1. Latinoamérica : "Las limitaciones de la democracia frenan los avances en salud y derechos".
   Por Timothy Frasca

2. Estar o no estar, esa es la cuestión: Advocacy y derechos
   Por Mónica Rosenfeld
3. Acortando brechas entre la investigación y la formulación de políticas.
   Por Alicia Quintana

4. Interrelaçãoes entre advocacy e academia.
   Entrevista a María Luiza Heilborn (Brasil)
5. Coordinación SIDA de la Ciudad de Buenos Aires:
   Experiencia inédita de abordaje desde la diversidad sexual y las políticas de prevención del VIH/ SIDA .
   Entrevista a Victoria Barreda (Bs Aires–Argentina)
6. “No todo es advocacy”
   Entrevista a Lucy Garrido (Uruguay)

Artículos 

Latinoamérica: "Las limitaciones de la democracia frenan los avances en salud y derechos".*

Por Timothy Frasca

Aunque el panorama es contradictorio e inconsistente, la región latinoamericana está logrando al menos defender los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de las severas inequidades económicas, inestabilidad política y el peso de una fuerte jerarquía católica activista. Encuestas de opinión pública indican consistentemente que sobre estos asuntos las personas del continente toman distancia de sus propios líderes eclesiásticos y gobernantes recalcitrantes; consistentemente, mayorías decisivas favorecen el completo acceso al control de la natalidad, educación sexual y aborto sin riesgo en ciertas circunstancias.

Pero Latinoamérica está aún recuperándose de décadas de brutales dictaduras durante los años 70 y 80 las cuales golpearon a la organización social y socavaron la capacidad de estas mayorías para hacer valer sus posiciones y deseos. El permanente “déficit democrático” impide la provisión de servicios adecuados en una variedad de formas, desde el arresto y encarcelación de mujeres que interrumpen sus embarazos en Chile hasta la intimidación de los médicos en Centroamérica o el extraño intento judicial en Argentina para echar por tierra el control de la natalidad con tan sólo una firma.

Algunas veces los intentos conservadores para dar marcha a atrás a décadas de progreso, han alcanzado extremos absurdos, tal como el anuncio en mayo del 2003 por el ministro de salud del Perú, de que cada “persona concebida” debía ser ahora identificada y registrada. Más escalofriante fue el enredo que se armó para prevenir que una víctima de violación de 9 años de edad en Nicaragua reciba un aborto legal, enredo que pasó por encima de las leyes de dos países involucrados en la situación.

La hostilidad provocada por tales incidentes a menudo despierta a la población local sobre la realidad de la salud sexual y reproductiva y las falencias de sus gobernantes en defender los intereses ciudadanos. Pero en general en la región, las partes batallan cada una hacia un empate al nivel legislativo y ningún lado puede alterar mayormente el estatus quo.

Por otro lado, los avances legislativos son pocos y lejanos entre parlamentarios que permanecen nerviosos y permeables a represalias de los bien financiados grupos conservadores.

En muchos países, la jerarquía católica ejerce gran influencia por su otrora defensa de los derechos humanos contra la tortura y la desaparición durante los días siniestros de dictadura o por su permanente papel de mediación en disputas políticas. La inestabilidad en Bolivia y Perú, la guerra en Colombia y el desastre económico de 2002 en Argentina, empujaron a los obispos católicos hacia el vacío de poder, como negociadores políticos y proveedores de servicios de emergencia social. Esta influencia se torna valiosa en las batallas subsiguientes sobre sexualidad y reproducción.

Por su parte, aquellos defensores de los derechos sexuales y reproductivos, a menudo logran victorias parciales al nivel local o provincial o impulsando la aplicación efectiva de leyes ya existentes. Para aprovechar de estas similitudes que encara la región completa, algunas organizaciones coordinan acciones sobre ciertas fechas conmemorativas y un grupo con base en Perú ha lanzado una campaña para una Convención Regional para los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos.

Aborto

No es de sorprenderse que el principal tema de conflicto en la región sea el aborto. Un estimado 20% de todos los embarazos terminan en aborto en Latinoamérica, elevándose a un tercio en Chile donde el aborto es prohibido bajo cualquier circunstancia. Aunque casi todos los países de la región permiten el procedimiento en algunos casos, muchos ocurren en condiciones lamentables. Además, los servicios de anticoncepción son aún tan inadecuados que las tasas de embarazos adolescentes no deseados están elevándose en toda la región.

Probablemente el desarrollo más significativo de la década en Latinoamérica en esta materia, es la posibilidad de que el Congreso Nacional de Uruguay, un país con una larga tradición laica, decidiera quitar todas las penalidades criminales para los abortos realizados hasta las 12 semanas. De acuerdo con la ginecóloga y miembro de Católicas para el Derecho a Decidir de Uruguay, Cristina Grela, las recientes muertes de más de 20 mujeres en el Hospital Materno de Montevideo incentivaron a los médicos a la acción, luego de acalorados debates sobre el asunto en la última campaña presidencial. Se armó una coalición de académicos, gremios, grupos de la sociedad civil e iglesias protestantes para apoyar el proyecto de ley, mientras algunos evangélicos se unieron a la jerarquía católica en oposición. Como era de esperar, el asunto atravesó fronteras partidarias, apareciendo tanto colaboradores como adversarios entre partidos conservadores y de izquierda.

Según Lucy Garrido del magazine Cotidiano Mujer, “La población uruguaya responde al argumento de que éste es un problema de salud pública y de democracia. Tenemos una mentalidad pluralista y tenemos orgullo en nuestro moderno sistema de salud; es vergonzoso que las mujeres en los confines del país estén aún muriendo a consecuencia del aborto”.

En México, una intentona de los conservadores incentivó un importante avance sobre el aborto en la ciudad capital, la cual tiene su propia legislatura bajo el sistema federal del país. Después de la histórica victoria en el 2000 del candidato presidencial Vicente Fox del Partido de Acción Nacional (PAN), autoridades del PAN en el tradicional estado de Guanajuato buscaron derogar una ley que permitía el aborto en casos de violación. Según Pilar Sánchez, de Católicas por el Derecho a Decidir de México, numerosos subterfugios también fueron aplicados para bloquear el acceso al aborto a través de los juzgados y demoras administrativas.

Al mismo tiempo, casos notorios captaron la atención pública, incluyendo las negativas de aborto para una joven víctima de violación en Tijuana y una trabajadora del hogar con capacidad mental limitada embarazada por su empleador. Eventualmente, “el tiro de la ofensiva conservadora salió por la culata”: el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) cambió su posición y apoyó una medida de liberalización en la asamblea legislativa de la ciudad de México. Violación o amenaza para la vida de la mujer son ahora motivos válidos para el aborto en la capital de la nación.

En América Central, la primera mitad del 2003 estuvo dominada por otro incidente relativo al aborto, el desconcertante caso de “Rosa”, violada a los 9 años de edad. Su familia fue acosada y atacada por tratar de ayudarla a terminar con el resultante embarazo. Trabajadores sociales en Costa Rica, donde los padres analfabetos estaba viviendo, mostraron a la niña con ropas de bebé y la foto en ultrasonido del feto, mientras circulaban rumores de que el padre de Rosa, quien apoyó la decisión de abortar, era en efecto el violador. (Un trabajador de una granja local que no es pariente, ha sido arrestado en el caso). La salida de la familia de Costa Rica fue también dificultada, haciendo el eventual aborto más y más difícil.

El caso ilustra cómo las autoridades oficiales en Latinoamérica son fácilmente influenciadas por los conservadores, mientras que la opinión pública tiende a simpatizar con las decisiones de aquellas personas más directamente involucradas. Un panel de médicos designados por el gobierno en Nicaragua llegó a la inexplicable conclusión de que el embarazo de Rosa y el eventual aborto eran igualmente peligrosos para su salud y por ende se le negaba este servicio. Entonces las organizaciones de mujeres obtuvieron tratamiento privado y refugio para ella, frente a un furioso ataque publicitario.

Como resultado de la penosa situación que atravesó Rosa, relata Ana María Pizarro de la organización Sí Mujer en Managua, el país ahora está consciente de la legalidad del aborto en Nicaragua y de las enormes dificultades involucradas en su obtención. “Fue portada de los diarios por tres semanas” dijo ella, “incluso en programas deportivos para hombres, programas de cocina, en todos lados”. Ya los médicos no pueden más pretender que el procedimiento sea ilegal, mientras hacen dinero practicando abortos “clandestinos”, añadió. Las dos ministras involucradas en el caso ya han sido destituidas.

