1. DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS:
   INTENTANDO UN BALANCE REGIONAL DEL 2003
   Entrevista a Lilián Abracinskas (Uruguay) y Claudia Dides (Chile)
2. SEXUALIDADES Y DERECHOS HUMANOS:
   Entre paradojas, avances y fragmentaciones ¿Nueva agenda?
   Entrevista a Sonia Corrêa (Brasil) y César Cigliutti (Argentina)

3. SIDA Y ACCESO A TRATAMIENTO EN EL 2003:
   “Una victoria final parece muy distante, pero tenemos pequeñas victorias y resultados significativos”.
   Entrevista a Veriano Terto Jr. (Brasil) y Carlos Cáceres (Perú)

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS:
INTENTANDO UN BALANCE REGIONAL DEL 2003.

Para un balance sobre los derechos sexuales y reproductivos invitamos a un diálogo a Lilián Abracinskas de Uruguay y a Claudia Dides de Chile. Desde el activismo y la academia, en sus respectivos países, ambas vienen actuando en favor de la despenalización del aborto, la anticoncepción de emergencia y los aspectos de inclusión, accesibilidad, tecnología y la promoción y defensa del ejercicio ciudadano de los derechos sexuales y reproductivos.

Desde variados ángulos de sus respuestas encontramos muchas coincidencias y puntos interesantes de análisis, así como propuestas para la construcción y mejoramiento de las agendas del movimiento social, feminista y de mujeres respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Aportan además con cifras y aluden a acuerdos internacionales como la Declaración de Cairo para impulsar mayores avances y control ciudadano.

Mientras Abracinskas resalta que los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos forman hoy parte de la agenda de las organizaciones feministas y de mujeres de una forma mucho más colectiva, contando para ello con un marco referencial más sólido, Dides expresa que la salud sexual y reproductiva, ya no es un tema desconocido, pero siguen existiendo grandes problemas: acceso a servicios de calidad, a diferentes tipos de métodos anticonceptivos, ausencia de confidencialidad de la información y consentimiento informado, incorporación de los hombres a los partos, acceso a nuevas tecnologías, entre otros.

Como aporte a la región, describen procesos de advocacy a favor de la despenalización del aborto (Abracinskas), y experiencias de implementación de la Anticoncepción Oral de Emergencia (Dides), procesos que deben ser analizados y profundizados por quienes se encuentren realizando esfuerzos similares en América Latina.
Lilián Abracinskas, de Uruguay, es integrante del colectivo responsable de Cotidiano Mujer (organización feminista de comunicación y presión política), y coordina MYSU (Mujer y Salud en el Uruguay) instancia que articula a organizaciones que trabajan por la defensa y el ejercicio pleno de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Claudia Dides es chilena e integrante de la Corporación de Salud y Políticas Sociales (CORSAPS).
Estas son las entrevistas:

Entrevista con Lilián Abracinskas, (Uruguay)

CS: Al intentar un balance regional sobre Salud Reproductiva ¿cuales serían los avances y retrocesos al respecto?

LA: Los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos forman hoy parte de la agenda de las organizaciones feministas y de mujeres de una forma mucho más colectiva trascendiendo las fronteras de los grupos de salud que históricamente trabajaron la salud de las mujeres desde la sexualidad y la reproducción. La ampliación de fronteras también incluyó la ampliación de miradas, abordajes y reflexiones desde diversidad de disciplinas y situaciones, enriqueciendo enormemente los conceptos y la lucha por su inclusión en la nómina de los Derechos Humanos.

Por lo tanto, el terreno de la salud reproductiva hoy tiene un marco teórico referencial basado en la universalidad, indivisibilidad e integralidad de los derechos de las mujeres que ha cimentado acciones en el terreno de la salud, impulsando políticas que velen y respeten esos derechos poniendo un claro límite a cualquier trasgresión que obedezca a otros intereses que no sean el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.

Por supuesto que en la realidad todavía queda mucho por andar. Los modelos de reformas del estado al servicio de la economía de mercado, la salud convertida en un bien de consumo y las políticas focalistas en un contexto de reducción estatal, no promueven el derecho ciudadano a la salud sino todo lo contrario. Por otro lado, las resistencias de los equipos de salud a superar el modelo de atención materno-infantil estructurado en la maternidad como un destino ineludible y avanzar hacia un modelo integral de salud reproductiva, todavía son muy fuertes.

El empobrecimiento y la marginación de cada vez más amplios sectores de la población nos exponen a situaciones de emergencia en los que una y otra vez la integralidad de los servicios y la inclusión de la salud sexual y reproductiva corre riesgos y suele verse como una sofisticación de las reivindicaciones.

Por último, la intervención de las fuerzas ultra-conservadoras y su embestida desde lugares de poder tanto a niveles nacionales (las jerarquías eclesiásticas en muchos de los gobiernos latinoamericanos y caribeños) e internacionales (como las políticas intervencionistas de la política exterior de la administración Bush) van acompañadas de un modelo conservador de familia, rol de la mujer, abstinencia y fidelidad que atentan contra los conceptos consensuados de salud reproductiva registrados tanto en las Conferencias y convenciones del sistema de Naciones Unidas y las recomendaciones y definiciones de organismos referentes como la OMS y OPS.

CS: La despenalización del aborto, ya tiene más de 30 años como parte de la agenda de lucha de los movimientos feministas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo evaluar esta lucha?

LA: Para Uruguay este tema es crucial porque en este momento estamos en pleno debate de un proyecto de ley que ha logrado obtener la media sanción en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2002 y que hoy espera ser aprobado en la Cámara de Senadores.

