos actores que están en posiciones o condiciones devaludas o estigmatizadas por la lógica de la dominación; y las identidades de proyecto que son formadas cuando los actores sociales, sobre la base de cualquier material cultural disponible a ellos, construyen una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad y a través de esto consiguen transformar las estructuras sociales. Este marco general, nos ofrece herramientas para responder con mayor eficacia a problemas de salud pública que son socialmente estigmatizados. De allí la importancia de contextualizar estos fenómenos en el marco general de violencia estructural, de una economía política de exclusión social que está operando en este nuevo orden global.

Referencias Bibliográficas
Appadurai, A. (1996). Modernity at large: cultural dimensions of globalization. Minneapolis and London: University of Minnesota Press.
Beck, U. (2000). What is globalization?. Cambridge, Mass: Polity Press.
Castells, M. (1996). The network society. Oxford: Blackwell Publisher.
Castells, M. (1997). The power of identity. Oxford: Blackwell Publisher.
Castells, M. (1998). End of millenium. Oxford: Blackwell Publisher.
Clark, D. (1996). Urban World/Global City. London and New York: Routledge.
Decosas J. (1996). HIV and development. AIDS. Lancet 346: 826-828.
Farmer, P. (1999a). Pathologies of power: rethinking health and human rights. American Journal of Public Health, 89 (10): 1486-96.
Farmer, P. (1999b). Infections and inequalities. Berkeley, CA: University of California Press.
Farmer, P. (1995). Culture, poverty, and the dynamics of HIV transmission in rural Haiti. In Culture and Sexual Risk: anthropological perspective in AIDS. Brummelhuist, H and
Herdt G. (eds.). New York: Gordon and Breach: 3-28.
Goffman, E. (1963). Stigma: note on the management of a spoiled identity. New York: Simon & Schuster.
Gramsci, A. (1970). Prison notebooks. London: Laurence and Wishart.
Hall, S. (1990). Cultural identity and diaspora. In Rutherford (ed.), Identity: community, culture, difference. London: Lawrence and Wishart.
Harvey, D. (1990). The condition of postmodernity. Malden. Ma: Blackweel Publisher.
Parker R, and Easton D. (2000). Structural barriers and facilitators in HIV prevention: a review of international research. AIDS 2000, 14 (suppl 1): S22-S-32.
Parker, R. (2002). The global HIV/AIDS pandemic, structural inequalities, and the politics of international health. American Journal of Public Health, 92 (3): 343-346.
Parker, R. y Aggleton P. (2003). HIV and AIDS-related stigma and discrimination: a conceptual framework and implications for action, Social Science and Medicine, 57: 13-24.
Williams, R. (1977). Marxism and literature. Oxford: Oxford University Press.
Williams, R. (1982). The sociology of culture. New York: Schoken Books


Sobre los autores
Miguel Muñoz-Laboy, Ernesto Vásquez del Aguila y Richard Parker
Center for Gender Sexuality and Health, Department of Sociomedical Sciences,
Mailman School of Public Health, Columbia University
Richard G Parker rgp11@columbia.edu
Miguel A Munoz-Laboy: mam172@columbia.edu
Vasquez del Aguila:ev2035@columbia.edu
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Deseo, TV, pánico y violencia en torno de las personas travestis en la Argentina de 1998: Unas metamorfosis que ciegan y embriagan.
Por Alejandro Modarelli

Un debate inédito se desarrolló en la ciudad autónoma de Buenos Aires en el año 1998, cuyas derivaciones aún sobreviven. En ese momento, un nuevo Código llamado de Convivencia vino a reemplazar las viejas normas contravencionales, y entre estas, los edictos policiales: una herramienta represiva utilizada para detener, entre otras poblaciones vigiladas, a los divergentes sexuales. Un instrumento que servía, ante todo, como ganancia extra-legal para el aparato de policía. Ya se había modificado, a raíz de la política internacionalista y “modernizante” del régimen en el poder, el objetivo gay-lésbico, que gozaba de una creciente libertad de circulación y encuentro. Por eso, la caza se concentraba en las personas travestis, obligadas a rendir el diezmo en la aduana de los señores del orden, a menudo con violencia; era el impuesto secreto a su trabajo, todo un flujo de capital canalla.

La promulgación del nuevo Código tuvo varias consecuencias políticas y sociales. Al no prohibir el ejercicio de la prostitución, dejaba a muchos sin su correspondiente parte del botín. Esto originó toda una batalla de discursos sobre orden público y seguridad, prácticas y amenazas. Por lo pronto, fue uno de los grandes temas pre-electorales utilizado por el gobierno federal contra el autónomo de la ciudad, que era opositor y pretendía sucederlo en la Casa Rosada. Me interesa por eso iluminar las alianzas que se produjeron hacia el interior del Estado gangsteril –esto es la institución policial y la máquina ubicua del régimen menemista- y entre ese Estado y la familia de clase media tradicional y masculina, que en el barrio de Palermo Viejo compartía espacios urbanos con las travestis, que además de ser vecinas, trabajaban en algunas de sus calles. Esa familia, en esta ocasión, y a veces hasta como fuerza de choque, fue organizada por la misma policía, que antes había ido empujando a las travestis hacia ese escenario. Palermo viejo fue el teatro privilegiado donde se actuó esa guerra entre lo público y lo privado.

La figura del vecino se presentaba como eje del intento democratizador promovido por el Código de Convivencia. Pero los vecinos que mayormente militaban eran aquellos que más tiempo tenían, ocurre casi siempre, y para los cuales convivir es siempre vigilar y excluir. Si bien sus grandes argumentos tenían que ver con la delimitación de los espacios públicos, lo cierto es que se iba más allá. Era sobre el cuerpo frontera de las travestis, en el insoportable desvío de una sexualidad, donde esos argumentos tomaban forma y dependencia. Las prostitutas mujeres quedaron casi excluidas del armado ideológico, para el argentino medio son magdalenas dignas de compasión, privadas del goce verdadero. Como veremos, la ocupación de la escena mediática les concernió, ante todo, a las travestis.