En Brasil, intentos para ampliar el acceso al aborto a través de la legislatura nacional, han sido obstaculizados mientras que iniciativas al nivel local y estatal para respetar leyes existentes —que permiten el aborto en condiciones de violación y amenaza de vida— han prosperado. Una estrategia clave es el uso de regulaciones administrativas para fortalecer el acceso al aborto como parte de la garantía del cuidado de la salud “universal y libre” perfilado en la constitución.

De acuerdo con Sonia Correa del DAWN (Alternativas de Desarrollo con Mujeres para una Nueva Era), las instituciones de salud pública a menudo ofrecen los servicios de aborto a través de programas que protegen a las mujeres de la violencia sexual. El advocacy ha tenido éxito en aproximadamente un tercio de las clínicas públicas y hospitales a lo largo del país, donde el servicio ahora está disponible. No obstante, dice, la falta de una ley nacional es una limitante y ahora los conservadores están presionando para regresar por la ruta administrativa.

Los países andinos con gran población indígena son los más afectados por la reimposición de la llamada “regla de mordaza” del 2001 por el presidente George W. Bush, la cual prohibió a organizaciones que recibieran fondos de la cooperación estadounidense, proveer abortos, derivar a clientes a otros servicios por este motivo, o aún referirse al tema. En Bolivia, según Jimmy Tellería, director del Centro de Investigación Social, Tecnología Apropiada y Capacitación (CISTAC), el 85% de los grupos activos en salud reproductiva, dependen de dineros provenientes de los Estados Unidos. Como resultado, el jefe de la oficina local de la USAID, actúa como una suerte de procónsul romano, revisando y aprobando cualquier material impreso producido por dichas entidades.

Una anomalía en el panorama regional es Chile, uno de los pocos países en Latinoamérica donde el aborto es aún tan tabú que el tema ni siquiera sale al debate. La saliente dictadura del General Augusto Pinochet penalizó nuevamente el aborto terapéutico como su último acto oficial en el año 1990. Un reciente caso involucró a una mujer con un feto no viable, forzada a dar a luz al infante y ser testigo de su muerte, mientras un sacerdote ofrecía su bendición.

Otros temas

Algunos países están logrando avances sobre otros temas de salud reproductiva y sexual. Por ejemplo, a pesar de la desastrosa crisis económica de 2001 que echó a la calle al menos un cuarto de la fuerza de trabajo de Argentina, en octubre de 2002 la legislatura del país dio paso a un comprensivo programa nacional de salud sexual y paternidad responsable, un signo que la socióloga María Alicia Gutiérrez del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), llama una “situación profundamente paradójica”. Por primera vez, los principales partidos del país coincidieron en una ley nacional para promover el uso del condón y otorgar autonomía sobre asuntos de salud sexual en adolescentes mayores de 13 años. Pero a pesar del importante avance legal, la asignación presupuestal con el cual se llevan a cabo los programas autorizados es a menudo escasa.

Un episodio particularmente extraño ocurrió en Córdoba, la segunda ciudad de Argentina, donde una fundación integrista convenció a una jueza local para prohibir anticonceptivos basados en estrógenos y el DIU por todo Argentina, forzando a la jerarquía católica local a tomar una prudente distancia. El ministro de salud de Argentina llamó la acción “absurda” y “terrorismo en la salud pública”.

A pesar de esta aberración, Coca Trillini de Católicas por el Derecho a Decidir-Buenos Aires, dice que la atmósfera política actual es “generalmente favorable”, pues las autoridades tienen que trabajar duro para recuperar la confianza popular después de los recientes hecatombes. “Ellos están atentos a las demandas y tratan de balancear posiciones extremas”, dice, notando que la saliente primera dama respaldó públicamente la nueva ley de salud reproductiva.

Por su parte, organizaciones civiles chilenas lograron revertir un ataque legal en contra de la anticoncepción de emergencia (AE) en 2002, descubriendo la sensibilidad de las cortes locales a la opinión pública. Los conservadores entablaron y ganaron un juicio para prohibir la venta de un producto de AE por considerarlo “abortivo”, pero bajo la jurisprudencia chilena, tales decisiones no establecen precedentes. Antes de que el ministro de salud autorice un segundo y similar producto para la venta, médicos, académicos, científicos, grupos de mujeres y la poderosa logia masónica se movilizaron para encabezar el abrumador apoyo mayoritario que la AE gozaba en el país. Los esfuerzos fueron exitosos y en un segundo fallo la corte suprema del país dio marcha atrás.

Activismo en la Iglesia

La intervención religiosa toma distintas formas en estas situaciones. En Argentina, la caridad católica está salvando a muchos residentes de la indigencia total y la jerarquía ha criticado las políticas económicas que llevaron al país a la ruina actual. Según Gutiérrez, la ayuda caritativa genera una enorme simpatía a través de las extensas redes sociales de la Iglesia Católica, especialmente entre las mujeres pobres. “No se puede pelear por los derechos reproductivos sin una simultánea pelea por la sobrevivencia”, dice. “Tenemos que combinar salud, educación, placer y tolerancia como derechos colectivos, no sólo como algo personal”.

La inestabilidad política también refuerza el rol de la jerarquía católica en Bolivia, dice Teresa Lanza de Católicas por el Derecho a Decidir -La Paz, donde la mediación de los obispos es rápidamente solicitada durante las recurrentes crisis de gobernabilidad. “Los obispos llaman a un nuevo diálogo y retornan al escenario central”, dice Lanza. “Ganan credibilidad y están por encima de la crítica” cuando intervienen en temas de derechos reproductivos y sexuales.

En México, la reacción sobre la liberalización del aborto en la capital no tardó en llegar. Según Sánchez, los políticos aún tienen miedo de las influencias financieras de los conservadores y el único partido que impulsó sin ambigüedad los derechos al aborto, México Posible, rápidamente sintió el peso de la reacción. Anticipándose a las elecciones legislativas, cuatro obispos publicaron un llamado “Diez Mandamientos” electoral, para guiar a los votantes católicos, acercándose al límite legal de la estricta separación entre el Estado y la iglesia en México. Aunque los “Mandamientos” no indicaron explícitamente al partido en las pautas del voto, México Posible demandó a los obispos y tuvo el apoyo del PRD.

En el Perú los representantes de la línea dura del catolicismo han ocupado importantes posiciones en el gobierno, mientras que el país trata de restaurar las instituciones democráticas minadas por la dictadura de Alberto Fujimori. En mayo 2003, el ministro de salud Fernando Carbone propuso modificar una regulación interna para no sólo “proteger la vida del no nacido” sino también “oficializar un registro de todos los concebidos como sujetos de derechos constitucionales”. A pesar de lo absurdo de esta propuesta, la situación ilustra la fragilidad de los derechos reproductivos en la región.

Estrategias

Varias sugerencias emergen entre activistas y observadores sobre cómo lograr mayores avances en estas áreas. Una meta clave es mantener vivo el debate sobre esos temas en la agenda pública. Una aproximación es el llamado para la Convención Interamericana para los Derechos Sexuales y Reproductivos, que originó en el Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), con sede en Lima. La coordinadora de la campaña, Roxana Vásquez, caracteriza la iniciativa como “un texto y un pretexto”, un proceso de pensamiento colectivo a lo largo del continente que no empieza con un documento propuesto sino pretende lentamente llegar a uno.

La campaña ha sido lanzada en seis países, con cuatro más a seguir. Vásquez dice que el propósito de focalizar en estos derechos es “correr contra la corriente”, distinto al amplio consenso sobre el tema de violencia contra la mujer. Desafortunadamente, los derechos sexuales y reproductivos serán “altamente volátiles” según Vásquez, fácilmente transables por líderes políticos, mientras las fuerzas conservadoras continúen gustosas de ceder terreno en otras áreas para lograr sus metas precisamente en éstas.

Vásquez añade que la discusión de una convención regional podría ofrecer una alternativa al enfoque de las mujeres como víctimas y la denuncia de abusos en su contra. Un instrumento legal no dependería de los cambios gubernamentales o congresales sino más bien inscribiría derechos en los sistemas nacionales de modo permanente.

Vásquez argumenta que a pesar de los obstáculos, una postura proactiva es importante en momentos en que las plataformas de Cairo y Beijing se encuentran bajo un ataque sistemático.

La Campaña contra Fundamentalismos es otra iniciativa regional para vincular grupos en Latinoamérica para la defensa de las mujeres que resulten afectadas por opresión con base religiosa, mutilación genital o intentos de sacarlas de la vida pública. El fundamentalismo demanda consistentemente el “sacrificio de la vida de las mujeres” como el componente clave para su proyecto social, dice la Articulación Feminista MARCOSUR, la red informal detrás del proyecto. Una meta de la campaña es la circulación de testimonios de las mujeres que enfrentan estas ásperas condiciones alrededor del mundo.