El proyecto de ley nominado “de Defensa de la Salud Reproductiva”, designa al Estado como el principal responsable de garantizar condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminaciones de ningún tipo. Promueve la educación sexual, la planificación familiar, la maternidad y paternidad responsable y la disminución de la morbi-mortalidad materna. En su artículo 4º. el proyecto habilita la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas si la mujer así lo decide; definiéndose las condiciones para que el aborto sea realizado en servicios seguros (tanto públicos como privados) y por personal debidamente capacitado. Estipula que la práctica del aborto no puede ser realizada contra la voluntad de la mujer (manteniendo el delito de aborto ante esta situación) ni como una práctica con fines de lucro. En aquellos casos en que la interrupción deba ser realizada luego de las 20 semanas de embarazo (por riesgos en la salud de la mujer), si el feto tiene un peso mayor a 650 gramos, se deberán proveer todos los adelantos técnicos para lograr su sobrevida extrauterina.

Este proyecto surge en respuesta al aumento de mujeres muertas por abortos realizados en las peores condiciones de inseguridad. El aborto inseguro se ha convertido en la principal causa independiente de muerte materna en el país (con un promedio del 27%) , alcanzado en el 2001 a ser el 47% de las muertes maternas producidas en el principal hospital gineco-obstétrico del país.

Pero también este proyecto es el resultado de la acumulación de 18 años de presión social y debate público sobre una realidad que se ha convertido en un grave problema de salud y de justicia social. Desde 1985 (año de redemocratización luego de 13 años de dictadura militar) en cada legislatura hubo distintos proyectos de despenalización del aborto, que sólo lograron consensos en comisiones pero nunca debates en Cámara. Este proyecto ya cuenta con una media sanción y existirían los votos suficientes para aprobarlo en Cámara de Senadores. El problema es que las fuerzas contrarias –que son minoritarias pero con poder económico y político- realizan todos los esfuerzos por obstaculizar la aprobación.

Para impulsar la aprobación del proyecto de ley desde las organizaciones feministas con más trayectoria en la lucha por despenalización del aborto en Uruguay, se convocó a diversos actores de la sociedad para sumarse a la campaña. Así se constituyó la Coordinación Nacional de Organizaciones por la Defensa de la Salud Reproductiva que incluye representantes de diversas religiones (metodistas, iglesia valdense, afro-umbandista, católicas por el derecho a decidir), de la Central Única de Trabajadores y Trabajadoras (PIT-CNT), de organizaciones de jóvenes, de derechos humanos, de afro-descendientes y, por supuesto, de más de 45 organizaciones de mujeres de todo el país. Se han expresado a favor del proyecto el Concejo Directivo Central de la Universidad de la República, su rector y seis de sus decanos; numerosas personalidades de los ámbitos académicos, culturales, artísticos, deportivos.

Muchas personas han firmado dando su apoyo. Se ha organizado una campaña electrónica donde aquellas personas que quieras sumarse, a nivel nacional como internacional, puedan hacerlo expresando su opinión en www.chasque.net/abortoenuruguay donde se encuentra mucha información de todo el proceso.

CS: Según el Dr. Horacio Croxatto, presidente del Instituto de Medicina Reproductiva de Chile (ICMER), la Anticoncepción de Emergencia nos muestra hoy nuevas evidencias más contundentes de que no es abortiva, y se tiene que desmontar lo dicho hasta el momento para continuar. ¿Qué opinas?

LA: La anticoncepción de emergencia es el único método postcoital disponible. Ante situaciones de emergencia (como así lo indica) es la última posibilidad de prevención de un embarazo no deseado. Frente a una relación sexual sin protección, una violación o la falla de un método anticonceptivo regular (rotura de condón o de diafragma, por ejemplo) la AE es el último recurso con el que se cuenta y que lamentablemente no se conoce como debería ser conocido. En Uruguay existe su venta libre en farmacias desde hace mucho años pero encuestas realizadas revelaron que la mayor parte de la población no la conocía, o la utilizaba mal creyendo que era una pastilla abortiva y por lo tanto se usaba cuando faltaba la menstruación y no hasta las 72 horas de una situación de emergencia. A partir de este año se logró que la AE se haya integrado a los servicios públicos de salud reproductiva. Pero aún no se trabaja la AE en las servicios que atienden situaciones de violencia sexual y doméstica. Debería difundirse mejor de manera objetiva y científica e integrarse en los protocolos de atención de salud, especialmente, a víctimas de violencia, como uno de los mecanismos de prevención.

CS: ¿Qué cambios deben hacerse? ¿Qué nuevos elementos se deben incorporar, si pretendemos construir una nueva agenda?

LA: Creo que lo más importante es que las agendas sean integradas y no sigan siendo trabajadas fragmentada y desarticuladamente. Por ejemplo en Uruguay hemos integrado el debate sobre aborto al marco de defensa de los derechos humanos. Pero también al de la profundización democrática, al de respeto a la diversidad de creencias y religiones y a la lucha contra las distintas formas de fundamentalismos que buscan imponer –bajo cualquier condición- sus posiciones hegemónicas.

Con jóvenes hemos discutido el rol de los varones en las decisiones reproductivas y frente a un aborto. Con los grupos de la diversidad sexual el derecho de lesbianas y gays a tener hijos/as. Con afrodescendientes las condiciones específicas que afectan a las mujeres de las comunidades negras en tanto el aborto clandestino es más inseguro cuando menos posibilidades económicas se tienen o cuando determinadas matrices culturales siguen fomentando la maternidad como reafirmación del ser mujer.