Recorriendo los periódicos y algunos videos de la época, nos asomamos a la barbarie del democrático vecino. Un ex Juez se cree llamado a “hacer justicia por propia mano”. Otros echan baldes de agua fría sobre las trabajadoras, en pleno invierno. Un jerarca del régimen asegura que “esos señores (por las travestis) no deben estar incluidos en el concepto de derechos humanos”. Y el Ministro del Interior Carlos Corach insta a los legisladores de la ciudad a “corregir los graves errores y falencias del Código nuevo; a hacer caso a los vecinos y no a los travestis”, en tanto “el orden público en Buenos Aires es un asunto que concierne al gobierno federal”. Ya hemos visto en qué le concierne, en época de elecciones.

Pero lo más interesante ha sido la confesión de una vecina a un medio televisivo. Nos dice la señora que “teme que el marido se vaya con uno de esos, con el pretexto de salir a pasear al perro”. Resulta reveladora su preocupación. La vecina no teme a la prostituta, sino las inquietantes metamorfosis –dice- de alguien que puede inducir al marido a fugarse del sexo sedentario, de clausura, a que éste se deje fagocitar la propia, unitaria identidad. Teme, pues, a alguien a quien atribuye una economía de deseo desbordada, un goce excesivo e insoportable: una travesti es para esta señora un homosexual que consiguió falsificar una imagen de super-mujer, que además se acuesta con quien quiere –incluido su marido- y después le cobra por eso. Parece decirnos: el goce de la travesti es un goce ladrón, digno de mi envidia. Al robar al marido pone en crisis la propia identidad fantasmática de familia de clase media, bien constituida sobre la base de la buena administración de los placeres, de la que ella más de una vez habrá deseado sustraerse. Deja en evidencia los antagonismos inherentes a esa construcción ideológica. La desnuda, como al marido, un ser que ahora, desnudo, real, parece ser otra cosa, un algo horrendo que en verdad nunca poseyó.

Este punto es central para comprender el sustento fantasmático de la guerra que nos ocupa. Por eso, creo necesario preguntarme sobre la sexualidad masculina, sobre la “zona roja” de la identidad del varón argentino. Al respecto no he podido encontrar una investigación lo suficientemente iluminadora acera de admiradores y clientes de travestis o incluso de cross-dressers, que se reclutan entre varones de comportamiento mayormente heterosexual, de todas las edades y clases sociales. El ex Juez alerta contra una multitud de“ muchachones y viejos verdes” que van a Palermo “en busca de aventuras”, otro vecino se muestra alarmado por “las inquietantes metamorfosis” que pueden cegar a sus hijos adolescentes, y una religiosa denuncia haber sido testigo de los favores sexuales exigidos por agentes de policía a las travestis, encadenados entonces al placer al que buscan dar caza. Todas las prescripciones y proscripciones que rodean la relación del macho con la travesti delata ese juego jurídico y epistemológico que se vuelve necesario para resguardar al “igual” de la infiltración permanente de “eso otro” que se quiere construir como monstruo.

En esos días de pánico anti-travesti los medios de comunicación tuvieron un papel ambiguo y a veces devastador. Fue determinante en el triunfo de la paranoia. Sobre la cuestión del deambuleo prostibulario se instaló una cruzada de distribución de sentidos y valores. Lo que estaba bien y lo que estaba mal, borrando cualquier matiz desestructurante. Para definir los espacios binarios, se rastréo el contenido de humanidad de algunas travestis que comenzaron a circular por los sets de televisión. La cláusula no enunciada era que no debían defender el trabajo sexual ni aparecer como activistas. No se las quería militantes sino testimoniantes, pájaros de laboratorios que narrasen su sufrimiento ejemplificador, sin mencionar los abusos policiales, y con deseo de superación profesional, en el campo del glamour o incluso como profesoras de idiomas. Si se resistían a este papel, se las catalogaba de mamarrachos o de histéricas. Y en lo que respecta a las travestis estelares, además de estarle interdicto el beso del galán, debían someterse a las bromas sobre sus atributos masculinos. Un conductor paleolítico llamó “puto” a la más famosa de ellas. Y lo cierto es que la guerra de Palermo devolvió a la travesti al campo de lo enemigo. La puso en su sitio. Ni glamour ni bellos artificios.

Palermo Viejo se transformó en una cuestión de estado, un problema político para el gobierno de Buenos Aires. La presión sobre los legisladores –cuya resistencia fue casi nula- condujo a la reforma del Código de Convivencia. En un primer momento se prohibió el ejercicio de la prostitución bajo determinadas circunstancias; se delimitó fronteras geográficas y sociales. En un segundo momento, y ya imbuidos de las campañas de prensa –una de ellas se denominó "Por un verano sin travestis"- se penó no solo la oferta de sexo callejera sino también al consumidor.

Como la desaparición física de la travesti se hacía improbable, se sancionó esa medida, que era inédita en esta parte del mundo. Se trataba de una norma inspirada en experiencias europeas; que se aplica en Suecia y en Milán. Lo que los legisladores se olvidaban de decir, eso sí, es que en esos sitios se puso en marcha una serie de programas de asistencia a las trabajadoras sexuales, para que pudiesen abandonar el oficio. Préstamos dinerarios, por ejemplo, para micro-emprendimientos. El argumento de la servidumbre sexual, mayormente justificado en base a las relaciones de poder que se establecen entre el macho usuario y el llamado cuerpo explotado, se desvanece en Buenos Aires, en razón de que el Estado, en realidad, nunca tuvo in mente otro objetivo que hacer desaparecer la evidencia. Lo único que se logró es la restitución y el incremento del ingreso ilegítimo a las arcas policiales. Además de la trabajadora, paga el cliente.