Grupos de ciudadanos, especialmente organizaciones de mujeres, han logrado consistentemente prevenir los intentos más exagerados por volver atrás en lo referente a derechos reproductivos en Latinoamérica, algunas veces incluso anotando nuevos logros. Mientras la democracia se profundice y se consolide a lo largo de la región, el deseo inequívoco de las mayorías para opciones y servicios que protejan su salud sexual y reproductiva, ciertamente será una fuerza a tener en cuenta.

*Traducción del artículo del autor publicado en CONSCIENCE, Vol. XXIV N°2 (summer 2003). Se publica con autorización de la revista.

Sobre el autor
Timothy Frasca, es periodista estadounidense residente en Chile desde hace 20 años, director de la Fundación CIPRESS.
e-mail: tfrasca@yahoo.com

Estar o no estar , esa es la cuestión :
Advocacy  y  derechos 

Por Mónica Rosenfeld

Por su propia naturaleza la democracia exige  
complejidad - pluralidad de actores, de poderes,  
recursos, de sedes y  
sus competencias - y reproduce complejidad.  
Gianfranco Pasquino (1977)  

1.- A modo de Introducción

Hace unos años Norberto Bobbio redactó un decálogo de las promesas no mantenidas de la  democracia. Entre las que sobresalen están el desquite de los intereses sobre la representación política, la limitación del espacio político de la democracia, la existencia de poderes invisibles y la falta de educación de los ciudadanos /as. Agrega que no podrían haberse mantenido porque dichas promesas fueron formuladas por una sociedad mucho menos compleja que la actual. Los obstáculos que encontraron en el tiempo no fueron previstos o  se añadieron luego de las transformaciones de la sociedad civil.  

Es la capacidad de la sociedad civil, particularmente el movimiento y  organizaciones de mujeres, de colocar en la agenda política y social (Advocacy) sus demandas con base en los derechos, el eje de nuestras reflexiones.

A partir de los años ‘80, luego de las feroces dictaduras que se establecieron en muchos de nuestros países,  se fue generando una interacción más sistemática, permanente y no exenta de tensiones entre el Estado y la sociedad civil y los movimientos sociales (G. Cardarelli y M. Rosenfeld).

Las mujeres (de base, indígenas, militantes políticas, madres de Plaza de Mayo, entre las muchas) se movilizaron en torno a sus derechos tras una consigna que aun hoy opera con fuerza singular, los derechos de las mujeres son derechos humanos. Ello permitió articular políticamente los derechos del colectivo con la demanda y defensa de la democracia.

La profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil, las de mujeres en particular, fue transformando la forma y orden de la lucha, de la interpelación al Estado, el desarrollo de estrategias de negociación, consenso, advocacy,   especialización temática. Entre las cuales se destacan particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Una suerte de pasaje del movimiento  a la institucionalización en ONGs.

La democracia exigente (G. Pasquino. 1997) supone una sociedad civil capaz de exigir. El desafío de los regímenes democráticos es, en su esencia, el desafío de la democratización progresiva (a la democracia más democracia). En este nuevo contexto, la sociedad civil tuvo y tiene que aprender a establecer su presencia en los procesos públicos de toma de decisiones, buscando sistemáticamente fortalecer su acción ciudadana fundamentada en responsabilidades y derechos.

La cuestión, sin embargo, no es lineal. La mayoría de los países de la región tiene un perfil marcadamente estado céntrico, por su fuerte hegemonía en la definición del bien común y en el uso y distribución de los recursos,  las formas tradicionales de representación política -movimientos sindicales y partidos políticos- entraron en crisis terminal durante los 90’s en el marco de la aplicación de un modelo económico que dejó al Estado sin capacidad de articular y agregar demandas sociales, económicas, políticas y culturales: perdieron legitimidad y convocatoria ante sus bases. Junto con ello, y dando sentido a la complejidad de la cual habla Pasquino, una suerte de “inflación” de derechos y demandas hace converger a colectivos particulares (mujeres, gays, discapacitados, verdes, desocupados, indígenas), pugnando por la cuota de reivindicación política en el espacio público.

El espacio de la sociedad civil, en términos de representación y actuación es de una extraordinaria heterogeneidad y riqueza.  

2.-  Cada quien con su advocacy: Definiendo términos

Si bien este apartado no pretende ser exhaustivo, las distintas aproximaciones a la definición de advocacy resaltan más los aspectos operativos (cómo se hace) que los  sustantivos. 

-          El término advocacy -traducido aquí como promoción y defensa- proviene del verbo inglés to advocate: defender, amparar, apoyar, abogar y argumentar a favor de una demanda, fundamentar los argumentos. La promoción y la defensa consisten, fundamentalmente, en dar forma a nuestros puntos de vista y en plantearlos de modo que puedan ser comprendidos (Gays y lesbianas por sus derechos).

-          Para algunos advocacy se refiere directamente a incidencia política y la define por un atributo operativo: es una “estrategia utilizada en el mundo por organizaciones no gubernamentales (ONGs), activistas, e incluso los mismos gestores de políticas para influir en las políticas. La incidencia incluye no sólo la creación o reforma de políticas, sino también intenta asegurar la implementación efectiva o el cumplimiento de ellas. La incidencia política es un medio para un fin, es decir, una estrategia más para abordar los problemas que queremos resolver”.

Por su parte algunos testimonios señalan que:

• … es poner un problema o tema en la agenda, proponiendo una solución y generando apoyo para actuar sobre el problema y la solución.
• … es hablar en voz alta, llamar la atención de la comunidad sobre un tema importante, y dirigirse los que toman decisiones.
• … diferentes estrategias dirigidas a influir en quienes toman decisiones a nivel local, nacional e internacional

Por último

-          La incidencia política se mueve entre la ciencia y el arte (Mostajo; 2001), entre la razón y la pasión: razón, para saber dónde queremos llegar, cómo y por qué; pasión, para llegar.

Desde el punto de vista estratégico / programático encontramos un sin fin de recursos y herramientas que transfieren destrezas instrumentales para elaborar estrategias eficaces a fin de intervenir en la realidad. Se insiste poco, en cambio, sobre la simultaneidad de procesos similares en el mismo espacio: la demanda por hacer cumplir en la vida de las  mujeres los derechos sexuales y reproductivos converge con la demanda por parte de otros / as por evitar la discusión de los derechos sexuales y reproductivos en los términos que hoy día se conciben.

Estos otros,  actores que representan o tienen en la Iglesia católica  su anclaje,  despliegan y programan con la misma caja de herramientas sus estrategias en forma paralela. Esto nos trae dos reflexiones inmediatas, pero indispensables, (i) el advocacy y la acción que lo despliega no es ingenuo ni es neutro, (ii) la pobreza, la falta de educación, los valores e imaginarios en las culturales tradicionales, juegan a favor de estos segundos.

Para complejizar aun más el escenario, en tanto que el tema de los derechos sobre salud sexual y  reproductiva pone en cuestión la “propiedad” del (disputado) cuerpo de la mujer, los actores más conservadores además de llevar adelante acciones de Advocacy, hacen  lobby.

Mientras las mujeres desarrollan acciones de advocacy (según sea las definiciones antes señaladas),con vistas a producir transformaciones en el mediano y largo plazo los sectores más conservadores hacen lobby.

Las acciones de lobby tienen en América Latina una connotación negativa11“son grupos de presión en  defensa de intereses privados”   “se juega entre factores de poder (casi) a puertas cerradas”, los medios  comunicación masiva más conservadores son sus aliados indispensables por ideología y porque comparten intereses económicos. 

También desde el punto de vista programático tener en cuenta esta diferencia es clave.

3.- Avanzando en la construcción del Estar

 “La responsabilidad que tenemos de influir en las políticas locales, regionales, nacionales e internacionales para contribuir a eliminar las causas estructurales de la discriminación y el estigma, particularmente la relacionada con nuestros derechos sexuales y reproductivos. Las demandas se diversificaron. En ese marco, empezamos a entender los mecanismos por los cuales una sociedad discriminadora e irrespetuosa, convertía las diferencias en desigualdades. Surgieron voces múltiples de protesta, comenzó a romperse el silencio, los silencios. Se inició un proceso largo, lento; pero sin retorno. Emergieron nuevos actores sociales: movimientos de mujeres, de pueblos indígenas, de ambientalistas, de jóvenes, de diversidad sexual (SIDALAC., Bolivia, s/f)

El proceso de advocacy es político, en el sentido en el que las “cartas se juegan” en un campo en tensión que es ajeno y a la vez es nuestro y que se orienta por objetivos de transformación o de mantenimiento del statu quo. Ajenos son los órganos del  Estado, los organismos internacionales, los medios de comunicación, la calle.  A la vez, este campo es nuestro porque somos ciudadanos y ciudadanas en cuyas “sedes” se ejerce la participación democrática. Por lo tanto es un proceso ideológico, que requiere definiciones previas  acerca de lo negociable, pero sobre todo de los no negociable.