Lo que pretendo decir es que siempre existe la posibilidad de integrar las temáticas en la medida que exista la voluntad política de articular entre diversos actores sociales, con mente abierta y amplitud de criterio para profundizar y evidenciar las distintas caras que adquiere las diversas formas de discriminación.

La construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria no se logra desde un solo lado, desde un solo actor o desde una sola persona. Todos los niveles, todos los actores y todas las personas son necesarias para realizar los cambios que se necesitan frente a las realidades complejas a las que nos enfrentamos. Cambios que vayan desde lo personal a lo global y viceversa –sin saltarse ningún peldaño ni desestimar ningún tema.

Entrevista con Claudia Dides (Chile)

CS: Si te pidiéramos un balance regional acerca de la Salud Reproductiva en el 2003? ¿Cuál sería éste?

CD: Si revisáramos los datos epidemiólogos en toda la región lo más probable es que nos encontremos con grandes avances en algunos países, estancamientos y retrocesos en otros.

La salud sexual y reproductiva, ha ocupado la agenda pública de los países, a veces escasos, pero ya no es un asunto desconocido. Si nos remontamos a 20 años atrás es claro que el panorama ha cambiado. No obstante, siguen existiendo grandes problemas en América Latina respecto a la salud sexual y reproductiva: acceso a servicios de calidad, acceso a diferentes tipos de métodos anticonceptivos, ausencia de confidencialidad de la información y consentimiento informado, incorporación de los hombres a los partos, acceso a nuevas tecnologías, entre otros.

Por ejemplo, en el caso de los adolescentes y jóvenes, existen deficiencias en los diferentes programas en salud, para reconocer sus necesidades, entre ellos la inclusión de los varones, la aceptación de diferentes culturas, ya sea al interior de la escuela, en zonas rurales, urbanas, o los diferentes niveles socioeconómicos, etc. Después de El Cairo, se ha adquirido bastante experiencia en salud sexual y reproductiva, esto ha puesto de manifiesto la urgencia de elaborar políticas públicas que den cuenta de las necesidades especificas de cada uno de los países de la región. Sin embargo, en el caso de los adolescentes y jóvenes son pocos los países que efectivamente las han llevado a cabo, especialmente lo que se relaciona con información y servicios adecuados. En algunos países las leyes no son claras respecto al uso de métodos anticonceptivos para jóvenes, son más bien restrictivas, nos encontramos con el requisito de solicitar la autorización para procedimientos de diferente naturaleza, ya sea a sus progenitores, esposos.

Se suma a lo anterior la existencia de serios problemas respecto a la despenalización del aborto, a la violencia sexual, abuso sexual, violencia contra las mujeres y niños / as, etc.

Pero también han habido grandes avances tanto en materia de investigación, divulgación, información, capacitación y promoción. Si realizáramos un balance por ejemplo de los cursos impartidos en estas materias en diferentes universidades del continente es grato verificar el abanico de ofertas, siempre es poco, pero ya las hay. Por otro lado, la sociedad civil, movimientos sociales, grupos, colectivos como quieran llamarle han realizado un sinnúmero de actividaes en pro y defensa de los derechos en estas materias, en algunos casos con alianzas gubernamentales.

CS: La despenalización del aborto, ya tiene más de 30 años como parte de la agenda de lucha de los movimientos feministas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo evaluar esta lucha?

CD: Al respecto creo que hay estancamientos y retrocesos en la región. Respecto a Chile me parece que hay un debilitamiento de los movimientos tanto feministas como de mujeres, no sólo en estas materias -sin olvidar que es parte de lo debilitamientos generales-. No obstante, es posible constatar a lo menos en Chile, que ciertos temas han aunado esfuerzos, poniendo de manifiesto que si se logra el objetivo se disuelven los grupos.

Respecto a la despenalización del aborto, quizás uno de los elementos que dan cuenta de los estancamientos y retrocesos, sea una falta de estrategia específicamente en nuevas alianzas, es decir con nuevos actores que muchas veces no han estado involucrados en estos temas. A este elemento, se agrega un nuevo contexto que es para toda la región, existe un debilitamiento para poder poner en la agenda pública la despenalización del aborto, producto de la fuerza y legitimidad que están teniendo los grupos más conservadores, especialmente los ligados a los grupos más fundamentalistas de la Iglesia Católica. Existe un fuerte retroceso en la libertades individuales en materia de salud sexual y reproductiva.

Es necesario un real diagnóstico del debilitamiento en este campo en América Latina. Sin embargo, no existen nuevos argumentos. Me parece que hay ciertas preguntas para plantearse ¿cuáles son los nuevos elementos que no hemos incorporado? ¿qué es lo que asusta tanto?

Si pensamos en las argumentaciones que podemos constatar en la región por parte del conservadurismo, se construye a partir de afirmaciones que recurren a la naturaleza, la esencia humana, es decir una cierta valoración por la tradición como fuente de saber. Por otra parte, cuando pensamos en lo contrapuesto, es decir los argumentos que defienden el secularismo, que se caracteriza por el uso de la razón como fuente de construcción de consensos, apelando a la defensa de valores universales como justicia, libertad, igualdad, democracia. En el campo de la salud sexual y reproductiva es posible encontrarlos en la defensa de los derechos en estas materias. Ahora bien, entre estas distintas maneras de argumentar, ¿será posible encontrar discursos paralelos?