Por otra parte, es útil decirlo, se reeditó el antiguo enfrentamiento entre las posturas del feminismo tradicional –que apoyó la sanción- y las trabajadoras sexuales. Habría que preguntarse sobre la distancia que separa sus discursos. Si no existe, de parte del primero una irritación del modo tan especial en que organizan las segundas su economía libidinal y su estilo de subsistencia, como si con ello le arrebatasen la coherencia de su propio discurso, al pretender seguir actuando, supuestamente, contra su propio bien, al querer afirmar su autonomía tan negativamente. Uno se siente tentado de mencionar aquella escena transmitida ya de manera legendaria, en la que frente a la arenga de las feministas tradicionales, que llamaban a las trabajadoras sexuales a cambiar los lechos por los manivelas de una máquina fabril, éstas se preguntaban qué irían a ganar cambiando una explotación por otra que consideraban mucho peor.

Se preguntarán por el papel que les atañó a las organizaciones de derechos humanos. Debo decir que el colectivo gay-lésbico fue casi el único con el que pudieron contar las travestis, salvando la intervención de algún grupo pequeño de feministas, haciendo propia la pelea. A diferencia de lo que ocurrió en San Pablo en los años ochenta, donde izquierdistas, organizaciones de negros, feministas, y políticos detuvieron la agresión contra las trabajadoras sexuales bajo la consigna “somos todos putas”. En esa ocasión, hasta fue procesado el principal impulsor de los procedimientos represivos. En cuanto a la Argentina, la única intervención de los políticos progresistas, en cambio, fue proponer la creación de una zona roja, demarcada y controlada por no se sabe qué fuerza de seguridad, acaso la misma que las golpea y las roba, lejos de ese perímetro urbano donde se cruzan con los vecinos, pero también donde se sienten más protegidas de la violencia.

Así, el Código de Convivencia perdió buena parte de su sustento político e ideológico, al otorgar nuevamente a una fuerza pública –sospechada de todo tipo de crímenes- la regulación subterránea de muchas de las contradicciones y antagonismos inherentes a las relaciones entre vecinos. Como si de ese modo se reforzase la percepción de que todo intento progresista, además de ser perjudicial para la buena marcha de la comunidad, termina más temprano que tarde traicionando sus propios principios.

Pero ahora veamos de qué lado se ha reinstalado la violencia, luego del intento frustrado del Código democratizador. Aquí quisiera referirme a dos casos emblemáticos, el de Vanesa Ledesma y el de Nadia Echazú, activistas transgénero. Amnistía Internacional tituló: “Argentina, muerte de una travesti bajo custodia” un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, en abril del año 2000. Concentró su denuncia en el caso de Vanesa Ledesma, arrestada e incomunicada en una comisaría local después de un episodio confuso en un bar de la ciudad de Córdoba. Su detención de cinco días culminó en su funeral, en el que los amigos fotografiaron su cuerpo en situación de desmadre, con evidentes signos de haber sido torturado y tajeado. A la policía “se le había ido la mano”, como en otras tantas ocasiones que no repercutieron en los medios de comunicación o en las organizaciones de derechos humanos. Hay que decir que casi ninguno de estos organismos se había esmerado antes en tramitar denuncias por delitos de esta clase. En ese sentido, hubo una ganancia política que se debe resaltar, y cuyo mérito corresponde a una coalición de esfuerzos entre el movimiento cordobés y la Comunidad Homosexual Argentina. Respecto de Vanesa Ledesma, los policías argumentaron que había muerto de un paro cardíaco.

El informe de Amnistía, escrito en un lenguaje moderado y precavido, enumeró pactos internacionales suscriptos por la democracia argentina e ignorados en las prácticas represivas de sus instituciones. Se sostuvo que los edictos policiales y códigos de faltas provinciales servían para la persecución de las personas travestis y transexuales, y su encarcelamiento en condiciones “crueles, inhumanas y degradantes”. Menciona el hostigamiento sexual, las palizas y las extorsiones a que son sometidas. Además, acredita que Vanesa Ledesma, convivía con VIH-SIDA, y que a pesar de ello, no se le proveyó la medicación habitual que la mantenía en un buen estado de salud. En ese cuerpo se realizaba a la perfección la identidad abyecta que le atribuye la cultura predominante, la contracara de la barbarie. Era la mascarita sidótica a que había hecho alusión un tiempo antes un jefe policial de la ciudad de Rosario, al llamar así a homosexuales y travestis. La muerte de Vanesa era desde ese punto de vista un hecho lógico y perfecto.

El asesinato no produjo las consecuencias penales que su divulgación haría suponer. El Gobernador se reunió con representantes de la Comunidad Homosexual Argentina y otras organizaciones locales, en momentos en que construía su candidatura presidencial, muy pronto frustrada. El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba se limitó a sugerir al Ministro de Gobierno “la implementación de un programa de lucha contra la discriminación a homosexuales y portadores de VIH, que prevea instrucciones al personal policial para que ajuste su accionar a las normas de protección de los derechos humanos”, colocando el goce bárbaro de uno de los brazos ejecutores de las peores fantasías sociales en el plano de lo educable. Pero nadie, se ve, ha querido figurar en estas cuestiones como educador. Imagínense el destino de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Como en ningún otro delito fatal, la policía parece moverse tan impunemente como en las atrocidades cometidas contra el colectivo transgénero, lo que revela el fantasma cultural que las avala, de lo cual la batalla de Palermo es un ejemplo muy claro.

Y en este punto, es útil recordar el papel que le cupo a la Comunidad Homosexual Argentina –la CHA- en el camino de politización del colectivo travesti, que, creo, se ha ido afirmando como consecuencia de lo que podría denominar uno “la toma de conciencia”. El largo proceso que comenzó con el gay liberation, en su capítulo argentino, también habrá de integrar a las personas transgénero, una vez superado el afán de gays y lesbianas por diferenciarse. La CHA ha presentado últimamente un programa de prevención de VIH-SIDA e ITS (infecciones de transmisión sexual) con foco en las travestis trabajadoras sexuales. El alto grado de marginalidad en que viven muchas de éstas, la imposibilidad de acceder a la información y métodos preventivos, como el rechazo con el que se enfrentan a la hora de tratarse en hospitales, son los problemas en los que la campaña se concentra. Su lema es “defendé tu cuerpo”. Ese cuerpo sobrecodificado, en el que se convoca la ansiedad, el deseo y la fascinación, es ante todo, un cuerpo vulnerable, al que se le exige la evidencia de un sacrificio. Si su agonía es para la cultura masculina un hecho natural y perfecto, habrá que oponer prácticas de supervivencia. Defender el propio cuerpo es restarle posibilidades a la incontinencia egoísta del usuario, que exige a menudo la renuncia al condón, tanto como a la violencia de las instituciones.