Efectivamente, como señalan muchos documentos, este proceso requiere el desarrollo de habilidades y estrategias específicas, y debe basarse en hechos sólidamente establecidos, así como en argumentos bien construidos. La promoción y la defensa de una causa son un proceso estratégico, generalmente de largo plazo, fundado en el análisis y en el establecimiento de objetivos precisos. Los estilos de la promoción y la defensa reflejan la naturaleza organizacional, social y política de las promotoras y defensoras. La promoción y la defensa son parte de un proceso de transformación.

Por su parte, así como los avances en el campo jurídico relacionado con los derechos sexuales y reproductivos vienen siendo importantes en nuestra región, visto el punto de partida; la esfera de los valores y de las conciencias de las mujeres y varones  y de las prácticas concretas que se despliegan con las mujeres más pobres desde los sectores (salud, educación, entre los más importantes) son aun campos a ganar. 

Las condiciones para las acciones de advocacy:

-          La democracia. Aunque imperfectas, en la esfera formal traducen en libertades civiles la posibilidad de colocar en las agendas temáticas diversas, particularmente la que nos convoca a escribir estas reflexiones.

-          La identificación clara de los problemas y sus relaciones inmediatas y mediatas. Los derechos sexuales y reproductivos por caso, tendrán que dar cuenta de los escenarios sociales, económicos y culturales  nacionales o locales y de la situación de las mujeres según clase y acceso a la información, a la salud y por ende a la ciudadanía social.

-          Identificación de los procesos paralelos y convergentes de otros actores con intereses diferentes.  

Entonces accedemos a otro nivel de advocacy, el que articula derechos y deja expuesto contradicciones, el que es capaz de sintetizar lo específico en marcos más amplios socio- políticos, económicos, científico, estructural. Para trasponer la extrema fragmentación en la que están nuestras sociedades y articular políticamente con otras luchas y otros derechos (en este escenario inflacionario de derechos) las acciones de advocacy deben ser capaces de agregar otros derechos, de dar  cuenta de varios escenarios y actores a la vez.

Nancy Fraser2 señala que la injusticia de género, en cualquier caso, requiere cambiar tanto la estructura económica como el orden de status de la sociedad contemporánea. Ninguna de las dos por separado alcanza”.

Notas
1 En Estados Unidos y en los países Europeos el “Lobbing” está institucionalizado, responde a intereses privados, en general de grandes empresas, que reconocidos como tal argumentan a favor de esos intereses sea en el Parlamento, sea con organismos de gobierno.  En nuestros países está íntimamente relacionada a la corrupción en el campo político y empresaria.

2 Rechazando las fórmulas sectarias que suponen incompatibles las nociones distributivas e identitarias de justicia, esta concepción debe incluir a ambas. Como veremos, esto significa teorizar la mala distribución y la falta de reconocimiento en referencia al estándar normativo común sin reducir ninguna a la otra. El resultado, una vez más, será una concepción bidimensional de la justicia, Solo tal concepción puede comprender la plena magnitud de la injusticia sexista. Política feminista en la era del reconocimiento: Un aproximación a la justicia de género. Documento elaborado para el Programa de Formación en Género y Políticas Públicas. FLACSO 2002.

Bibliografía

Fraser, Nancy. Política feminista en la era del reconocimiento: Una aproximación bidimensional a la justicia de género. PRIGEPP. 2002

Pasquino,  Gianfranco. La Democracia Exigente. Fondo de cultura Económica. Buenos Aires 1997

Virginia Guzmán, Gobernabilidad democrática y género, una articulación posible, Serie 48, Mujer y Desarrollo. CEPAL 2003

SIDALAC. De incidencia política en VIH /SIDA: hombres gays y otros HSH. Bolivia, sin fecha.

Care, internacional, ¿qué es la incidencia política? ¿por qué incidir políticamente? sentar las bases. Sin fecha.

Eleonor Faur y Alicia Lamas (comp.) Derechos Universales, realidades particulares para la concreción de los derechos humanos de las mujeres y los niños. UNICEF. 2003

Graciela Cardarelli y Mónica Rosenfeld. Las participaciones de la pobreza. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1998.

De la autora
Mónica Rosenfeld. Socióloga. Docente de las maestrías de Política Social de las Universidades Nacionales de Buenos Aires y el Comahue. Docente del Programa Regional de Formación en Género y Políticas Publicas – PRIGEPP. Asesora del Área de Genero y Políticas Públicas FLACSO – Argentina.
e-mail: mrosenfeld@ciudad.com.ar

Acortando brechas entre la investigación 
y la formulación de políticas .

Por Alicia Quintana

Este artículo se elaboró a partir de la experiencia desarrollada en el “Taller sobre comunicación de resultados de investigaciones y proyectos en salud sexual y reproductiva y VIH/SIDA para la toma de decisiones”. Este se llevó a cabo en Lima de manera colaborativa entre el Population Reference Bureau (PRB)1 y el Instituto de Educación y Salud en el mes de Octubre del año 2003.

Es importante reconocer que cada vez más en los últimos años se ha concluido que es necesario contar con evidencias y resultados de investigación para influir en el proceso de adopción de políticas2, y que el cambio social pueda ser sostenible. Así, los resultados de las investigaciones deberían jugar un papel clave en las decisiones normativas y en la asignación de recursos. Sin embargo, en la realidad año tras año se invierten grandes sumas de dinero en estudios cuyos resultados nunca llegan al conocimiento de los encargados de la formulación de políticas y, por lo tanto, no se utilizan para establecer dichas políticas y/o programas.

De otro lado, muchas veces los y las investigadores/as no hacen mucho para diseminar los resultados de la investigación, en ocasiones se piensa que una publicación constituye el fin del proyecto. En otros casos se busca difundir los hallazgos a través de artículos en revistas científicas, que sabemos que básicamente están dirigidos a un público académico, y no se preocupan por encontrar formatos alternativos que se adecuen mejor a otras audiencias que en algunos casos podrán ser los tomadores de decisión3, la población afectada por el problema, los activistas en el tema, los medios de comunicación, entre otros.

Vemos pues como, si bien el uso de la investigación en la formulación de políticas ha sido una inquietud para las ciencias sociales y también para las autoridades normativas desde hace ya algún tiempo, se ha generado una brecha.  Los/las  investigadores/as se quejan de que los/las decisores/as de políticas prestan poca o ninguna atención a la investigación, mientras que estos últimos señalan, también frecuentemente, que la investigación que les ofrecen no es de utilidad. Esta brecha entre uno y otro campo está muy presente y se expresa de muy diversas formas.

El taller en mención surgió del interés por desarrollar capacidades para la comunicación efectiva de los resultados de investigaciones, y ayudar a superar la barrera entre los y las investigadores/as y todos aquellos/as que participan en el proceso de toma de decisiones.

De este modo, se buscaba que investigadores/as y coordinadores/as de proyectos y programas vinculados a la SSR y el VIH/SIDA, analicen los elementos que forman parte del proceso de formulación de políticas  y la forma en que la investigación puede influir en dicho proceso, así como explorar las discrepancias entre la investigación y el establecimiento de políticas y buscar formas de salvar estas diferencias. Para ello se analizaron los principales obstáculos para el uso de los resultados de la investigación; se propusieron estrategias para mejorar el diseño de la investigación pertinente al establecimiento de políticas y se identificaron intervenciones para elevar el uso de los resultados de la investigación en la formulación de políticas

Algunos elementos que generan la brecha investigación-proceso de adopción de políticas

Investigadores/as y decisores/as de política se desempeñan en esferas y ambientes  muy diferentes y parten de percepciones de la realidad y enfoques distintos.

No es novedad señalar que ambos tienen lenguajes, intereses, prioridades, reglas de juego y dinámicas diferentes y que hay una tendencia a que no se dé un flujo de información bueno entre ellos puesto que no hay canales ni mecanismos para interactuar.