CS: La Anticoncepción de Emergencia nos muestra hoy nuevas evidencias más contundentes de que no es abortiva. Sin embargo el tema se centra en la discusión biomédica. ¿Qué opinión tienes?

CD: Me parece, y lo dije en un trabajo que presenté en la Reunión Regional “Sexualidades, Salud y Derechos Humanos” en Lima, 2003, que es parte de una estrategia en la cual he participado formando parte del equipo de ICMER (Instituto Chileno de Medicina Reproductiva y CORSAPS (Corporación de Salud y Políticas Sociales).

Obviamente es lógico plantearse la pregunta por los cuerpos de nosotras las mujeres. Al respecto quisiera citar un artículo que publique en la Universidad de Chile. "¿quiénes son los que hablan sobre la vida íntima de las personas, sobre los cuerpos de las mujeres?, ¿quienes deciden no sobre la existencia de tal o tal comportamiento que de todas maneras tendrá lugar, sobre la utilización de medios y tecnologías actuales que podrían aliviar el dolor y el sufrimiento inútil? ... En el mundo entero, a través de instituciones representativas de las poblaciones se han generado procedimientos para decidir de la aprobación o el rechazo de ciertos tipos de fármacos. La exigencia del acuerdo de comités de ética en los proyectos de Investigación e incluso en la publicación de textos científicos es una condición respetada por todas las instituciones involucradas en el mundo. ¿Fueron respetadas, a propósito de la temática que nos ocupa, estas exigencias? ¿O vivimos en un país que tiene el privilegio de crear normas “geniales” o “desconocer” otras de la noche a la mañana?" Dides, Claudia. La Anticoncepción de Emergencia ¿Quiénes deciden sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Revista Nomadías. 1er. Semestre Año 5, número 5. Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades. Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina. Editorial Cuarto Propio, Santiago, 2001.

Obviamente que en Chile el debate público sobre anticoncepción de emergencia tuvo diferentes tipos de actores, pero por sobre la capacidad de decisión de las personas, es decir como parte de sus derechos, la discusión se centró en un debate biomédico y bioético. Al respecto creo que es necesario hacerse también la pregunta respecto a las nuevas alianzas, los diferentes avances que se han dado y seguir trabajando por la incorporación de la AE en todos los países de la región sin restricciones para las mujeres.

Creo firmemente que en Chile la AE así como en otros países ha sido un avance en el campo de los derechos sexuales y reproductivos específicamente para las mujeres, es decir, la posibilidad de decidir sobre ser madre o no.

CS: En la elaboración de una nueva agenda, ¿qué cambios deben hacerse? ¿Qué nuevos elementos se deben incorporar, y cuáles mantenerse?

CD: Una nueva agenda sobre salud y derechos sexuales y reproductivos debería implicar nuevas alianzas con actores no involucrados anteriormente. Además, incluir la construcción de nuevos argumentos que sirvan de base para debates en diferentes niveles: parlamentos, gobiernos, movimientos, empresarios, etc. Incorporar los derechos sexuales y reproductivos en el marco de los derechos humanos, por tanto hacer alianzas con los movimientos, colectivos que han estado ligados históricamente a los DDHH. Incorporar gente joven de diferentes espacios tanto académicos como organizaciones sociales. Búsqueda de nuevos financiamientos para la región para levantar información para el advocacy. Dejar de lado viejas disputas que solo han provocado rupturas y retrocesos. Aunque el poder siempre va a estar presente en los grupos humanos. Monitorear los procesos y acuerdos adquiridos por los países, difundir los monitoreos. Consolidar procesos con los actores y decidores de políticas públicas.

SEXUALIDADES Y DERECHOS HUMANOS:
Entre paradojas, avances y fragmentaciones ¿Nueva agenda?

La propuesta de un Balance Regional 2003, sobre los aspectos de la diversidad sexual, nos coloca frente a un panorama paradójico, con avances y retrocesos, y al contrario de las fuerzas conservadoras opositoras, nos encuentra fragmentados y desarticulados/as, lo cual nos obliga a mejorar la agenda y las estrategias, así como a la ampliación y profundización de análisis y conceptos.

Dos personas muy importantes en la región, especialistas en estos temas, respondieron amablemente a nuestra entrevista. Una de ellas es la brasileña Sonia Corrêa, integrante de Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), quien integra además el Comité de apoyo a la propuesta de Brasil sobre la inclusión de la orientación sexual en la Declaración de los Derechos Humanos. El otro es el argentino César Cigliutti, integrante de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).

Para Sonia Corrêa, el panorama regional en relación a la sexualidad y los derechos humanos es sobre todo paradójico. Resalta que asistimos a un claro avance del conservadurismo moral que apunta sobre todo a la homosexualidad, el aborto y las familias no convencionales. De otro lado señala que en las sociedades latinoamericanas el tema de los derechos humanos en sexualidad, han ganado espacio y visibilidad.

Sobre los avances respecto a la unión de parejas del mismo sexo en Argentina, y los debates que en esta dirección se dan en Colombia, señala que estos procesos se están dando en países con graves crisis políticas, sociales y económicas, y deben ser analizados con mayor atención y profundidad pues estas “crisis estructurales”, al desestabilizar las formas convencionales de hacer política, abren espacio para la agenda de la diversidad sexual.