Quisiera por último leerles parte de la denuncia que Nadia Echazú, por otro lado vecina del barrio de Palermo, presentó ante la Justicia. El hecho resume el regreso de lo real, tras el fracaso del Código de Convivencia a fines de 1998:

“Siendo alrededor de las 2 de la madrugada del día 7 de octubre me encontraba trabajando en una campaña de prevención de SIDA, por la cual distribuyo profilácticos y el lubricante y volantes con información sobre cómo prevenir la enfermedad y derechos que le asisten a personas travestis. Cuando por la calle Godoy Cruz desde un auto civil…tres personas me insultaban, amenazaban y exigían que me detuviera….Reconocí a dos de ellos que eran de la Brigada de la Comisaría 25, quienes me habían propinado una paliza feroz el día 11 de marzo, y a quienes nunca pude identificar. Los policías me exigieron mi documento de identidad y cuando se los di me lo arrebataron. Uno me escupió y amenazó con “quebrarme” si volvía a transitar por “su” jurisdicción (cualquiera fuera en la que el estuviese), en ese momento llegó el subcomisario (de civil) en un patrullero y con un uniformado (sin identificación), a quien exigí una explicación de lo que sucedía a la vez que le indico que estaban reteniendo mi documento. Cuando intento recuperarlo, el personal de la brigada me pegó una trompada en el estómago, ya casi sin aire empecé a gritar y entonces su compañero me tomó del pelo y me arrojó hacia atrás. Cuando caí al piso me pateó, mientras el otro me pegó en la cara. Yo seguí gritando y ellos me golpeaban más, me torcieron los brazos, me esposaron y me tiraron gas en la cara, me quitaron la cartera y tiraron mis cosas al piso, los profilácticos, los volantes…”Yo te voy a dar derechos a vos, puto degenerado” me dijeron y me levantaron desde las esposas torciéndome los brazos y me introdujeron dentro del coche particular, donde volvieron a amenazarme, esta vez con su pistola en la mano, me llevaron a la comisaría, me pegaron todo el camino y nunca me permitieron hablar por teléfono…Luego de un montón de humillaciones más, me pusieron en libertad sin mi dinero y prohibiéndome transitar por esa jurisdicción…Es mi mayor anhelo que se inicie una investigación sobre los hechos terribles que ocurren en la Comisaría 25”.

Un año más tarde, cuando participaba de un show televisivo, del cual se suponía saldría un candidato a diputado, Nadia relató episodios como el que acabo de transcribir. Además, describió los pormenores del comercio de drogas en manos de la policía. En más de una ocasión, en el interior de esos patrulleros donde se ve trasladar a personas travestis, la forzaron a consumir cocaína y a entregar el cuerpo. En varias oportunidades, el conductor del show le reprochó que fuese “tan paranoica”. O testimoniante, o con aspiraciones políticas, una travesti, si quiere ser admitida en la arena democrática, debe saber poner un límite a la verdad de su sufrimiento.


Sobre el autor
Alejandro Modarelli
Escritor y periodista argentino. Activista GLBT , co-autor del libro “Fiestas, baños y exilios, los gays porteños en la última dictadura”, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.

* Trabajo presentado en la Primera Reunión Regional "Sexualidades, Salud y Derechos Humanos en América Latina". Organizada por la Red de Investigación en Sexualidades y VIH/SIDA en América Latina y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Del 7 al 9 de mayo de 2003. Lima, Perú.
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Violencia contra las mujeres en el Perú: ¿Es posible cambiar?
Por Ana Güezmes, Nancy Palomino, Miguel Ramos