De otro lado, ambos tienen papeles estructurales diferentes. Los y las investigadores/as sociales normalmente se dirigen a sus colegas profesionales para validar la investigación que realizan, obtener prestigio personal y avanzar en su profesión.  Ello queda reflejado en el diseño de la investigación, en la rigurosidad metodológica (los problemas que se abordan, las variables seleccionadas en el estudio, la metodología utilizada, la validez de los resultados, entre otros).

Por su parte, los principales puntos de referencia para las autoridades normativas son sus propias organizaciones, por lo que tienden a hacer lo que premia el sistema. Esta actitud influye en un limitado reconocimiento de las necesidades de investigación y el uso de sus resultados.

La brecha se incrementará si se considera que muchas veces se les alcanza informes de investigación extensos (probablemente muy bien documentados), en un lenguaje técnico de difícil comprensión dejándose a las autoridades normativas la decisión de que hacer con los resultados.

Todos estos elementos han ido generando estereotipos que obstaculizan el uso de los resultados de investigación.

Analizando algunos estereotipos 

Los investigadores se quejan de que frecuentemente las autoridades que establecen políticas ignoran hallazgos no controversiales de estudios científicos impecablemente diseñados.  Por su parte, estos últimos se quejan de que la toma de decisiones se ve obstaculizada por resultados contradictorios de diversos estudios y los desacuerdos existentes entre investigadores, así como por informes esotéricos y de difícil comprensión (Walt, 1994)4.

Veamos algunos de los estereotipos que se encuentran presentes en los y las investigadores/as sociales con respecto a las autoridades normativas que han sido recogidos en diversos talleres llevados a cabo por el PRB y en el taller que se realizó en Lima.

Los y las investigadores/as muchas veces piensan que las autoridades normativas:

• Tienen poco interés o están demasiado ocupadas para leer
• Llegan a conclusiones precipitadas
• Sus acciones no tienen fundamento en información confiable
• No tienen confianza en la investigación
• Tienen una perspectiva muy limitada
• Falta de formación, carrera pública. Las autoridades normativas siempre son nombradas en base a la confianza y el poder político.
• Tienen la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los resultados de la investigación

Por su parte las autoridades encargadas de la toma de decisiones también tienen sus propios estereotipos de los y las investigadores/as sociales, entre ellos podemos identificar:

• Estudian temas que no son muy pertinentes para la política social (como temas que afectan a un pequeño sector de la población cuando hay pocos recursos disponibles)
• No les preocupan las repercusiones o implicaciones que la investigación pueda tener en la política
• Tienden a dejarse llevar por “modas” o “artilugios metodológicos”
• Usan demasiado lenguaje científico
• Hacen generalizaciones inconclusas sobre amplios temas teóricos
• No tienen muy en cuenta los problemas a los que se enfrentan las autoridades normativas.

Otros obstáculos que enfrentan los y las investigadores/as son:

• La falta de financiamiento para la difusión de información en diferentes formatos, así como el desconocimiento de herramientas y estrategias efectivas para hacer llegar la información a decisores/as de políticas.
• La inestabilidad de los decisores de políticas que hace que no haya interlocutores permanentes.
• En algunos casos el limitado involucramiento de los y las investigadores/as en el proceso de adopción de políticas, lo cual lleva a que se desconozca el perfil de los tomadores de decisión.
• Que el diseño de las investigaciones no contemple la generación de cambios, muchas veces porque el investigador se asume como un técnico y no como un actor del cambio social.
• Ausencia de una agenda de investigación consensuada sobre los problemas relevantes para el país, dado que la comunicación y coordinación entre investigadores/as es limitada.

¿Qué se puede hacer para acortar la brecha?

Frente a los planteamientos anteriores surge la pregunta ¿Es posible hacer algo para que la investigación sobre salud pública responda mejor a las necesidades de decisores de políticas, y que éstos sean más receptivos a las demandas de los investigadores?

Responder a estar pregunta lleva a la necesidad de motivar la reflexión de aquellos y aquellas que se desempeñan en el campo de la investigación sobre la responsabilidad que tienen de abordar problemas sociales concretos, así como de hacer el vínculo entre los resultados que obtienen y los posibles cursos de acción que se derivan de los mismos.

Por lo tanto, es prioritario que los y las investigadores/as definan si quieren asumir el desarrollo de investigaciones que incorporen un interés real por influir en los problemas sobre los que investiga y buscar así un cambio social. Luego de ello será más factible reconocer que existen obstáculos pero que es posible enfrentarlos adoptando estrategias para la difusión de los resultados de la investigación y para que las autoridades normativas tengan mayor acceso a ellos.

Sin pretender tener “la solución” para todos los aspectos señalados, se proponen a continuación algunos elementos que se trabajaron en el taller que pueden favorecer un mejor vínculo entre la investigación y las políticas.

El primer paso, es el reconocimiento de los ambientes tan diferentes en los que se desempeñan las autoridades normativas y los y las investigadores. Consturir espacios que hagan más fluido el intercambio de información y aceptar que no basta una única presentación de evidencias claras, concretas y con propuestas factibles de ser realizadas, sino que las decisiones se basan en una acumulación de información y conocimiento. Por lo tanto, se requiere una estrategia permanente para, de diferentes maneras, hacer llegar a dichas autoridades la información que consideramos que debe ser recogida por ellas. Esto implicará también estudiar el perfil de la audiencia a la cual será dirigida la información.

De otro lado, se requiere encontrar mecanismos y procedimientos que permitan que la investigación sea más relevante para su uso y valorar la investigaciòn aplicada  con la visión de influir en los problemas o necesidades.  Así en gran medida la relevancia de la investigación dependerá de que los resultados se puedan implementar. Para lograrlo debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones.

En primer lugar, desde el diseño de la investigación se debe tener en cuenta como esperamos que los resultados aporten a la generación de un cambio social. Ello implica asegurarnos que la investigación refleja necesidades reales y problemas sociales concretos, de los cuales se deriva el problema de investigación. También requiere analizar la agenda pública y las políticas existentes vinculadas con dicho problema. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también las ideologías vigentes con respecto al tema.

En segundo lugar, desde la etapa del diseño de la investigación se debe dar prioridad y considerar la necesidad de contar con los recursos necesarios para la diseminación adecuada de los resultados.

En tercer lugar, se debe involucrar a los futuros usuarios/as de la investigación desde el comienzo, invitarlos a colaborar en el diseño de la misma, recoger sus intereses y sus sugerencias y por supuesto reflejar su colaboración en el diseño real. En este aspecto se considera entre los y las usuarios/as de la investigación tanto a decisores/as de políticas como a las comunidades y destinatarios/as que están directamente afectados con el problema de la investigación, así como a los y las activistas en el tema.

En esta etapa, será importante también que las autoridades normativas puedan identificar ¿En qué medida va a ser la investigación relevante a sus necesidades?, ¿de qué manera los resultados van a ofrecerle evidencias que los ayudarán en su labor o función? Una de las grandes ventajas de involucrar a los futuros usuarios/as es que se sentirán parte de los resultados y estarán mas dispuestos a usarlos. Esto implica también tener la capacidad de asumir una autoría compartida de los resultados.

En cuarto lugar, luego de la implementación del plan de investigación es muy importante identificar los resultados clave de la investigación y las aplicaciones prácticas o implicaciones políticas y programáticas de los mismos. Aquí se debe tener en cuenta que los resultados en sí mismos no constituyen las implicaciones. Estas últimas corresponden a las consecuencias que los resultados nos permiten visualizar, es una interpretación de los resultados que muestran una necesidad o una repercusión. Finalmente, a partir de las implicaciones será posible también plantear recomendaciones que serán las acciones específicas que se sugieren a los y las decisores de políticas o programas para que las consideren. Estas recomendaciones deben ser específicas, verificables, realistas y delimitadas en el tiempo. 

De este modo, es necesario que la/el investigadora/or  asuma que la tarea de “traducir” los resultados más relevantes de la investigación de manera concreta y comprensible para la audiencia a la cual se pretende dirigir dicha información también forma parte de su responsabilidad.

No se trata solo de producir evidencias sino que éstas sean comprendidas y que vengan acompañadas de propuestas de acción. Ello permite aprovechar la oportunidad de que las evidencias más pertinentes sean utilizadas.

En esa medida, podemos decir que si es posible lograr que los resultados de investigaciones aporten a la formulación de políticas. Pero para ello es necesario tener siempre presente el vínculo estrecho que debe haber entre estos dos aspectos, que estos temas formen parte en la formación de las diferentes escuelas de salud pública, y persuadir a instituciones académicas y entidades financieras para que inviertan, no solamente en investigación sino en la diseminación de resultados que logren influir en el establecimiento de políticas.