Corrêa plantea sus interrogantes acerca de la eficacia de concepto de patriarcado para “explicar” la discriminación y estigma relacionados a la sexualidad. Sobre la construcción de una nueva agenda y desafíos, recalca que las propuestas de unión civil tienen un gran valor simbólico y político, y los debates legales sobre las “formas de familia” son una de las trincheras estratégicas más importantes de nuestro quehacer político en los próximos años. Uno de los frentes es que hay que promover diálogos y consensos entre actores/as de la llamada política sexual, y otro es, la revisión y ampliación conceptual, y el debate sobre patriarcado y unión civil son apenas un ejemplo.

De otro lado César Cigliutti, resalta la Ley de Unión Civil como la ultima conquista del movimiento GLTTB lo cual es fruto de un largo trabajo de muchas organizaciones GLTTB y, especialmente de la CHA. Explica que esto significa un grado de evolución de su movimiento, pero también de cambios en la sociedad hacia estos asuntos.

Explica que si bien La Ley de Unión Civil es un avance y el papel de los medios de comunicación ha sido también importante y la repercusión en toda la sociedad. Asimismo, es muy importante el papel de los mismos en la difusión de los eventos nacionales como la Marcha del Orgullo GLTTB y otros del exterior y que posibilitan su resonancia en Argentina, contribuyen porque mantienen el tema en debate.

Como estrategia utilizada durante su Campaña por la Ley de Unión Civil, reconoce el apoyo de diversos especialistas de la salud y el derecho, pues mediante su opinión apoyaron sus esfuerzos.

Discrepa con las voces que señalan que con la Ley de Unión Civil, se estarían reproduciendo esquemas patriarcales pues “se trata de la conquista de un derecho. Se está hablando de Uniones Civiles entre personas del mismo sexo, donde los "esquemas" se negocian constantemente y donde además, el asunto es que estén de acuerdo las dos personas”.

Coincide con Corrêa al plantear que se debe discutir y acordar estrategias y discursos, tener una mayor comunicación y articulación del activismo de cada país a niveles mas amplios y mejor conexión.

Aquí las entrevistas completas.

Sonia Corrêa (Brasil)

CS: Al intentar un balance regional sobre Sexualidades y Derechos Humanos, ¿cuáles serían para usted los avances y retrocesos en este campo?

SC: O panorama regional em relação a sexualidade e direitos humanos é sobretudo paradoxal. Como aliás no resto do mundo. Por um lado assistimos em anos recentes um claro avanço do conservadorismo moral quer seja pela via política,quer seja pela via religiosa (este quadro se agravou muito depois que George Bush chegou ao poder em 2001. Estas forças tem como um de seus alvos principais os homossexualismos (os demais alvos são o aborto, as "familias não convencionais e a prostituição).

Por outro, no planos das sociedade latino-americanas o tema dos direitos humanos em sexualidade gannhou espaço e visibilidade. São exemplos disto os números das paradas de orgulho gay no Brasil em 2003 (mais de 2 milhões de pessoas), as várias iniciativas de reforma legal quer seja no campo de medidas não discriminatórias, que seja no que diz respeito a união civil ou sociedade de convivencia. É, inclusive, ao meu ver, muito significativo que os debates sobre união civil entre pessoas do mesmo sexo tenham ganhado corpo em países - como Colombia e Argentina - num momento em que os mesmos atravessam graves crises políticas , sociais e econômicas.

Estes são processos que deveriam ser analisados com maior atenção e profundidade pois sugerem que "crises estruturais" ao desestabilizar as formas convencionais do fazer político abrem espaço para agenda da diversidade sexual.

Neste contexto contraditório é também muito significativo que em abril de 2003 o Brasil tenha apresentado à Comissão de Direitos Humanos da ONU um projeto de resolução que trata a orientação sexual como tema de direitos humanos. De alguma maneira a resolução brasileira pode ser vista uma proposta latino-americana (muito embora os países latino que eram membros da CDH em 2003 não tenham sido solidários com o Brasil como se poderia esperar).

La visibilización de algunos temas al respecto (unión de parejas del mismo sexo por ejemplo) puede tomarse como avance. ¿Cuáles serían para usted otros elementos favorables? Asimismo, ¿qué prácticas positivas cree usted que se dan para disminuir/eliminar el estigma y la discriminación?

A pergunta está parcialmente respondida na questão anterior. Acho que tão importante quento o debate sobre união civil tem sido os esforços no sentido de que nossos países adotem medidas não discriminatórias por razões de "sexualidade".

Tambem me parece fundamental a produção e agitação cultural em relação a temas de diversidade sexual, pois este caminho possibilita o debate a mudança de mentalidade para além das fronteiras dos movimentos sociais.

La misma búsqueda de la unión de parejas, se vuelve a la vez que avance también un elemento de controversia pues estaría repitiendo esquemas de la sociedad patriarcal, según señalan varias voces. ¿Usted que opina?

Este é um tema bastante complexo. Mereceria todo um seminário não é mesmo?

Vou tentar resumir minha posição, correndoi o risco, inclusive de ser mal interpretada. Inicialmente, é imporetanto referir que desde já alguns anos tenho levantado interrogações quanto a eficácia do conceito de patriarcado para "explicar" a discriminação e estigma relacionados a sexualidade (aliás não sou a única afazer isto, Teresita Barbieri é uma outro refrencia fundamental).

Minha própria posição é a de que nossas culturas são fundamentalmente androcêntricas e, sobretudo, hetero (sexo) normativas e, sem duvida, podem nelas ser identificados bolsões patriarcais renitentes. Entretanto não estou convencida que podemos descrever nossas sociedades como patriarcais no sentido definido por Max Webere and Engels. Além disto é preciso lembrar que ao menos do ponto vista normativo formal, nossas legislações de família já não podem ser caracterizadas como "patriaracais" pois foram sob pressão do movimento feminista objeto de reformas profundas ao longo das últimas décadas (ainda que as práticas não tenha sido alteradas em profundidade).