El Estudio Multicéntrico [1] de la Organización Mundial de la Salud (OMS) [2]   sobre la Violencia de Pareja y la Salud de las Mujeres, se realizó en Perú colaborativamente entre la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.  A continuación, se presentan algunos hallazgos del estudio. [3]
El cuestionario validado en todos los lugares y contextos culturales donde se hizo el estudio, fue aplicado a dos muestras aleatorias representativas de mujeres de 15 a 49 años de edad en cada país: una en la  ciudad capital y otra en una provincia o región con una proporción significativa de población rural.
En el Perú se aplicó el cuestionario durante el año 2000, completando la entrevista 1414 mujeres en Lima Metropolitana  y 1837 mujeres en el departamento del Cusco (rural y urbano). Este estudio sobre la violencia contra las mujeres pudo realizarse porque además de contar con los recursos necesarios, la asesoría técnica de la OMS y con un equipo de investigación comprometido, se respetó cuidadosamente un conjunto de consideraciones éticas.
La experiencia de trabajo de campo corroboró que cuando se realiza un estudio poblacional basado en encuestas, que asegura un entorno apropiado, un ingreso cuidadoso en las comunidades, con entrevistadoras capacitadas para resguardar la seguridad de las mujeres y la confidencialidad de la información, y se evitan los juicios críticos acerca de sus historias de vida, las mujeres hablan sobre sus experiencias de violencia; y encuentran beneficioso participar en un estudio de esta naturaleza.
El proveer información sobre servicios especializados a las mujeres participantes y generar un sistema de apoyo de emergencia para aquellos contextos donde estos servicios no existían fue un elemento facilitador para aquellas mujeres que deseaban buscar ayuda. Asimismo, se incorporó un conjunto de técnicas de atención a las necesidades de apoyo emocional, tanto individuales como colectivas de los equipos de trabajo de campo.
1.      La magnitud de la violencia en Lima y Cusco
En la última década, se han desarrollado un conjunto de esfuerzos políticos e institucionales para dar respuesta a la violencia contra la mujer. No obstante, este contexto político favorable no se ha traducido en resultados concretos para millones de mujeres en nuestro país, para sus familias, nuestras comunidades y la sociedad en general. . En Lima, el 51% de las mujeres reporta haber sufrido alguna vez violencia física o sexual por parte de su pareja; y en el departamento de Cusco esta prevalencia de vida se eleva al 69% [4] . Los resultados del estudio muestran que en Perú,  la violencia contra las mujeres es un grave problema de violación de derechos humanos  y de salud pública. Esta violencia es ejercida y perpetrada principalmente por hombres que tienen o han tenido una relación de pareja con las agraviadas y es silenciada porque culturalmente se considera que corresponde el mundo privado y se sustenta, a la vez que fortalece, en las inequitativas  relaciones de poder basadas en el género
De acuerdo a nuestros datos, un 48,4% de las mujeres en Lima metropolitana y 60,9% de mujeres en el departamento del Cusco han sufrido violencia física por parte de su pareja, alguna vez en su vida. La severidad de la violencia contra las mujeres abarca formas tales como recibir golpes, ser quemada, amenazada o herida con una arma, arrastrada o pateada, lo cual ilustra los sufrimientos y riesgos, para su vida y su salud así como los efectos que puede tener para el bienestar y el desarrollo de nuestro país.
La violencia sexual perpetrada por la pareja ha sido experimentada alguna vez por casi la mitad de las mujeres en edad fértil (46,6%) del departamento del Cusco y casi por una cuarta parte de ellas en Lima (22,5%). Hasta 1991, año de reforma del Código Penal peruano la violación sexual no incluía el acto sexual forzado por parte del cónyuge.
Un tercio de las mujeres que indicaron necesitar atención médica nunca la recibió. El 61% de las mujeres de Lima y el 63% en Cusco, declaran que la violencia física por parte de la pareja ha afectado en alguna forma su salud y una de cada cuatro mujeres en las dos localidades considera que el impacto ha sido serio. La mitad de las entrevistadas evaluó que la violencia había perjudicado su habilidad para trabajar o para ganar dinero.
Una de cada cinco mujeres ha vivido una experiencia de abuso sexual antes de los 15 años de edad en ambas zonas de estudio. El principal agresor sexual resulta ser un familiar masculino o alguno de su entorno.  Muchas de las mujeres declararon al final de la entrevista que nunca antes habían compartido estas experiencias dolorosas.
Otro hallazgo del estudio es la prevalencia de la violencia durante el embarazo. Los datos sugieren que la violencia física contra un número importante de mujeres puede aumentar durante el embarazo y  frecuentemente se focaliza en el abdomen. El principal agresor es la propia pareja. Para las mujeres que muchas veces están desnutridas o anémicas, con sobrecarga de trabajo y carecen de acceso a una adecuada atención de salud, la violencia durante el embarazo puede tener un efecto aún mayor en su salud y la de la criatura.. La prevalencia de vida de violencia física durante el embarazo en Lima es del 14,8% y en Cusco de 27,6% del total de mujeres alguna vez embarazadas.
En el Cusco y en especial en el área rural, las relaciones jerárquicas entre los géneros se expresan en una mayor justificación de la violencia y están unidas a la  ausencia o muy pobre presencia de la institucionalidad pública, la carencia de enfoques interculturales en los servicios, y la inequidad en el acceso a la educación y a los servicios públicos.
La opinión generalizada de las mujeres en ambos lugares es que los problemas familiares deberían resolverse en el ámbito privado, y persiste en su imaginario estereotipos de género vinculados al control de la sexualidad femenina como justificación de la violencia frente a la infidelidad y la idea dominante sobre el deber sexual con el cónyuge o débito conyugal, así como otros ligados a la concepción tradicional del rol de las mujeres en el hogar.
2.         Estrategias de las mujeres
La encuesta permitió conocer las estrategias que utilizan muchas mujeres y desmienten la idea de que estas aceptan pasivamente la violencia. La autodefensa, contar su experiencia a otras personas, la denuncia en las comisarías y la búsqueda activa de servicios son algunas de las formas de enfrentar la violencia. En otras ocasiones las mujeres huyen de sus hogares en forma permanente o definitiva. Otros estudios han demostrado que las mujeres enfrentan muy poderosos disuasivos para la separación de una pareja violenta, tanto de su entorno familiar como de las instituciones del sistema judicial, que colocan la defensa de la unión conyugal y de la unidad familiar por encima de la seguridad  de la mujer y defensa  de sus derechos.
A pesar del avance en número y diversidad de instituciones y servicios trabajando contra la violencia, podemos concluir que estos esfuerzos son insuficientes. Un 67% de las mujeres en Lima y un 63% en Cusco que han sufrido violencia física no han buscado ayuda en ningún servicio. Esto significa que solo una de cada tres de estas mujeres ha buscado ayuda. Muchas veces la respuesta encontrada no ha sido satisfactoria. Las principales barreras para acceder a un servicio se refieren al temor a ser reprobada o creer que acudir no va a ser de gran ayuda. El temor a una respuesta más violenta por parte de la pareja es una razón muy importante en el caso de Cusco.
Las mujeres, que informaron haber ido a una institución buscando ayuda, sienten que llegaron a estos servicios muchas veces en situación de crisis o peligro sin encontrar respuestas adecuadas. El salir de la violencia puede requerir de varios intentos antes de lograr detenerla, como se vio en la alta prevalencia de violencia actual en la que se encuentran muchas mujeres.
La persistencia de la violencia contra la mujer es favorecida por la presencia de impunidad y tolerancia social, así como por discriminación e inequidad de género en el ámbito público y privado. Las respuestas son fragmentadas y tienden a centrarse en la legislación y en los servicios para las mujeres que ya sufrieron violencia, principalmente de zonas urbanas –con una cobertura todavía pequeña y que no deja satisfechas a las propias usuarias–. Los aspectos preventivo-promocionales hacia un cambio cultural y social han sido poco abordados. No es posible alcanzar el desarrollo social si persiste la discriminación, exclusión y desventaja en que las mujeres se encuentran.
RECOMENDACIONES·       
En países centralistas como el Perú pero con gran diversidad cultural y étnica, las políticas y programas de prevención y atención eficaces deben ser descentralizadas y con participación efectiva de la sociedad civil y de las redes sociales.