Notas

1 El Population Reference Bureau (PRB) es una organización fundada en 1929, es la principal fuente de información oportuna y objetiva sobre las tendencias demográficas y sus implicaciones. Proporciona información a los encargados de formular políticas, a los educadores, a los medios de comunicación y a los ciudadanos interesados que trabajan a favor del interés social en todo el mundo. El taller en mención se da en el marco del Programa de Población Salud y Medio Ambiente. Para la elaboración de este artículo se utilizó diversos materiales que el PRB ha venido desarrollando para la implementación de estos talleres en diversos países desde 1996. Para mayor información sobre el PRB puede revisarse su página web: www.prb.org

2 Es importante señalar que cuando se hace referencia a “políticas” se alude desde las políticas nacionales de alto nivel, hasta las políticas vinculadas a la operaciones de los programas  que se dan en ámbitos más locales o restringidos.

3 En el texto se utiliza las expresiones tomadores de decisión, decisores de políticas o autoridades normativas indistintamente con el mismo significado.

4 GILL Walt. “¿Hasta qué punto influye la investigación en las políticas?” European  Journal of Public Health 1994:4:233-235.

Sobre la autora
Alicia Quintana Sánchez. Psicóloga. Coordinadora de Programas e integrante del Consejo Directivo del Instituto de Educación y Salud (IES). Investigadora en el área de salud, sexualidad y género. Especialista en el diseño, gestión y evaluación de programas y proyectos de salud, derechos sexuales y reproductivos y participación comunitaria. Docente de la Maestría Género, Sexualidad y Políticas Públicas  de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene diversas publicaciones sobre sexualidad y salud sexual de adolescentes y jóvenes.
e-mail : ies@terra.com.pe

Entrevistas  

Interrelaçãoes entre advocacy e academia.

Entrevista a María Luiza Heilborn, Brasil (En Portugués)

Prólogo
Meu depoimento aqui é retirado de artigos que publiquei sobre o tema das relações entre feminismo e academia no Brasil e outro sobre saúde e direitos humanos.

Trata-se de uma posição pessoal e não de um posicionamento institucional do Centro Latino Americano de Sexualidade e Direitos Humanos. Estes trechos refletem minhas concepções enquanto intelectual sobre determinados temas.

1. Relaçoes entre  Academia  e Advocacy

De fato a última década do século XX viu florescer uma nova geração de direitos humanos que concernem o  âmbito da vida privada, a saber os direitos sexuais e reprodutivos. Contudo é bom lembrar que essa onda, promovida pelas conferencias internacionais  reflete movimentos sociais bem mais enraizados na história como o movimento feminista e/ou de mulheres e o movimento homossexual.

A relação entre produção de conhecimento e ativismo sempre caracterizou por exemplo o chamado campo dos estudos de gênero. Historiar um pouco essa afirmativa com o exemplo do que se passou no Brasil pode ser útil.

Contrariando certas análises da história da sociologia como a construção de um discurso à parte, cumulativo e puramente acadêmico  a consolidação dos estudos de gênero nas ciências sociais indica que o discurso sociológico é permeado e reformulado por novas reflexões e entendimentos que se originam fora de seus limites organizacionais.

Contudo, o modo como um campo disciplinar incorpora e elabora discursos originados fora dele depende simultaneamente da organização interna da comunidade de cientistas (sociais), mais ou menos permeável a inovações, e da capacidade desses discursos ganharem reconhecimento no meio acadêmico.

No Brasil, as relações entre o movimento feminista e a academia ocorre em cenário particular. Em primeiro lugar, o movimento feminista brasileiro nunca teve a inspiração radical presente na contraparte norte-americana ou européia de crítica ao establishment acadêmico. Os problemas sociais em sociedade altamente desigual impôs ao feminismo brasileiro uma orientação muito mais moderada no que diz respeito ao confronto entre os sexos e mais articulada ao discurso dominante nas esquerdas. Em segundo lugar, o feminismo contou desde a sua origem com expressivo grupo de acadêmicas, a tal ponto que algumas versões de sua história consideram que o feminismo apareceu primeiro na academia e, só mais tarde, teria se disseminado entre mulheres com outras inserções sociais. As acadêmicas, por sua maior exposição a idéias que circulam internacionalmente, estavam numa posição privilegiada para receber, elaborar e disseminar as novas questões que o feminismo colocara já no final da década de sessenta nos países capitalistas avançados.

Assim, quando o movimento de mulheres no Brasil adquire visibilidade, a partir de 1975, muitas das suas ativistas ou simpatizantes já estavam inseridas trabalhavam nas universidades.

À diferença do que ocorreu nos Estados Unidos, as feministas da academia não desenvolvem estratégias de enfrentamento com as organizações científicas e com os departamentos a que estão vinculadas e concentram os seus esforços, quase que exclusivamente, na área da pesquisa social. Por certo, ao longo do tempo foram criados núcleos de estudo em muitas universidades e em centros de pesquisa do país mas nenhum deles se transformou em uma unidade própria de ensino. Assim, a diferença fundamental entre a institucionalização dos estudos feministas nos Estados Unidos e no Brasil é que aqui as acadêmicas, ao invés de construirem espaços alternativos, procuraram se integrar à dinâmica da comunidade científica nacional mediante a obtenção do reconhecimento do valor científico de suas preocupações intelectuais pelos profissionais das ciências sociais.

Os Estudos sobre Mulher, Estudos de Gênero ou de Relações de Gênero foram as fórmulas encontradas para institucionalizar a reflexão impulsionada pelo diálogo com o feminismo na academia brasileira. A escolha de uma ou outra destas denominações não é ingênua nem arbitrária, pelo contrário, remete às controvérsias sobre a natureza e os limites desta área de estudos.

Na década de setenta estudos sobre mulher foi a denominação mais comum utilizada para caracterizar esta nova área de estudos. A partir da década de oitenta observa-se uma gradativa substituição do termo mulher, uma categoria empírica/descritiva, pelo termo gênero, uma categoria analítica, como identificador dos estudos feministas no país. Em termos cognitivos esta mudança favoreceu a rejeição do determinismo biológico implícitos no uso dos termos sexo ou diferença sexual, enfatizou os aspectos relacionais e culturais da construção social do feminino e masculino de tal forma que os homens passaram a ser incluídos no quadro analítico e ainda favoreceu uma abordagem que focaliza a estrutura social mais do que os indivíduos e seus papéis sociais.

Gênero, como uma categoria de análise, também foi usado pelas acadêmicas feministas para criticar os pressupostos que informam os principais paradigmas da teoria social. Em outras palavras, não se trataria apenas de entender a relevância das relações de gênero na organização da vida social mas como o gênero afeta o próprio conhecimento produzido pelas ciências sociais. As versões mais radicais desta crítica, como aquelas que postulam uma epistemologia feminista e desqualificam a teoria sociológica como androcêntrica, tiveram pouco impacto no Brasil. Talvez esse seja mais uma evidência da pouca disposição das acadêmicas feministas em assumir uma posição de confronto ou de isolamento na academia.

Para além da relevância cognitiva, a adoção do conceito de gênero em substituição aos termos mulher e feminismo favoreceu a aceitação acadêmica desta área de pesquisa, na medida em que despolitizou uma problemática que tendo se originado no movimento feminista, mobilizava preconceitos estabelecidos.

Nota-se, também, que o interesse pelo tema já não depende, como antes, de motivação política, haja vista, a proliferação de teses de mestrado e doutorado de jovens pesquisadores sem qualquer vínculo militante com o movimento feminista. Da mesma forma nota-se que homens vêm sendo atraídos pelas questões relativas à masculinidade e sexualidade, alterando a composição sexual do campo.

Estas considerações são motivadas pela crença de que se de um lado a produção de conhecimento obedece a determinados cânones, ela deve estar conectada ao espírito e questões do seu tempo sem que o discurso do ativismo tome lugar no campo da análise cientifica , embora esta responda a perguntas e tensões que a sociedade civil coloca.

2. Pontos de Vista sobre a interseção entre saúde, sexualidade e direitos humanos.

Os discursos e práticas referidos à saúde pública e aos direitos humanos partilham o mesmo momento histórico de surgimento, datado de cerca de 200 anos atrás. No entanto, tradicionalmente, têm se mantido de algum modo apartados. A saúde pública aparece, mesmo nos textos das convenções de direitos humanos, como um dos fatores que permitem a suspensão de alguns direitos. As práticas tradicionais de saúde pública expressam uma relação problemática entre os direitos subjetivos e os direitos sociais de coletividades, na qual os primeiros são muitas vezes negligenciados e até violados em nome dos segundos. Esta cisão  aparece como entrave ao potencial emancipatório dos direitos humanos na medida em que os direitos sociais devem garantir as condições para o pleno exercício da cidadania dos indivíduos 

A história social da medicina registrou recentemente a incorporação da sociedade civil organizada na elaboração de políticas de saúde. E tal mudança tem demonstrado, e não apenas nos casos da epidemia de Aids em alguns países, a possibilidade de equilibrar a relação entre direitos subjetivos e direitos sociais na prática da saúde pública.