A luz deste enfoque, as propostas de união civil tem uma grande valor simbólico e político que é exatamente de fustigar e desestabilizar a heteronormatividade neste locus crucial da vida social que é a família (a qual por outro lado é objeto constante de recriação idelaizada por parte do setores conservadores). Não tenho dúvidas que os debates legais sobre "formas de família" é uma das trincheiras estratégicas mais importantes do nosso que fazer político para os próximos anos.

En la elaboración de una nueva agenda ¿qué cambios deben hacerse? ¿Qué nuevos elementos se deben incorporar, y cuales mantenerse?

Acho que o campo dos direitos humanos e sexualidade se vê desafiado em duas frentes. A primeira delas está no campo político propriamente dito. Trata-se da promoção de diálogos e a busca de consensos entre os vários atores e atrizes (sujeitos) da chamada política sexual (gays, lésbicas, feministas, transgêneros, trabalhadoras e trabalhores do sexo).

Enquanto nossos adversários superam sem grande dificuldade suas diferenças para atacar os direitos de homossexuais, o aborto e a união civil, nos continuamos muito fragmentados (quando não abertamente conflituados). A segunda frente é exatamente da revisão e alargamento conceitual, de que o debate sobre patriarcado e união civil é apenas um exemplo.

César Cigliutti (Argentina)

CS: Al intentar un balance regional sobre Sexualidades y Derechos Humanos, ¿cuáles serían para usted los avances y retrocesos en este campo?

CC: En Argentina, la Ley de Unión Civil es la ultima conquista que conseguimos. Hay que considerarla en el marco de un largo trabajo que muchas organizaciones GLTTB y, especialmente la CHA, venimos realizando.

Nosotros /as somos optimistas con respecto a la evolución de nuestro movimiento y a la situacion de nuestra comunidad GLTTB porque también existe un cambio evidente en el resto de la sociedad con respecto al reconocimiento de nuestros derechos.

La visibilización de algunos temas al respecto (unión de parejas del mismo sexo por ejemplo) puede tomarse como avance. ¿Cuáles serían para usted otros elementos favorables? Asimismo, ¿qué prácticas positivas cree usted que se dan para disminuir/ eliminar el estigma y la discriminación?

La Ley de Unión Civil es un avance y eso se refleja, por ejemplo en como se trata el tema en los medios de comunicación y la repercusión en toda la sociedad.

Los eventos nacionales como la Marcha del Orgullo GLTTB y otros acontecimientos que se dan en el exterior y que tienen resonancia en nuestro país, también ayudan porque mantienen nuestro tema en un debate que, al menos en Argentina, se da muy especialmente a través de los medios de comunicación.

Por eso una de nuestras estrategias es mantener a la CHA como un referente sobre los temas de discriminación en general, y en espacial sobre orientación sexual e identidad de género. Nosotros /as trabajamos con otros sectores y en otros ámbitos desde nuestro discurso de los derechos humanos que nos da un marco fundamental para sostenernos y para argumentar nuestros reclamos.

Con respecto a temas de legislación y salud para nosotros /as fue muy importante el apoyo de los sectores académicos como un argumento de autoridad muy bien fundamentado.

Por ejemplo cuando estaba en debate la Ley de Unión Civil realizamos conferencias en la Universidad y en la Legislatura donde los/as mas reconocidos/as juristas hablaron a favor y apoyaron el proyecto.

La misma búsqueda de la unión de parejas, se vuelve a la vez que avance también un elemento de controversia pues estaría repitiendo esquemas de la sociedad patriarcal, según señalan varias voces. ¿Qué dices al respecto?

No estoy de acuerdo con esa lectura sobre la conquista de un derecho. Estamos hablando de Uniones Civiles entre personas del mismo sexo, donde los "esquemas" se negocian constantemente. Además, si están de acuerdo las dos personas ¿cual seria el problema?

Una cosa resulta cierta, cuando la pareja está bien y todo funciona, pareciera que no hay necesidad de ninguna reglamentación o protección del Estado, hasta que, por ejemplo uno/a se enferma, se separa o se muere o, para no ser tan dramático, quiere sacar un crédito o necesita compartir el seguro social (obra social o servicios médicos).

¿Cual seria, en estos casos el esquema patriarcal?

El tema es tener los mismos derechos que el resto de la sociedad.

En la elaboración de una nueva agenda ¿qué cambios deben hacerse? ¿Qué nuevos elementos se deben incorporar, y cuales mantenerse?

Creo que internacionalmente existe un consenso en nuestro movimiento GLTTB -después de muchos años de trabajo- sobre temas concretos de ciudadanía plena como la Unión Civil y todo lo que incluye esta legislación como herencia, adopción y otros.

Discutir y acordar estrategias y discursos seria muy interesante. Los nuevos elementos, pero no tan nuevos, serian tener una mayor comunicación y articulación del activismo de cada país a niveles mas amplios y la realidad Latinoamericana tiene una identidad muy fuerte y necesita estar mejor conectada.