Para las instituciones académicas comprometidas con la generación de conocimientos y el desarrollo de corrientes de pensamiento, desarrollar estudios sobre la violencia e incorporar su abordaje en el pre y postgrado es un nuevo reto que permitirá que las nuevas generaciones de profesionales tengan herramientas y mayor sensibilidad acerca de este grave problema.
En el 2003 celebramos el 10º aniversario de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, y de la Declaración de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el 2004 celebraremos el 10º aniversario de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará). Ésta es una oportunidad para que se implementen políticas y programas con presupuestos justos.

Notas
[1] El estudio se está realizando en Bangladesh, Japón, Namibia, Samoa, Tailandia, Tanzania, Perú y Brasil.
[2] La  Coordinadora  del estudio multicéntrico es Claudia García Moreno de la OMS y el equipo técnico internacional está formado por Mary Ellsberg, Lori Heise, Henriette Jansen y Charlotte Watts
[3] Güezmes, A., N. Palomino, M.Ramos. “Violencia Sexual y Física contra las Mujeres en el Perú. Estudio Multicétrico de la OMS sobre la Violencia de Pareja y la Salud de las Mujeres”. CMP Flora Tristán – Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, 2002.
[4] Si bien, una forma más común de violencia contra las mujeres es la violencia psicológica; no se ha considerado en este primer informe la descripción de  su magnitud al estar en discusión metodológica la definición operativa que establece una diferencia adecuada entre violencia psicológica y las consecuencias en las relaciones de las inequidades de género. 


Sobre las autoras y el autor
Ana Güezmes
Feminista, y médica con especialidad en salud pública. Integrante del Comité Coordinador del Programa de Estudios de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investigadora asociada del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, integrante del Consejo Directivo del Forosalud y coordinadora del Observatorio de la Salud del Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales.
e-mail: aguezmes@terra.com.pe
Nancy Palomino Ramírez
Educadora, diplomada en Antropología de la Pontificia Católica del Perú, con Maestría en Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Docente e investigadora en temas de género, violencia contra las mujeres, sexualidad. Coordinadora de la Unidad de Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia,.
e-mail: nyos@terra.com.pe; nancypal@upch.edu.pe
Miguel Angel Ramos Padilla
Sociólogo egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y con grado de Maestro en Demografía otorgado por El Colegio de México. Especialista en temas de población y desarrollo, salud sexual y reproductiva, masculinidad y violencia de género. Profesor e Investigador de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia,.
e-mail:  mramos@upch.edu.pe
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Violencia y vulnerabilidad de derechos de los gays, lesbianas, bisexuales, travestís y transgéneros (GLBTT) en el Perú
Por MHOL

El trabajo, elaborado por el Movimiento Homosexual de Lima, MHOL -una de las organizaciones que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos de los hombres y mujeres de las comunidades GLBTT en el Perú- ofrece una visión general de la situación de los derechos de estas personas en un contexto de transición política donde los derechos humanos adquieren cada vez más relevancia.

1. Sobre los derechos de las minorías sexuales en el Perú

En el Perú la situación de los derechos humanos de los hombres y mujeres que forman parte de las comunidades de gays, lesbianas, bisexuales, travestís y transgéneros (GLBTT) es preocupante por los niveles de violencia que se ejercen sobre éstas. La vulnerabilidad de este sector de la población se ve agravada cuando el Estado no promueve los mecanismos especiales, legales e institucionales, que garanticen la defensa de los derechos vulnerados. Existen razones históricas, culturales y sociales arraigadas profundamente en la sociedad peruana que deslegitiman la existencia social de las personas de preferencia sexual diversa. La invisibilización, discriminación y violencia se ejerce de muy distintas maneras sobre las personas GLBTT y desde los diversos espacios como:

• Espacios de socialización primaria. Desde muy temprano los niños y niñas son condicionados por esquemas de identificación de género que naturalizan las diferencias culturales entre los sexos y que desvirtúan cualquier forma de existencia que no se ajuste a los estereotipos. Los espacios de socialización primaria fundamentales son la familia y la escuela, así, desde muy temprano se enseña a los niños que el no llorar es una virtud masculina mientras que a las mujeres se les enseña que le es propio por ser más sentimentales, unos son vestidos con unos colores mientras que ellas se diferenciarán por el uso de otros colores y, se reproducirán los roles heterosexistas mediante juegos de papá y mamá.

En la escuela, cualquier forma de manifestación de actitudes y prácticas que no se ajuste a los roles preestablecidos convertirá a los niños y niñas en blanco de las burlas y otras formas de violencia conexas. En el caso de los hombres y mujeres homosexuales esta experiencia temprana marca lastimosamente las etapas posteriores de la vida en la que se definen la personalidad e identidad sexual de los y las individuos.

• Espacios de inserción adulta. Resulta sabido que los hombres y mujeres que forman parte de las comunidades GLBTT pasan por la experiencia de construcción y aceptación de sus preferencias sexuales. En esta etapa, muchos y muchas transitan de la adolescencia hacia la vida adulta. Los significados que se asocian a las sexualidades diversas ya fueron aprendidos y, los y las jóvenes saben que estas marcas pueden devenir en factor de exclusión y estigmatización. Por esta razón, la experiencia de aceptación resulta conflictiva, dolorosa y, a veces, inconclusa. Esta situación explica las dificultades que tienen los GLBTT para negociar acertadamente sus preferencias sexuales en contextos que son fundamentalmente heterosexistas como son los espacios de formación superior y/o los centros laborales.

El Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), y algunos organismos de derechos humanos, han registrado denuncias de discriminación en algunas universidades particulares motivadas por las preferencias sexuales de las estudiantes. Asimismo han registrado denuncias sobre discriminación y despido de algunos centros laborales fundadas en los mismos motivos.

• Espacios de exclusión por razones de género. En el caso de las mujeres lesbianas la exclusión por razones de género agudiza el malestar de su experiencia. Son objeto de distintas formas de violencia por el hecho de ser mujeres y por ser lesbianas. Sobre las mujeres pesan ciertas expectativas sociales y culturales que les restan libertad y capacidad de autonomía. Es el caso del matrimonio o la maternidad como formas que institucionalizan las relaciones de subordinación respecto a la pareja masculina. Por esta razón, la sexualidad y la existencia de estilos de vida propios a la experiencia lesbiana subvierte las concepciones heterosexistas que naturalizan la dependencia y la subordinación entre los géneros. Las mujeres lesbianas son invisibilizadas por el sólo hecho de ser mujeres.

• Espacios de los grupos vulnerables. Uno de los grupos mas vulnerables de las comunidades GLBTT es el de la población travesti.

Se trata del grupo social que trasgrede abiertamente la inmovilidad de los estereotipos de lo masculino y lo femenino. La visibilidad de hombres vestidos de mujer por las calles y avenidas de Lima y, de algunas de las ciudades más importantes del país, los hace vulnerables a formas de violencia que han llegado inclusive hasta el asesinato. Esta forma de violencia es silenciada sistemáticamente por las autoridades políticas y policiales. No existen estadísticas oficiales en las dependencias del estado, como tampoco existen en los organismos de derechos humanos o en las instituciones gays / lésbicas.

Otro grupo vulnerable es el de los hombres que se prostituyen y el de los que intercambian sexo por favores (fletes). Estos no sólo se exponen a formas de violencia abierta sino también a las exigencias de sexo sin protección, de acuerdo a las demandas de los clientes.

• Espacios de exclusión por razones de salud. En el caso peruano la mayor incidencia de casos del SIDA se registra en la población gay, bisexual y travesti. Fueron los grupos de gays y lesbianas los primeros que advirtieron los peligros de una epidemia como el SIDA para la salud pública. Sólo después de muchos años el PROCETS, entidad especializada del Ministerio de Salud, desarrolló programas diferenciados para las poblaciones expuestas a mayores situaciones de riesgo de contraer el virus del VIH. En la actualidad se calcula –según datos oficiales- que entre la población HSH (hombres que tienen sexo con hombres) de cada 10 personas 6 contraen el VIH. Este hecho plantea un problema de salud pública y de derechos humanos que resulta fundamental para las comunidades de GLBTT pues el Estado, por considerar que se trata de un problema de salud de una población marginal, no destina los recursos necesarios para atender las necesidades de atención y de medicinas para las personas que viven con el VIH.

• Espacios de adhesión religiosa. Un sector importante de la población GLBTT profesa algún tipo de creencia y adhesión religiosa. El problema con las iglesias, particularmente la católica, es que considera a la homosexualidad como un pecado sancionado por las sagradas escrituras.

En todo caso aceptan a los y las homosexuales como hijos de dios mientras estos y estas logren mantenerse distantes de la consumación del acto sexual. Juan Luis Cipriani, Cardenal del Perú nombrado por el Papa Juan Pablo II; afirmó, en una homilía frente a las juventudes católicas, que “los homosexuales no estaban en los planes de dios” y, junto a ellos y ellas estaban excluidas las mujeres divorciadas, las madre solteras y las prostitutas. No es de extrañar esta forma de homofobia y misoginia abierta de un personaje público que proviene de una de los grupos más conservadores de la Iglesia católica, como es el Opus Dei. Hoy en el Perú, la Iglesia católica es una de las fuerzas ideológicas más conservadoras que atentan contra la salud emocional de las personas GLBTT.

A las organizaciones de GLBTT nos preocupa que en la casi totalidad de los casos de violación a los derechos humanos de los GLBTT en el Perú estos no se expresen en denuncias. Las razones para que esto ocurra se debe a múltiples razones: por un lado se desconoce las normas de protección de los derechos ciudadanos, por el otro existen circunstancias culturales que han llevado a la internalización de la violencia como hechos naturales y, finalmente, la población manifiesta un gran temor frente a las probables formas de represalia ante una probable denuncia. Todas estas circunstancias nos permiten sostener primero que no existe un registro confiable sobre este problema y, segundo, que el tema de los derechos humanos de las personas GLBTT aún permanece invisibilizado.

3. Demandas y propuestas de las comunidades GLBTT en el Perú

El problema de la defensa y promoción de los derechos humanos de los hombres y mujeres de las comunidades GLBTT en el Perú se ha enriquecido en las dos ultimas décadas. De una fase inicial, de fundación, muy reivindicativa, en donde resonaban las demandas de los movimientos del norte, se ha transitado a una fase donde los mismos derechos son problematizados desde una perspectiva que corresponde más a la realidad social y cultural de los países en vías de desarrollo y, donde se reconoce la pluralidad de necesidades y demandas existentes en estas mismas comunidades. A su vez, la definición de estos derechos se insertan en la agenda local de las organizaciones sociales y políticas que aspiran -para el caso peruano- la construcción de un Estado y una sociedad donde impere la justicia social, la equidad y el respeto a la diversidad.

Al mismo tiempo, somos conscientes que los cambios producidos en el contexto internacional tienen repercusión en nuestros procesos y agendas locales. En este sentido no podemos obviar que en la actualidad existe una opinión pública internacional más sensibilizada hacia el problema de los derechos humanos y que, los Estados, han instituido mecanismos internacionales encargados de velar por la vigencia de los mismos. Los derechos humanos son universales e inalienables. Hoy, más que antes, los hombres y mujeres somos conscientes que los seres humanos nacemos libres e iguales en derechos, que éstos deben ser ejercidos a plenitud sin restricción alguna y garantizados por los propios Estados.