Deve-se sempre considerar, e o Centro Latino Americano de Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM) tem adotado essa perspectiva, que se há um potencial emancipatório dos direitos humanos a partir de  sua condição de instrumento relevante para a construção de um espaço público democrático, deve-se ter em conta que sua lógica pode ser reificada e por vezes desconsiderar a realidade de contextos culturais muito distintos. Deve-se estar atento para não considerar seus  parâmetros como leis naturais (a-históricas e universais), numa espécie de novo  fundamentalismo. Há que se reconhecer que várias sociedades possuem suas próprias concepções de dignidade humana e que todas essas concepções – inclusive as afirmadas através dos direitos humanos - são a princípio incompletas. Nesse sentido, são necessários o reconhecimento e o respeito à alteridade bem como o diálogo/negociação entre diferentes concepções de dignidade humana. Se o debate desencadeado pelos direitos humanos pode evoluir para um diálogo competitivo entre culturas diferentes sobre tais concepções, a competição deve se pautar por exigências máximas e não por denominadores comuns mínimos. Significa que na luta pela implementação dos direitos humanos há inevitáveis armadilhas da ênfase na igualdade ou diferença, e assim consideramos que “as pessoas e grupos sociais têm direito a serem iguais quando a diferença as inferioriza, e o direito a serem diferentes quando a igualdade as descaracteriza.”  (Boaventura Santos, 1997:122).

3. Um exemplo de atividades de interrelação entre advocacy e academia. 

No Brasil as paradas do orgulho gay (GBLT)  se transformaram nos últimos anos em  manifestações de grande afluência de público e militantes nas grandes cidades do país. Há até mesmo apoio das prefeituras para a realizaçao desses eventos. O CLAM, em parceria com o CESEC (Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Candido Mendes) e o grupo ativista homossexual Arco IRIS resolveu implementar uma pesquisa durante a parada de 2003 no Rio de Janeiro sobre o tema da vitimização dos homossexuais (seja ela o insulto verbal, ameaça e agressão) buscando com isso visibilizar dados sobre a homofobia no país.

O projeto concebe a realização de pesquisas similares nos próximos anos em outras cidades do Brasil. A intenção é, de um lado, fazer desse evento - a parada - um local de realização de pesquisa que possibilite a produção de conhecimento sobre  indivíduos e grupos que se identifiquem com a causa homossexual e que têm dificuldades de visibilização social , e de outro lado, permitir que os grupos ativistas homossexuais possam contar com dados (cientificamente produzidos) que reflitam a discriminação a que pessoas homossexuais são expostas. Os dados encontrados numa amostra de 468 entrevistados, realizada através de um questionário de 43 perguntas  (caracteristicas demográficas, construção de identidade sexual, perfil  político, formas de sociabilidade e vitimização) mostram que 56,3% foram alvos de xingamentos e ofensas pelo fato de serem reconhecidos como homossexuais.

Este dado pode ser utilizado como um dos argumentos importantes para a denúncia e documentação de atos de discriminação por orientação sexual. Cumpre lembrar que no Brasil a ofensa verbal relativa à cor/etnia é tipificada enquanto crime. Os dados sobre vitimização homossexual podem ajudar na luta para o reconhecimento da homofobia.

Coordinación SIDA de la Ciudad de Buenos Aires:
Experiencia inédita de abordaje desde la diversidad sexual y las políticas de prevención del VIH/ SIDA .

Entrevista a Victoria Barreda (Bs Aires –Argentina)

CS: El trabajo de advocacy o lo que conocemos como promoción y defensa;  se ha enfocado en la labor de la sociedad civil y especialmente desde las mujeres y los movimientos en torno a los derechos sexuales y al SIDA, exigiendo o “diciéndole la verdad al poder”, hecho que ha ido cambiando con el tiempo, buscando abrir los espacios a más actores/as.  En ese sentido, ustedes son parte del poder. ¿Cómo describir el trabajo que vienen abordando con las poblaciones bajo procesos de estigmatización? ¿Cuál es su punto de partida?

VB: La Coordinación SIDA perteneciente a la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) creada en el año 2000 es la responsable de la implementación de las políticas de prevención y asistencia de VIH/ SIDA en esta ciudad.

Una de las líneas de trabajo en prevención es el área de “Diversidades Sexuales” que orienta sus acciones en el marco de la perspectiva de género, construcción de identidades socio sexuales, trabajo sexual, derechos humanos. A partir de junio del 2002 hasta la actualidad se realiza un trabajo focalizado de prevención dirigido a población travesti de la ciudad de Buenos Aires, caracterizado por ser un grupo en condiciones de vulnerabilidad, marginalidad, dedicados al trabajo sexual; factores que se asocian a una alta prevalencia del VIH/ SIDA.  

Los objetivos propuestos se orientan a la identificación de servicios amigables dentro de los efectores de salud, la apropiación de un espacio institucional hospitalario de reunión para el tratamiento de temáticas vinculadas con la prevención del VIH/Sida, discriminación, género y construcción de identidades, promoción del testeo voluntario confidencial y gratuito, identificación de lugares para la distribución gratuita de preservativos y confección de material gráfico.

Muchos autores señalan que las propias poblaciones vulnerables y estigmatizadas   no se involucran en las acciones referentes a ellos / as mismas/os. ¿Ha sido ésta su experiencia, o ustedes ven un mayor involucramiento? ¿Cómo van a promover una mayor participación? ¿Se basan en otras experiencias? ¿Cuáles?

Cabe señalar la ausencia de antecedentes en la Secretaría de Salud en acciones de prevención orientadas a diversidades sexuales, por los que los trabajos iniciados por la Coordinación SIDA constituyen una primera intervención originada desde las políticas de prevención del VIH/ SIDA.

La prevención primaria y secundaria del VIH/ SIDA orientada a población vulnerable y estigmatizada continua siendo uno de los grandes desafíos dentro de las políticas de salud.

Estas dificultades se reflejan en dos movimientos uno hacia el interior de los equipos de salud y otro hacia el interior de los grupos vulnerables. 

Entre ellas podemos mencionar:  falta de capacitación de los equipos de salud sobre género y diversidades sexuales, derechos humanos, practicas discriminatorias en lo asistencial, ausencia de estrategias de reducción de daños, no reconocimiento del derecho a la identidad.

Asimismo al interior de los grupos mas vulnerables existe una falta de confianza hacia programas de prevención, marcado individualismo, dificultades para la continuidad y mantenimiento de acciones iniciadas, llegada tardía a los centros asistenciales, bajos niveles de instrucción y ausencia de redes sociales.

La experiencia del Grupo Tacones orientada a población travesti ha permitido reconocer como lecciones aprendidas que el involucramiento a través de la educación y promoción entre pares tiene que estar garantizado en los programas no solo como estrategia de prevención sino también económicamente a través del pago a promotores/as.

¿Qué visión tienen ustedes acerca del advocacy? ¿Es parte formal de su plan de acción, o en todo caso lo realizan? ¿Cuál es el escenario que deben compartir? ¿qué estrategias emplean, o emplearían, para su labor de advocacy? ¿Qué otros actores/as estarían involucrados en la propuesta?

La política de la dirección tiene principios generales que nos orientan e incorporan actores, organizaciones de la sociedad civil, personas viviendo con VIH y  líneas de acción interinstitucional,   estos principios son:

• Abordaje multidisciplinario de la problemática VIH/SIDA
• Establecimiento de líneas de acción interinstitucionales (Salud, Educación,    Justicia, Promoción Social, Provincias, Municipios del GBA)
• Fortalecimiento del trabajo en red en el terreno preventivo, asistencial y de laboratorio
• Trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil
• Incorporación al trabajo de PVVIH
• Trabajo en prevención sobre los ejes: promoción y accesibilidad a preservativos; reducción de daños; tratamiento para embarazadas VIH positivas.
• Trabajo en atención sobre la accesibilidad a los tratamientos. Provisión y simplificación del trámite. Adherencia a los tratamientos.