SIDA Y ACCESO A TRATAMIENTO EN EL 2003:
“Una victoria final parece muy distante, pero tenemos pequeñas victorias y resultados significativos”

Otro de los temas elegidos para este balance regional 2003, es el SIDA y acceso a tratamiento. Veriano Terto Jr. (Brasil) y Carlos Cáceres (Perú), académicos y activistas, convocados en esta ocasión, expresan que el 2003 ha sido un año de avances, en especial por la decisión de la Naciones Unidas al considerar la cuestión de acceso a antirretrovirales como una cuestión de derechos humanos, constituyéndose esta medida en una herramienta fundamental para los gobiernos y activistas de los países en desarrollo. Resumen las trabas y dificultades en el acceso a medicamentos, en el contexto de una no siempre favorable voluntad política de los gobiernos, y frente a los procesos que tienen lugar a nivel internacional. Redimensionan el significado de “acceso” a medicamentos y señalan que ya existe una agenda, la misma que es enriquecida constantemente con el accionar de la comunidad internacional.

Veriano Terto es Director Ejecutivo de la ONG ABIA, profesor visitante de la Universidad Federal de Rio Grande Do Sul, y miembro del Comité Directivo del Centro Latinoamericano en Sexualidades y Derechos Humanos, así como del Comité Consultivo del Proyecto Sexualidades, Salud y Derechos Humanos en América Latina; Carlos Cáceres, es médico, profesor de Salud Pública y Coordinador de la Maestría en Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y Coordinador del Proyecto Sexualidades, Salud y Derechos Humanos en América Latina.

Ambos especialistas coinciden en decir que los retrocesos están en los acuerdos internacionales de propiedad intelectual, en las leyes de patentes nacionales y en los acuerdos de la OMC, que dificultan la importación paralela de genéricos, entre los países en desarrollo, entre otros.

Estiman que la judicialización es una estrategia más a nivel individual, y puede colectivizarse y contribuye a la creación de un clima en el cual el no acceso sea considerado un problema de derechos humanos, estrategia que puede sentar precedentes positivos.

Señalan que el acceso no debe ser visto sólo como una cuestión de distribución de medicamentos, y explican una serie de criterios para que realmente mejore la calidad de vida de los/ las usuarios / as. Cáceres considera que hace falta un adecuado monitoreo en el marco de un programa de atención integral, a la vez que asegurar a los usuarios condiciones de vida adecuadas, explica además que un acceso efectivo y útil implica continuidad y sostenibilidad del financiamiento a largo plazo, en el marco de una política adecuada frente a la enfermedad, y de una política de salud bien diseñada.

Ya existen diversas agendas propuestas, reconoce Veriano Terto. La declaración de UNGASS del 2001 es una de ellas, y recalca que “todavía una victoria final sobre el VIH parece muy distante, pero a lo largo de los últimos años hemos conseguido pequeñas victorias y resultados significativos, entre ellos la caída de las tasas de mortalidad en los países donde hay acceso a los medicamentos”.

Les ofrecemos las entrevistas completas.

Veriano Terto (Brasil)

CS. Al intentar un balance regional sobre SIDA y acceso a tratamiento ¿cuáles serían los avances y retrocesos?

VT: Creo que un gran avance es la decisión de las Naciones Unidas en considerar la cuestión del acceso a los antiretrovirales como una cuestión de derechos humanos. Esto es una herramienta muy importante para gobiernos y para los activistas de los países en desarrollo en la lucha para que los intereses económicos no se sobrepongan a los intereses de la salud pública.

Otro avance es la producción de versiones genéricas de medicamentos antirretrovirales, lo que posibilita una caída en los precios y la posibilidad de que puedan ser producidos por industrias farmacéuticas nacionales en países en desarrollo.

El retroceso todavía reside en los acuerdos internacionales de propiedad intelectual, en leyes de patentes nacionales, y en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, que dificultan o impiden la importación paralela de genéricos, entre los países en desarrollo, los altos precios y los monopolios fijados por las grandes industrias farmacéuticas multinacionales, además de la inercia de los gobiernos de muchos países en buscar en la arena internacional formas de acceder a los medicamentos.

Los especialistas y activistas señalan que el acceso como tal no soluciona el problema ¿cuáles serían los otros caminos complementarios al acceso?

El acceso no debe ser visto solo como una cuestión de distribución de medicamentos. El acceso presupone una capacidad política de los gobiernos y las sociedades civiles locales para luchar por precios más bajos en la compra de los medicamentos y para que sus intereses en salud publica no queden por debajo de los intereses económicos de las grandes corporaciones farmacéuticas, además de crear e implementar leyes de patentes donde los intereses de la población sean contemplados y no solamente los de las empresas. Implica en la movilización de las personas más afectadas y en la formación de puentes de solidaridad que resulten en que las personas seropositivas puedan acudir a los servicios de salud, reciban apoyo y tengan confianza y estímulo para tomar los medicamentos y hacer el tratamiento.

Debe incluir la creación o refuerzo de la capacidad técnica que resulte en la disponibilidad de laboratorios para la realización de los análisis necesarios al seguimiento del tratamiento, personal de salud bien entrenado y bien remunerado para la realización de consejería y apoyo al tratamiento, insumos para la prevención, como una distribución amplia y gratuita de preservativos, en suma, la creación de toda una infraestructura de servicios y personal que puedan brindar una atención digna. Sé que esto puede parecer utópico, pero tratándose de la vida de las personas hay que pensar en grande y en el cumplimiento y respeto a todos sus derechos básicos, inclusive a la salud.

Y como observa los pasos de presión que vienen dando por ejemplo la judicialización para el acceso, tal como está sucediendo en Perú y Ecuador?