En este contexto las organizaciones representativas de las diversas comunidades de GLBTT en el Perú inscribimos la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos en tres campos fundamentales:

a) El de la ciudadanía plena para los hombres y mujeres de orientación sexual diversa

Las comunidades GLBTT reivindicamos la vigencia plena de los derechos ciudadanos para todos los hombres y mujeres independientemente de su orientación sexual. Si bien es cierto que la Constitución Política del Perú consagra que la “defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, al lado de un importante conjunto de derechos sociales, económicos y políticos fundamentales, en la práctica resulta que estos derechos y libertades son sistemáticamente violentados para el caso de los hombres y mujeres de las comunidades GLBTT. El derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar que se consagra en la Constitución resulta letra muerta cuando, desde las fases más tempranas de socialización de los GLBTT en la familia y la escuela hasta llegar a los espacios de inserción del mundo adulto como el trabajo, aprendemos y experimentamos en el transcurso de nuestras vidas y en el pasaje por los diferentes referentes institucionales que nuestra orientación sexual es una desventaja que nos hace vulnerables a distintas formas de invisibilización, discriminación y violencia.

En nuestras sociedades además, como en los demás países en vías de desarrollo, la violencia institucionalizada se agudiza conforme intervienen otras variables de diferenciación que se suman a las de orientación sexual, como las de raza, clase, género, generación o discapacidad. Por esta razón la lucha por la ciudadanía plena se inscribe para las comunidades GLBTT en un horizonte más amplio de transformaciones en donde la propuesta de una nueva ética sexual está íntimamente ligada a la construcción de una nueva ética social del respeto, la justicia y la equidad. En este sentido, reivindicamos para nosotros y nosotras el conjunto de derechos que la constitución consagra para el conjunto de los peruanos. Entre estos proponemos:

• La vigencia de leyes anti-discriminatorias que protejan a los grupos vulnerables en razón de su orientación sexual diversa.
• El reconocimiento legal de las uniones de pareja GLBTT a fin de acceder a los derechos y beneficios sociales a los que los demás ciudadanos acceden.
• Una educación pública y laica que brinde una formación en sexualidad libre de prejuicios y respetuosa frente a las distintas manifestaciones de la sexualidad.
• Por la institucionalización de mecanismos públicos de defensoría para las personas de las comunidades GLBTT que han sido vulneradas en sus derechos.

b) El de los derechos sexuales de los hombres y mujeres de orientación sexual diversa

Los derechos sexuales son aquellos que no están consagrados como tales en las Constituciones de los países por considerarse que estos se encontrarían subsumidos en la formula de los derechos sociales de las mismas. El enfoque de los derechos sexuales vincula la sexualidad y el desarrollo de la salud integral de las personas como parte fundamental de los derechos humanos. Desde esta perspectiva estos derechos competen tanto a los hombres y mujeres heterosexuales como a quienes tenemos una orientación sexual diversa.

En la última década ha sido el movimiento feminista quién más ha llamado la atención sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos, siendo uno de sus logros mayores los acuerdos de Beijing. En la actualidad las organizaciones que formamos parte del movimiento GLBTT asumimos el reto de definir la especificidad los derechos sexuales de las personas GLBTT. Consideramos que estos derechos son los que están vinculados al desarrollo integral de la salud de las personas tomando en cuenta las prácticas culturales, sexuales y estilos de vida propios de las personas de orientación sexual diversa. Proponemos las siguientes demandas para avanzar hacia la vigencia y reconocimiento pleno de los derechos sexuales de los hombres y mujeres de orientación sexual diversa:

• Por una perspectiva de salud pública que incorpore adecuadamente en el enfoque de los derechos sexuales la especificidad de las minorías sexuales.
• Por el acceso a servicios de salud pública orientados a las particularidades de las mujeres lesbianas y bisexuales.
• Por servicios de salud pública que informen y brinden atención adecuada a las comunidades GLBTT en los casos de ETS y SIDA.
• Por servicios de salud pública que permitan el acceso al tratamiento médico de las personas de bajos ingresos que viven con el VIH.
• Por la exoneración de impuestos y el abaratamiento de los costos de las medicinas para las personas que viven con el VIH.

c) El de los derechos particulares de las comunidades GLBTT

Las personas que conformamos las comunidades GLBTT nos reconocemos como un conjunto heterogéneo de hombres y mujeres cuyas identidades y prácticas culturales son diversas. Este reconocimiento nos permite comprender que hay demandas específicas a las experiencias de los distintos grupos de GLBTT y que, en muchos casos, las mismas también pueden estar subsumidas en las demandas de los derechos ciudadanos y los derechos sexuales mencionados en los dos puntos anteriores. Proponemos el reconocimiento de los siguientes derechos particulares de los hombres y mujeres de las comunidades GLBTT:

• La inclusión en el artículo 2 inciso 2 del término de igualdad ante ley por orientación sexual, debiendo el actual Congreso reconsiderar su inclusión en la discusión.
• Por la despenalización de las relaciones vis a vis entre dos hombres o entre dos mujeres en el ámbito de las fuerzas armadas y policiales.
• Por el reconocimiento legal del cambio de identidad de las personas que han realizado cambio de sexo.
• Por el establecimiento de programas para el tratamiento de la violencia intrafamiliar dirigido a las comunidades GLBTT.
• Por la reforma del código penal con el objeto de incluir el coito anal, heterosexual ú homosexual, en el tipo penal de violación.


Sobre las autoras y el autor
*Basado en el Documento “Situación de los derechos de los GLBTT”, elaborado por el Movimiento Homosexual de Lima, MHOL.

El MHOL fue creado hace mas de veinte años. Se encarga de velar por la defensa y promoción de los derechos de la población GLBTT. Desde hace 17 años celebra el Día Internacional del Orgullo GLBTT. Organizan Campañas de sensiblización “Por una Constitución que nos incluya” para lograr que la Legislación peruana incluya a las personas GLBTT. En el marco de la actual Reforma Constitucional, proponen modificar el artículo 2 inciso 2 para que se incluya el término "orientación sexual”.
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