Asimismo los componentes de esta política son: Asistencia; Prevención; Estudios epidemiológicos y Comunicación Social. Estos contemplan a su vez a los actores/as y sectores a los que nos dirigimos.

La asistencia tiene por misión la distribución de medicación, reactivos y preservativos en los efectores de la Ciudad; normatización de tratamientos y diagnóstico; establecimiento de una red asistencial y de laboratorio; desarrollo de centros de diagnóstico y aconsejamiento.

En Prevención las misiones son: Establecimiento de directrices de trabajo en prevención; distribución y/o mejora de la accesibilidad a los preservativos; desarrollo de Programas de reducción de daños en UDI; promoción de la prueba serológica en general y en embarazadas en particular; acciones preventivas interinstitucionales (Salud, Educación, Justicia, Promoción Social) y Acciones orientadas a poblaciones específicas.

Lo referente a los Estudios  Epidemiológicos basa su misión en el desarrollo de la vigilancia epidemiológica de VIH/SIDA; estudios sobre comportamientos; vigilancia sobre las ETS y  distribución de una publicación sobre SIDA de la ciudad.
En comunicación  social se  trata de establecer mensajes para comunicación masiva; estrategias para campañas focalizadas; estrategias para campañas orientadas al equipo de salud y  desarrollar materiales de apoyo para las distintas estrategias del área

¿Qué visión tienen ustedes acerca del advocacy? ¿Es parte formal de su plan de acción, o en todo caso lo realizan?

La Coordinación SIDA apoya las tareas de advocacy de las ONGs y  capacitamos a las PVVS en advocacy. Incluso las estimulamos para que también nos reclamen en relación al seguimiento y evaluación de nuestras políticas.

“No todo es advocacy”.

Entrevista a Lucy Garrido (Uruguay)

CS: Al paso de los años y la práctica, ¿cómo definirías el advocacy? ¿cuáles serían las lecciones aprendidas al respecto? ¿Cuáles las tensiones?

LG: "Advocacy" es un anglicismo derivado del latin (advocare) que se traduce al castellano como promoción, influencia, defensa, etc.

El objetivo del advocacy feminista es incidir en tal o cual política, agenda, actor, proceso, etc., para lograr tales o cuales cambios que contribuyan a transformar las relaciones de poder. Para incidir se requiere influir, y para influir, es imprescindible la credibilidad (no se pueden tener argumentos consistentes y convincentes, sin análisis y producción de información confiable) y la organización y legitimidad de grupos, redes, movimientos que presionen.

Me gusta mucho lo que dice Gina Vargas "Entendido como una estrategia integral de influencia política, alude a cualquier intento de incidir, desde las agendas feministas en los procesos de decisión de diversos actores en el ámbito de lo público social y estatal" y Ana Cristina González "Sin análisis no es posible saber a dónde queremos llegar. Sin creatividad es imposible llegar a donde queremos".

Creo que una de las consecuencias positivas del advocacy (más allá de haber sido imprescindible en conquistas concretas como leyes, convenciones, etc.) ha sido el que nos ha obligado a ser más serias, a ponerle números a las demandas, a probar con cifras lo que estamos denunciando, a proponer alternativas concretas ante tal o cual cosa, etc.

Pero al mismo tiempo ha generado tensiones no menores: "influir" puede suponer que siempre estamos detrás de una agenda propuesta por otros en vez de tomar nosotras la iniciativa; el que se trabaje de una manera muy específica y acotada a algo demasiado concreto puede hacer que "redes y expertas temáticas" queden dialogando entre sí y pierdan de vista la política general o, incluso, que el movimiento las pierda de vista a ellas, etc.

En todos estos casos, el problema no es el advocacy (que ha demostrado ser una herramienta interesante y útil) de la misma manera que "no tiene la culpa el mensajero". El problema es que no podamos distinguir cuándo se trata de usar esa estrategia y cuándo se trata de usar otra.

El advocacy ha sido incorporado paulatinamente al quehacer político por las feministas y por grupos de activistas en derechos sexuales y reproductivos, en especial después de las Conferencias de Beijing y El Cairo, en su afán de convertir esos acuerdos en acciones, sobre todo en temas como los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, la experiencia muestra que se trabajaba más los derechos reproductivos, ¿no es así? ¿Qué estrategias han empleado para enfatizar los derechos sexuales? ¿Se puede ejemplificar?

Todo en la vida no es advocacy. Por lo tanto, no creo que haya sido culpa de algo que al fin y al cabo no es más que una herramienta, el que se haya avanzado más en los derechos reproductivos que en los sexuales. No debemos olvidar que el campo de estos últimos es más incipiente, más nuevo, más provocador, incluso dentro de los debates al interior del mismo movimiento.

Creo que se avanzó más en los derechos reproductivos porque es más fácil, simplemente. En cambio, para avanzar en los derechos sexuales, antes que nada deberíamos desligarlos del tema de la salud y trasladar los debates a las formas de organización social, a la libertad, la ciudadanía, la democracia. Y al placer, por supuesto.

Vienen trabajando la Campaña por una Convención de los Derechos Sexuales y Reproductivos. ¿En qué fase de la misma se encuentran? ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿podrías explicar cómo has diseñado la Campaña por la Convención, cuáles son las herramientas y habilidades/ capacidades imprescindibles? ¿cuáles son los ejes estratégicos de la misma?

La campaña por la convención es un ejemplo perfecto para ilustrar cómo no todo es advocacy.

Está diseñada en diferentes etapas y sus materiales de comunicación responden y responderán a cada una de ellas. La primera (recién finalizada y nunca terminada) la destinamos a dialogar con el movimiento feminista regional, es decir, a plantear la idea y a discutirla, a convencernos mutuamente de utilidad o inutilidad, a plantearla en cada país, en cada seminario, en cada encuentro feminista, y ojalá a cada mujer. El resultado de esta etapa es mucha gente participando de la idea, es un núcleo coordinador integrado por feministas de distintos grupos y redes que se reúne cada noviembre, son las distintas coordinaciones formadas a nivel nacional, y es un documento que llamamos "Manifiesto, 1er. borrador" que otra vez devolvemos al movimiento para seguir discutiendo y avanzando sobre él hasta hacer el 2do. y el 3er.borrador y todos los que sean necesarios.

Para esta etapa diseñamos varias camisetas con distintas frases (desde "Podemos decidir el destino de nuestras naciones, ¿no vamos a decidir el de nuestros cuerpos?" hasta "Cuerpos libres, estados laicos" pasando por "Cuestión de gustos" y varias más) explicamos en un tríptico y en un CD ROM el por qué vale la pena luchar por una convención interamericana sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, hicimos un concurso de afiches, empezamos a publicar Serias para el Debate, colgamos una página web con infinidad de documentos, prensa, debates, instrumentos internacionales, leyes, jurisprudencia, etc., etc.

Estamos entrando en la segunda etapa, pese a que la primera continuará subyaciendo a las otras: esta conquista se va a dar con el esfuerzo de al menos gran parte del movimiento feminista.

Entonces, estamos ampliando el campo de las alianzas, no se trata solo de las feministas, se trata de incorporar otros grupos y redes al trabajo conjunto y al logro de una propuesta de convención. Se trata de ampliar el público y seguir sumando adhesiones de los movimientos más afines (como los LGTB, los de derechos humanos, los jóvenes, etc.) y se tratará, un poco más adelante, de empezar a coordinarse también con los movimientos de Canadá y Estados Unidos. En esta etapa, tendremos que producir otro tipo de materiales pero tan importante como eso serán los seminarios y foros electrónicos en los que discutiremos "temas difíciles" como prostitución, bioética, placer, legalización del aborto, etc.

Y claro, finalmente, vendrá el momento en que tendremos que dirigirnos al gran público de cada país y hacer campañas ya no solo de difusión sino publicitarias. Y vendrá entonces el tiempo de hacer advocacy hasta lograr que la convención sea aprobada. Habrá que discutir y convencer políticos/as, ministros, gobiernos, etc. para que voten el texto. Pero habremos llegado a ese momento después de que el "Eso no se dice, no se hace, eso no se toca" haya pasado a la historia.

Cómo evalúas el papel de la ONU, especialmente en asuntos de la sexualidad y los derechos sexuales?

Hasta ahora el papel de las Naciones Unidas se limitó a darle entrada a los temas de la sexualidad desde la perspectiva de la salud, fundamentalmente. Sin embargo, creo que esa es una brecha que podríamos utilizar y que, de hecho, está siendo usada por gran parte del movimiento LGTB alrededor del VIH. Lo fundamental será saber cómo coordinar las distintas estrategias, más allá del advocacy.