La judicialización para el acceso es necesaria cuando los gobiernos no están garantizando el acceso a la salud y no están respetando el derecho a la vida de sus ciudadanos, o sea, no están cumpliendo con sus responsabilidades. En este sentido, la judicialización es un camino efectivo para que los ciudadanos luchen por sus derechos y cobren de sus gobiernos actitudes y acciones concretas que puedan resultar en garantía de derechos y en una atención digna y efectiva.

¿Habrá que construir una nueva agenda? ¿qué cambios deben hacerse?

Ya existen diversas agendas propuestas. La declaración de UNGASS del 2001 es una de ellas. Ya existen los medicamentos, sabemos que son efectivos, que con presión política podemos bajar precios, y en fin, sabemos lo que hay que hacer, lo que falta es cumplir con las recomendaciones que ya están propuestas, acordadas y firmadas por los gobiernos.

Todavía una victoria final sobre el VIH parece muy distante, pero a lo largo de los últimos años hemos conseguido pequeñas victorias y resultados significativos, entre ellos las caídas de las tasas de mortalidad en los países donde hay acceso a los medicamentos. Lo que falta es voluntad política de toda la comunidad internacional, especialmente de los países más poderosos para que estos resultados sean extendidos a todos aquellos que necesitan de tratamiento y se merecen una vida digna.

Carlos Cáceres (Perú)

CS: Al intentar un balance regional sobre SIDA y acceso a tratamiento, ¿cuáles serían los avances y retrocesos en este campo?

CC: Creo que este ha sido un año muy positivo desde el punto de vista de creación de condiciones para facilitar el acceso al tratamiento a nivel regional. Se terminó la tercera negociación de la región, la cual abarcó a 10 países (los 5 andinos más los 4 del cono sur y México), y que logró rebajas aún mayores a las alcanzadas en Centroamérica y el Caribe, para compras hechas por los gobiernos. Con ello los precios del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) se han reducido significativamente, al punto de que un tratamiento inicial puede costar sólo $400-600 por año.

Sin embargo, estas rebajas se han dado en precios de genéricos. Los laboratorios "innovadores" no han participado muy entusiastamente en la negociación, tal vez confiando en utilizar otros mecanismos para bloquear el uso de los acuerdos, o asegurar su primacía en la compra. Entre ellos está el recurso a discusiones sobre patentes, y presiones internacionales desde la OMC y desde gobiernos que, como el norteamericano, suelen defender los intereses de las transnacionales. Algunos piensan que, a inicios de la discusión de un tratado de libre comercio de las Américas (o tratados bilaterales con USA que preparan el camino al mismo), la posibilidad de introducción de salvaguardas que limiten el uso de genéricos aún más representa un peligro real.

Otro mecanismo desafortunado que puede haberse visto, aunque no como política sistemática de los laboratorios (sino más bien como práctica de algunos funcionarios de éstos en algunos países) es un trabajo de desprestigio de los medicamentos de producción genérica, particularmente ante los activistas del movimiento de PVVS, de modo que se presione por medicamentos "de calidad", lo cual sólo sería asegurado, según esta perspectiva, por los medicamentos "de marca".

Los especialistas y activistas señalan que el acceso a medicamentos como tal no soluciona el problema ¿cuáles serían los otros caminos complementarios al acceso?

Bueno, esta pregunta podría tener respuestas a varios niveles, según cómo se la quiera entender. Si hablamos de que "acceso" significa sólo antirretrovirales, pues obviamente que no. Hace falta un adecuado monitoreo en el marco de un programa de atención integral. Idealmente, hace falta también asegurar a los usuarios condiciones de vida adecuadas, y éstos y éstas tienen que contribuir con una adecuada "adherencia" al tratamiento. Obviamente, si vamos más allá, un acceso efectivo y útil implica continuidad (lo que requiere sostenibilidad del financiamiento a largo plazo), en el marco de una política adecuada frente a la enfermedad, y de una política de salud bien diseñada en términos amplios.

Y ¿cómo observa los pasos de presión que vienen dando, como por ejemplo la judicialización para el acceso?

La judicialización es una estrategia más, a nivel individual (aunque puede colectivizarse) que contribuye a la creación de un clima en el cual el no acceso sea considerado un problema de derechos humanos. La judicialización puede sentar precedentes positivos y contribuye a legitimar la causa. Cuando una PVVS gana un caso, no sólo lo gana para sí misma, sino para el movimiento en su conjunto.

En la elaboración de una nueva agenda ¿qué cambios deben hacerse? ¿Qué nuevos elementos se deben incorporar, cuales mantenerse?

El año ha sido favorable, y a ello han contribuido las movilizaciones nacionales que han resultado en propuestas enviadas por "Mecanismos coordinadores de país" al Fondo Global, varias de las cuales han sido aprobadas entre los países de la región que las han presentado.

Pero se trata de un camino largo, y sólo se está comenzando. Las presiones por no destinar dinero a este programa son grandes, y hace falta un trabajo político continuado que muestre que es posible tratar, que los efectos son grandes hacia lo positivo, y que es necesario buscar y asegurar los recursos para hacerlo (resaltando lo logrado en términos de reducción de precios). Hace falta, entonces, continuar con el trabajo de sensibilización de quienes toman las decisiones, y de la comunidad en general, y proponer fórmulas que abaraten los costos y que generen recursos para financiar el programa de manera sostenible, sin utilizar fondos antes destinados a otros programas sociales prioritarios. Y, obviamente, no se debe desatender los elementos de un programa que no corresponden a los medicamentos en sí (tales como los mencionados en la respuesta a la pregunta 2) y que, siendo menos costosos, son esenciales para que el programa tenga impacto positivo.